Sistema penitenciario uruguayo podría depender del Ministerio de Educación

Fernanda Robles

Los primeros días de julio, el Gobierno de Uruguay presentó un proyecto al Parlamento, que busca traspasar la dependencia de las cárceles al ministerio de Educación y Cultura (MEC) en 2021, con el objetivo de poner énfasis en la intervención y reinserción psicosocial de las personas privadas de libertad, evitando que estas vuelvan a reincidir en delitos.

Actualmente el organismo que rige el sistema penitenciario de Uruguay está a cargo del Instituto Nacional de Rehabilitación, que a su vez depende del Ministerio del Interior.

Sin embargo esta idea no es nueva. Durante 2012, Eleuterio Fernández Huidobro quien entonces desempeñaba como ministro de Defensa Nacional, planteó que para cumplir su rol rehabilitador, las cárceles debían depender de Educación. Cuatro años después la iniciativa fue presentada al Parlamento; sin embargo, hasta hace poco tiempo, el proyecto no había sido discutido por el Parlamento y permanecía estancado.

En caso de que el proyecto aprobado, el Gobierno creará el Consejo de Familiares de Personas Privadas de Libertad que busca apoyar el trabajo de rehabilitación y así, incidir en su bienestar. Sería el Consejo de Personas Privadas de Libertad el organismo encargado de canalizar y recibir propuestas e inquietudes de convivencia por parte de los internos.

Las dudas

Una de las principales inquietudes que ha generado este proyecto ha sido la falta de discusión e incorporación de especialistas y organizaciones de derechos humanos al respecto.

Expertos afirman que las normativas y herramientas necesarias para desarrollar de este proyecto no están claras. “Si vemos el proyecto de ley, nos damos cuenta de que no se va a formar personal civil dependiente directamente del Ministerio de Educación, a pesar de que se busque que de éste dependa el sistema carcelario”, advierte Pablo Ghirardo, abogado uruguayo. Tampoco se tendría claridad de cómo se va a instrumentar este cambio. Y agrega: “Tememos que se haga un traspaso de personal, pero que eso no signifique personal técnico y especializado, que busque verdaderamente la reinserción social de las personas, durante su tiempo de reclusión”.

Pablo Algorta, abogado uruguayo que ha seguido de cerca este tema, señala que a pesar de que exista voluntad política para generar un cambio, las expectativas de este proyecto no son muy altas. “El MEC está muy lejos de poder hacerse cargo del tema a corto plazo”, dice.

Por otro lado, según especialistas, el actuar del gobierno ante el sistema carcelario ha sido contradictorio este último tiempo. Durante 2017, mediante una alianza público-privada se invirtieron alrededor de 120 millones de dólares, en la construcción de una mega cárcel que tendría capacidad para 1.960 personas privadas de libertad. Al respecto, Algorta señala:”la construcción de la mega cárcel se ajusta más al paradigma actual que pretende desarrollar el gobierno al que plantea ahora con un Ministerio de Educación haciéndose cargo de las cárceles”.

Sistema penitenciario de Uruguay

El sistema carcelario uruguayo ha sido cuestionado por distintos organismos nacionales e internacionales que evidencian una reiterada e ininterrumpida violación a los derechos de las personas recluidas.

Un informe realizado por Manfred Nowak tras visitar Uruguay y asumir el rol de relator especial de la ONU durante 2009, dio cuenta de esta situación al describir las condiciones en las que se encontraban las cárceles que visitó. Según señala el informe, las celdas se encontraban abarrotadas, carecían de lugares para dormir y servicios de saneamiento apropiados. Es más, en una celda con espacio diseñado para 3 personas se encontraron 11.

Al parecer, las condiciones no han mejorado en estos años. Evidencia de esto, fue la protesta que protagonizaron reclusos hace dos meses atrás. Mediante un motín, en el que retuvieron a tres policías, protestaron y reclamaron por las malas condiciones de encierro en las que se encontraban.

