Cristina Dexeus: “Hace falta respeto de los actores políticos al sistema de justicia”

Cristina Deseux

Claudio Soto Coronado
Desde Barcelona, España
csoto@idealex.press

Cristina Dexeus, fiscal —egresada de la Universidad Complutense de Madrid, con más de 30 años de ejercicio profesional en Barcelona y reelecta recientemente en su cargo—, pide de una vez que los profesionales a los que representa asuman la investigación y tramitación de las causas penales, el blindaje a la figura del Fiscal General del Estado para evitar suspicacias políticas, el respeto a las instituciones judiciales y a entender la separación efectiva de poderes.

Sobre el conflicto en Cataluña —que el Gobierno llamó a desjudicializar—, en tanto, señaló con claridad: “No pueden utilizarnos a nosotros como arma ni tampoco como solución”. Aquí, lo que piensa como mujer de Derecho e impulsa la asociación que preside, en momentos que se inicia un nuevo mandato presidencial.

—¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la abogacía en España y en especial la Fiscalía General del Estado?
«Lo primero que habría que hacer es un “pacto nacional” por la justicia, sentándose todos los partidos con representación parlamentaria para llegar a un gran consenso sobre la justicia del siglo XXI. La planta judicial, el asentamiento de los juzgados, las competencias de los juzgados de instrucción y de primera instancia en los partidos judiciales pequeños, la revisión del sistema de asentamiento de los juzgados y un gran pacto para entregar la investigación al fiscal. Creo que es el gran paso: que el fiscal asuma la investigación de los pleitos de las causas penales y eso requeriría un gran pacto de Estado».

— En América Latina, por ejemplo, en Chile, ese paso se dio en materia criminal ¿La vía es una reforma a la Constitución?
«En cuanto a la consecución de la investigación en manos del Ministerio Fiscal, simplemente bastaría con voluntad política, para aprobar una nueva Ley de Procedimiento Penal que estableciera que el sistema de investigación esté radicado en el Ministerio Público. De hecho, hay dos borradores elaborados, buenos y completos. Uno, es un anteproyecto de 2011 elaborado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; y otro de 2013, elaborado en el Gobierno de Mariano Rajoy.

Además de eso hay que blindar la figura del Fiscal General del Estado; y eso, si no queremos modificar la Constitución que determina que es el Gobierno que propone al Fiscal General del Estado, y que lo nombra el Rey, pues requeriría una Reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para evitar la politización de su figura y, por ende, evitar la posibilidad de que el poder del gobierno pueda entrar dentro de la Fiscalía.

Eso podría conseguirse con diversas fórmulas. Por ejemplo, ahora mismo el mandato del Fiscal General del Estado coincide con el mandato del Gobierno que lo nombra. Desde la Asociación de Fiscales siempre hemos propuesto que eso desaparezca. Es decir, que no coincidan el mandato del Gobierno con el del Fiscal General del Estado. Si un Gobierno tiene un mandato previsto de 4 años, el del Fiscal puede ser de 5 años, de forma que esa suspicacia que puede generarse en la ciudadanía de que el Fiscal General del Estado pueda ser nombrado por el gobierno, ya podría empezar a desvanecerse.

Por otro lado, también existe una causa en nuestro estatuto orgánico, que es el ‘cese’, cuando cesa el Gobierno. De ahí que, si el gobierno termina antes de acabar su mandato, el mandato del fiscal también lo hace con ese Gobierno. Y ello, en cierto modo genera la suspicacia de dependencia. Esa causa de cese debería desaparecer del estatuto orgánico».

