Video resumen: desafíos en inteligencia artificial, justicia y ODR

Sofía Martin, Fernanda Robles, Manuel Trujillo

La inteligencia artificial, no siempre entendida a cabalidad por los abogados, sigue no obstante marcando pauta en el mundo jurídico. Esta vez la cita fue en la Universidad Católica de Chile, en el encuentro “Desafíos de la Inteligencia Artificial y Tecnologías en la Litigación”, que se llevó a cabo el 28 de agosto en la Facultad de Derecho.

Uno de los objetivos del seminario fue realizar un análisis globalizado de la implementación de nuevas tecnologías de la información en los sistemas de justicia de todo el mundo y exponer el modelo piloto del nuevo sistema Online Dispute Resolution APEC – CAM Santiago (Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio), que se lanzará oficialmente en noviembre de este año.

Gonzalo Ruz, ingeniero civil, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ph.D. en machine learning de la Universidad de Cardiff, entregó consideraciones técnicas, que combinó explicaciones con ejemplos.

Para los análisis que requiere la inteligencia artificial, Ruz comentó que uno de los desafíos es cómo obtener la data que ya está etiquetada, que «muchas veces debe hacerse por un humano», agregando que hay lugares donde la mano de obra es más barata y existen equipos de trabajo similares a call centers gigantes, llenos de personas cuya labor es etiquetar imágenes.

También dijo que el aprendizaje automático ya se está utilizando en faenas mineras, como exploración, donde se usa geodata; y en agricultura, para poder identificar efectos del cambio climático y con eso tomar decisiones como adelantar o atrasar la cosecha. «En containers simulamos olas de calor y sequías, y así podemos extraer la data que permita adelantarse», añadió.

Estuvo también Daniel Lam, CEO de e-Bram Centre, de Hong-Kong; y Pedro García, Juez Civil de Santiago, magister en Derecho de la Universidad de Jaen, España.

Desde Asia a Latinoamérica

¿Cuál es la diferencia para implementar la inteligencia artificial entre Asia y Latinoamérica? ¿Qué falta para que la región logre llegar al mismo nivel de China?

Al respecto, Daniel Lam, especialista en industria inmobiliaria y construcción, CEO de e-Bram Centre, dijo: «Creo que la diferencia está en la cantidad de población que habita en cada región. En Asia hay ciudades que tienen una población muy grandes y los gobiernos optan por utilizar justicia electrónica para ofrecer servicios más eficientes, no tienen opción. En China, por ejemplo, ha habido un gran cambio en los últimos 20 años, ahora todos utilizan teléfonos móviles como medio de pago».

Lam agregó que la etapa de implementación que enfrentará Latinoamérica ante a la incorporación de tecnologías al sistema judicial tomará tiempo. «Sin competencia no ay progreso», dijo, y para graficar lo extendidos que están los medios de pago electrónicos, contó que en un viaje por carretera, al costado del camino había una señora de sus años, que vendía fruta en un carrito… y que sólo aceptaba que le pagaran con celular».

Asimismo, abordó las diferencias entre el Common Law y el Civil Law, explicando también las ventajas y desventajas de los sistemas adversariales versus los inquisitivos.

Online Dispute Resolution

El uso de tecnologías en la justicia y litigación, las garantías del debido proceso y los mecanismos Online Dispute Resolution fueron los principales temas abordados en el segundo bloque del seminario, oportunidad que también fue aprovechada para exponer el sistema “ODR” aplicable en Chile, que como se mencionó anteriormente será lanzado en noviembre de 2019.

Macarena Letelier, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, profesora de Derecho UC, contó que tras 3 años, el CAm ya está intercomnectado con el Poder Judicial. «Chile firmó el Convenio de Singapur y ni siquiera tiene una norma», sostuvo, y añadió: «Somos el único de país que integra la APEC que no cuenta con una ley de mediación. Se nos conoce como un país de avanzada en Latinoamérica, pero también por la dificultad para modificar las leyes; Colombia ya tiene 2 reformas procesales civiles, ley de mediación…».

«A pesar de esto —dijo—, vamos bastante bien, la implementación de Online Dispute Resolution permitirá a las personas participar de procesos en menor tiempo».

Los beneficios son múltiples: precio más bajo, trazabilidad y aplicación del principio de realidad.

Por su parte, la consejera del CAM Santiago y profesora de Derecho en la Universidad de Chile, Elina Mereminskaya, quien integró el segundo bloque del seminario, hizo un análisis pormenorizado del proyecto de Reglamento que hace aplicable los ODR en Chile.

También se refirió al aporte de trabajar con plataformas online: «CAM Santiago tiene bastante experiencia trabajando con plataformas online para poder aportar. Lo que yo planteo es ir más allá de las plataformas, más allá de lo que se llama ODR de primera generación e incluir artificial inteligence y machine learning».

Ricardo Vásquez, árbitro CIADI y socio de Vásquez Urra Abogados, afirmó que la aproximación a la tecnología «tiene que ser eminentemente práctica» y explicó casos de jurisprudencia relativos a aplicación de inteligencia artificial y sesgos.

Tecnologías y ejercicio profesional

¿Cuáles son los desafíos de la inteligencia artificial y su uso en el ejercicio profesional? Esa fue una de las preguntas que Matías Aránguiz, profesor de la Universidad Católica y Coordinador Fintech del Programa Derecho, Ciencia y Tecnología respondió. También entregó su análisis Pedro Pablo Vergara, socio de Rodríguez & Vergara y actual consejero del Colegio de Abogados de Chile, y James Ding, abogado jefe de la unidad de resolución de conflictos del Ministerio de Justicia de Hong Kong.

Ante los desafíos que conllevan la incorporación de tecnologías al sistema de justicia, el académico Matías Aránguiz, candidato a doctor por la Universidad de Shanghai Jiao Tong University, quien acaba de volver a Chile tras 6 años de estudios en China, señaló que «la gran utilidad de la inteligencia artificial es que se puede aplicar en diferentes medidas, en diferentes áreas y a distintos actores de la justicia, como herramienta de ayuda: los jueces la pueden usar, los litigantes y las partes no abogadas». «La experiencia comparada además nos puede enseñar hacia dónde deberíamos ir para mejorar las cosas en Chile y también en Latinoamérica», añadió.