Si bien las cárceles presentan diferentes realidades, a partir del seguimiento del sistema carcelario 2017, es posible determinar la existencia de una serie de problemas generales en el sistema penitenciario, estos son el colapso, la sobrepoblación y la falta de políticas que permitan la inserción social de los reclusos.

Ante esta situación, el comisionado señaló: “Está claro que el origen de la violencia es la falta de actividades socioeducativas. La violencia se concentra claramente en los lugares donde no hay programas”.

Olga Espinoza, I. Asuntos Públicos

Olga Espinoza, I. Asuntos Públicos

Olga Espinoza, especialista en derechos humanos y reforma de los sistemas penitenciarios del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile, señala que si bien Uruguay tenía una institucionalidad deficiente para abordar estos temas, ha avanzado bastante en los últimos 10 años. “Gracias a una reforma al sistema se ha logrado avanzar en la creación de una institucionalidad adecuada que permitió dar una cobertura nacional y preocuparse también de temas asociados a la reinserción social”, dice

Según el informe anual de la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario 2017, sólo un 25% de los presos tiene oportunidades de rehabilitación, mientras que un 45% tiene insuficientes posibilidades, y un 30% está en condiciones de “trato cruel, inhumano o degradante”.

La integración social de reclusos es un tema complejo de abordar para los sistemas penitenciarios. Olga Espinoza, afirma que la reinserción de las personas se logra través de una conexión efectiva con aquellos bienes y servicios que le corresponden a todos los ciudadanos.“Lo más importante es considerar que las personas privadas de libertad son efectivamente ciudadanos, que si bien se encuentran pagando condena por esos hechos, deben ser actores activos y participantes en la comunidad”, dice.

La efectividad de programas educativos aplicados al sistema penitenciario que busquen la reinserción social depende de cada realidad penitenciaria. ”Hay muchas instituciones y ONG preocupadas de integración y nivelación de los internos que si hacen la diferencia para muchas vidas al interior y permiten resignificar el día a día de muchos internos que asisten a estos programas”, señala Andrea Concha, socióloga.

Opinión desde la política

Álvaro Garcé, abogado, político y candidato a la Intendencia de Montevideo plantea que es un consenso que hay que sacar las cárceles del ministerio de interior, no así la fecha en que debería materializarse este proyecto y quien debiera asumir su dependencia.”Dada la crisis actual del sistema carcelario, no es el momento oportuno ni estamos en las mejores circunstancias de llevarlo al ministerio de educación, entre otras cosas, porque el MEC tiene una competencia amplísima y su gestión de la educación pública enfrenta dificultades”, señala. Y agrega:”la fecha que propuso el gobierno para el traspaso es demasiado próxima. No se ha avanzado absolutamente nada en la creación de un cuerpo penitenciario y tratamientos básicos imprescindibles para una gestión dentro de ese ministerio”.

Realidad comparada: Brasil y Chile

Según cifras del Institute for Criminal Policy Research 2017 Brasil concentra la mayor cantidad de población carcelaria de la región y el cuarto más grande del mundo con un total de 855 centros de detención y 682. 901prisioneros, entre hombres y mujeres. Este se caracteriza por tener graves problemas de infraestructura, sobrepoblación, violencia —asociada a motines— y carencias en el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

A nivel de opinión pública, el sistema penitenciario de Brasil ha sido criticado desde el gobierno y organismos internacionales que manifiestan la urgencia por mejorar las deficiencias del régimen actual que evidencia una falta importante de recursos por lo que desde el año pasado se está evaluando reformar el sistema.

Por su parte, Chile ocupa el cuarto lugar según la tasa de encarcelamiento de Sudamérica. Según cifras de Gendarmería el total de personas privadas de libertad es de 140.595 personas.

Para mejorar el sistema penitenciario en Chile, se están discutiendo una serie de propuestas que implican una reforma al sistema de penas, modernización del organismo a cargo del régimen carcelario e infraestructura. También mejorar los distintos programas educativos que buscan la reinserción de los presos una vez que cumplieron con sus condenas. Según el Centro de políticas públicas UC, el 50,5% de la población que egresa de la cárcel reingresa por un nuevo delito dentro de un período de 3 años.

 
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