–¿Es en específico el problema del Dolores Delgado, ex ministra de Justicia y actualmente propuesta como Fiscal General?
«Ese es el problema en general que hay con cualquier nombramiento. Pero, en especial en este caso, hay más problemas. Porque no sólo concurren todas esas circunstancias. En esta ocasión el problema es que Dolores Delgado viene directamente del mundo de la política. Ha estado en un Gobierno como ministra de Justicia, que es el mismo que al día siguiente la nombra o la propone para ejercer el cargo máximo en la carrera fiscal.
Además, ha sido diputada de un partido político y ha hecho campaña electoral por ese partido político. Por tanto, su vertiente política es tremenda, con lo cual la sospecha de que ha sido designada para llevar a cabo políticas del Gobierno o incluso partidistas existe y es que es muy vehemente. Otra cosa es que luego ella se comporte de manera tal que demuestre que no ha venido a aplicar política en la Fiscalía».

— Una herida abierta es el juicio al procés en Cataluña. El gobierno —ha señalado— querer en este Gobierno abrir el conflicto al diálogo, sacándolo del ámbito judicial. Usted es una mujer de Derecho ¿Qué opinión le merece esa postura?
«Cuando uno es un operador jurídico, un profesional del derecho, y su carrera profesional se basa en los principios de legalidad e imparcialidad y no en unos principios políticos o de oportunismo político, es muy difícil encajar esa expresión tan en boga en España que es “desjudicializar” los conflictos políticos. Todo es mucho más sencillo de lo que nos están haciendo ver. Si usted, político que sea, no delinque, no se va a judicializar nada. Usted no sobrepase las líneas rojas, aténgase a la ley y no habrá problema de judicialización. Una persona que comete un hecho delictivo me da igual a lo que se dedique, sea médico, autobusero, o sea político. La justicia tiene que ponerse en marcha porque si ante nosotros se comete un hecho que parece o reviste carácter de delito, y hay un autor conocido, no podemos mirar para otro lado. Somos gente de Derecho».

— ¿Está por fortalecer el sistema de administración de justicia más que escuchar a los que lo cuestionan?
«Para los políticos es lo normal. Ellos sabrán lo que deben hacer en este momento y la vía a seguir para solventar la situación de conflicto de convivencia en Cataluña, pero no pueden utilizarnos a nosotros como arma ni tampoco como solución. Tienen que respetar a la administración de Justicia. Precisamente, la democracia consiste en el respeto a las instituciones y a la separación de poderes».

—¿Eso no se está haciendo en este caso?
«La sensación que da es que al menos aparentemente eso no se está haciendo. Desde el momento que desde el Poder Ejecutivo se están haciendo manifestaciones acerca de lo que debe de hacer o no debe de hacer el Poder Judicial, o de lo que debe de hacer o no la Fiscalía. Lo que pedimos desde mi asociación es respeto a la separación de poderes y respeto a la actuación de los fiscales de acuerdo con los principios de imparcialidad y legalidad».

­— ¿Qué le pareció el mandato de María José Segarra? ¿Qué se logró y qué quedó pendiente?
«Hay una cuestión y es que, siendo la Fiscalía General del Estado y formando parte del Poder Judicial, sin embargo, tiene una serie de dependencias materiales, de gestión y de reglamentación, del Ministerio de Justicia. Y eso no se ha atacado.

La separación desde el Ministerio de Justicia también la reclamamos desde la Asociación de Fiscales. Es cierto que el Ministerio de Justicia tiene el presupuesto para el pago de los sueldos de jueces y fiscales. Pero más allá de eso lo que reclamamos es nuestra autonomía presupuestaria. Es decir, que podamos gestionar nuestro presupuesto, que tengamos capacidad de autorregularnos, como tiene el Consejo General del Poder Judicial, y que no nos regule el ministerio de Justicia. Que tengamos capacidad de formarnos a nosotros mismos y no a través del Centro de Estudios Jurídicos dependiente del Ministerio de Justicia. Desde mi asociación queremos cortar cualquier nexo y ser muy firmes en esa postura y eso no se ha conseguido, y no se ha actuado en el mandato de la señora Segarra.

