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Internacional

España: los abogados también se encomiendan a los santos

En un encuentro en Barcelona y ante reputados profesionales del área, autoridades y profesionales de la Administración de Justicia repasaron las demandas de la abogacía en momentos que se inicia una nueva legislatura. Las diferencias son notorias, pero los abogados saben muy bien disimularlas.

4 Febrero, 2020 Comparte en:
Raimundo de PeñafortIlustre Colegio de Abogados de Barcelona
Claudio Soto Coronado
Desde Barcelona, España
csoto@idealex.press

No era una fecha cualquiera. La celebración de la festividad de San Raimundo de Peñafort en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona no pasó desapercibida. Era, en lo oficial, la primera vez que el recién designado Ministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, compartía con la Consellera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella i Farré.

Ambos —como muy buenos abogados— y en un ambiente plagado de juristas y los más reputados profesionales del área de la provincia, abordaron cada uno a su manera, lo que creían eran los ejes que deben guiar el desarrollo de la abogacía en los próximos años en España. Por cierto, las diferencias fueron notorias.

El primero, puso el acento en el proyecto de una nueva Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, y una completa Reforma al Sistema de Asistencia Jurídica Gratuita; mientras la segunda, no dejó escapar la oportunidad para recordar el impacto del llamado procés en la provincia. “Cuando el Derecho no interactúa con el principio democrático, sino que se confronta las leyes, no reflejan el sentido mayoritario de la sociedad a quienes van dirigidas y pierden inevitablemente legitimidad”, llamando a “escuchar, dialogar y hablar”.

El fondo

El asunto no es baladí para la política catalana. Según la Consellera, el Govern gestiona recursos humanos, tecnológicos, logísticos y materiales de la Administración de Justicia desde 1996, por más de € 600 millones, lo que implica además asumir el pago de 7.500 trabajadores de los juzgados y el coste de los más de 100 edificios judiciales, y al que sólo la administración central aporta con el 50%.

“Hay que afrontar una reforma del Consejo General del Poder Judicial, de la demarcación y planta judiciales, del Ministerio Fiscal (Fiscalía General) y su papel en el procedimiento penal y la necesaria desaparición de la Audiencia Nacional”, agregó Capella i Farré, ante sus colegas.

La agenda ministerial

Sin embargo, el ministro, tras escuchar atentamente a la Consellera, señaló en tono conciliador que la abogacía “siempre ha estado del lado correcto de la historia” y, en plena dictadura —dijo— “supo dar un paso adelante para ayudar a impulsar la democracia”.

“Tenemos una oportunidad histórica de perfeccionar nuestro marco de garantías legales”, llamado a los profesionales a colaborar con su departamento para impulsar el anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa y una reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita, “que reconozca el valor del turno de oficio y haga realidad el acceso universal a la Justicia”, exponiendo las claves del nuevo gobierno para el área.

El ministro también señaló que su cartera colaborará en el desarrollo del Estatuto General de la Abogacía Española y en la mejora del sistema de acceso a la profesión, entre otras reformas que posibiliten la desconexión digital y la conciliación de la vida laboral y personal, como reclaman los letrados.

Reforma pendiente

En tanto, la decana del Colegio, María Eugenia Gay, fustigó a ambas autoridades para “llevar a cabo una reforma valiente y profunda de la Administración de Justicia que cuente con todos los operadores jurídicos implicados, que vaya así acompañada de los presupuestos necesarios para suplir tanto las carencias materiales como humanas existentes”, que involucra más jueces, fiscales, y funcionarios para equipararla al resto de Europa.

“Necesitamos —dijo la decana— un pacto de Estado por la justicia y una reforma que adapte la planta judicial a la nueva realidad del siglo XXI teniendo en cuenta que se trata de un servicio público que debe responder a los principios de especialización y de proximidad a la ciudadanía”. Justicia, política y santos en estado puro.

San Raimundo de Peñafort

El clérigo de Barcelona, miembro de la orden religiosa de los dominicos, Raimundo de Peñafort es el santo patrón de los juristas, del Derecho canónico, de los abogados y de los Colegios de Abogados.

Su obra más destacada es la compilación de las Decretales de Gregorio IX (Corpus Iuris Canonici), promulgadas por este Papa en 1234. Como tal y junto a los libros posteriores, fue el cuerpo de derecho canónico en uso en la Iglesia Católica hasta la aprobación del Código de Derecho Canónico de 1917.

 
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