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Internacional

Colegio de Abogados acoge amparos contra Carabineros por negar información y contacto con detenidos

Los abogados chilenos Libertad Triviño, Solange De Vidts, Catalina Lagos y Miguel Schurmann presentaron las solicitudes que derivaron en el envío de un oficio a la autoridad, solicitando que no se impida el ejercicio profesional de asesoría legal respecto de personas que han sido detenidas en el contexto de las manifestaciones.

30 Octubre, 2019 Comparte en:
Equipo Idealex.press

En decisión unánime, el Colegio de Abogados de Chile determinó acoger la acción presentada por un grupo de abogados que están asesorando a personas que han sido arrestadas y a las que también, según han sostenido los profesionales, se les han vulnerado sus derechos.

El amparo profesional fue presentado por las abogadas Libertad Triviño, Solange de Vidts, Catalina Lagos y por Miguel Schurmann, quienes acusaron a Carabineros de negar información de detenidos en comisarías; todo ello en el contexto de protestas y manifestaciones masivas que se han llevado a cabo en Santiago, hace más de una semana.

Según indicó el diario La Tercera, los abogados que alegan obstrucción en el ejercicio de la profesión acudieron hasta la instancia gremial para que “les brinde la debida protección y amparo en razón de estimar que se ha atropellado el libre ejercicio de la profesión, oficiándose al general director de Carabineros de Chile a objeto de que no se impida u obstaculice el ejercicio profesional y se les permita el acceso al registro público de detenidos de las Comisarías de Carabineros de Chile”.

Luego de constatar los hechos denunciados por los abogados, el consejo general del Colegio de Abogados decidió pronunciarse, acoger el amparo preventivo y exigirle al general director de Carabineros, Mario Rozas, tomar medidas para que los profesionales en cuestión puedan acceder al registro público de detenidos.

Los abogados implicados relataron que en las respectivas solicitudes —ingresadas entre el 26 y 29 de octubre— se les negó acceder al Registro Público de Detenidos de una serie de comisarías, “esgrimiendo la autoridad oficial, en todos los casos, que no se encontraban acreditados en el listados de observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos y que dicha información debía ser solicitada a través de los mecanismos contemplados en la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública”, señala el oficio del gremio publicado por El Mercurio Legal.

La actuación de Carabineros, según señala un documento presentado por el gremio, constituiría una conducta arbitraria e ilegal que implica una grave afectación del ejercicio legítimo de los derechos constitucionales de las personas detenidas, además del derecho a defensa y asistencia jurídica que les asiste en su calidad de abogados habilitados para el ejercicio de la profesión.

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