Fuera de eso si es cierto, que se ha mantenido un respeto hacia los fiscales del procés, de la valoración jurídica que ellos hacían en esa causa y que mantuvieron hasta el final, por tanto, ese es un dato positivo. Es verdad que ha consolidado el programa de igualdad dentro de la carrera, que ya se hizo en épocas anteriores, siendo fiscales del Estado Consuelo Madrigal y José Manuel Maza. En tanto, el documento de acoso en el ámbito de la Fiscalía que también partía de un borrador previo se ha profundizado, lo cual no está mal.

— ¿Definitivamente es partidaria de una Academia de Fiscales?
«Sí, dependiente de la Fiscalía General del Estado. Yo creo que al igual que el Consejo General del Poder Judicial, que tiene su escuela en Barcelona, que gestionan ellos, nosotros debemos tener nuestra escuela de fiscales, independiente del Ministerio de Justicia; no gestionada ni dirigida por esa cartera, sino por los propios fiscales, que somos los que sabemos lo que necesitamos para nuestra formación y la de la gente que sale de las últimas promociones».

—¿Se ha perdido de cierta manera el respeto al profesional letrado? Así lo ha señalado al menos el decano del Colegio de Abogados de Madrid
«Que vuelva el respeto al abogado es una necesidad imperiosa, pero también a cualquier otro profesional del mundo de la justicia como el juez o el fiscal. Creo que nada de las polémicas que se suscitan con las declaraciones y manifestaciones de los políticos pueden ayudar a que el mundo de la justicia sea respetado en forma adecuada. Hace falta un respeto de los actores políticos al sistema actual, al Poder Judicial, a la neutralidad de las instituciones, y a partir de ahí también la ciudadanía deberá mostrar ese respeto.

Pero, si los que dirigen los partidos o incluso el Gobierno, se dirige a la administración de justicia, jueces y fiscales, haciendo manifestaciones críticas respecto a su actuación, más allá de la sana crítica que tiene que haber en Democracia, y que es en ocasiones injustificadas o que no responden a la realidad, poco se puede pedir al resto de la ciudadanía».

— Un tema también complejo hoy para el mundo de la abogacía es el de la digitalización o el uso de las herramientas tecnológicas ¿cómo ve esto en España?
«El tema de la digitalización es un tema muy sangrante. El sistema de la autonomía ha servido en algunos aspectos para descentralizar la administración y acercarla al ciudadano, pero en otras cuestiones nos ha separado. Y eso es lo que ocurre con el sistema de digitalización de la justicia. Hay comunidades autónomas que tienen transferida la competencia de los medios materiales para la administración de justicia. Cataluña, por ejemplo, o el País Vasco o Canarias».

Ellos son los competentes en la aplicación de los sistemas para la informatización o la digitalización de la Justicia. Y hay otros territorios que siguen dependiendo del Ministerio de Justicia lo que genera problemas de implantación y de comunicación. Eso no se ha elevado de manera reflexiva lo que ha significado un desgaste para los compañeros de profesión».

— Si tuviera en frente al recién nombrado Ministro de Justicia, ¿cuáles son las urgencias más apremiantes a las que le llamaría para solucionar?
«Primero, la del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es una norma que se estableció para fijar una serie de plazos (6 meses) que debe durar la instrucción de una causa, con una serie de prórrogas. Esto está resultando un lastre para la investigación de las causas, porque los plazos son tan mínimos, por un lado; y por otro, que la determinación del plazo queda confiado al fiscal que no tiene la instrucción de la causa, por lo que todo resulta absurdo.

Eso conduce al final a que haya causas que se queden a medio instruir y no se investiguen bien, o que incluso no se puedan llevar a juicio. Eso es un problema sangrante que se ha reclamado. Es el primer punto para reclamarle al Ministro de Justicia, que se suprimiera.

Segundo, que el sistema de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial se hiciera de otra manera. Esto es, por los propios jueces de carrera y no por los políticos. Y tercero, que se implementen los medios materiales y humanos necesarios para hacer una justicia eficaz, rápida y que de satisfacción al ciudadano».