Inteligencia artificial y abogacía en Perú

Las ciencias de la computación han servido para mejorar la eficiencia de gran parte de los procesos productivos del ser humano, asimilando diversos sectores como la minería, forestal, bancaria, entre otras. En Latinoamérica el uso de algoritmos e inteligencia artificial en el mercado jurídico es una tendencia creciente y casos como Fiscal Watson y PRISMA en Colombia, E-Proc y VICTOR en Brasil, o Prometea en Argentina son sólo algunos ejemplos.

Estas herramientas tecnológicas permiten la automatización de procesos o búsquedas inteligentes o están dedicadas a la semántica de datos —representación de un objeto o palabra real a través de un conjunto de datos—. Lo interesante es que sus utilidades son variadas, pero ¿en que ámbitos observamos una contribución para el Derecho?

La aplicabilidad de los algoritmos

En esta línea, el Centro de Estudios en Criminología (CRECRIM) y el Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional (CEDPC) de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), Lima – Perú,  se han propuesto investigar el uso de inteligencia artificial en la elaboración de predicciones judiciales en los procesos penales y proceso constitucionales, respectivamente.

El profesor de la USMP e integrante del CECRIM, Renzo Espinoza Bonifaz, señala que el propósito del proyecto es «conseguir la puesta en marcha de una inteligencia artificial que sea utilizada por los operadores de justicia en su labor cotidiana, que permita que realicen su trabajo de mejor forma y, sobre todo, de manera más rápida».

Renzo Espinoza Bonifaz

«Debemos tomar en cuenta que una de las mayores deficiencias en la administración de justicia es la excesiva demora en la resolución de casos, y ello se debe, entre otras causas, a la gran cantidad de casos judiciales por resolver. Por ello, poner a disposición un sistema de inteligencia artificial, podría ayudar de gran manera a resolver los casos de manera más célere«, agrega.

Los algoritmos son un conjunto ordenado de operaciones que deben seguirse para resolver un problema, es decir, son procedimientos paso a paso para conseguir un objetivo. Por ende, un programa informativo es conjunto de algoritmos ordenados, los cuales se encuentran codificados en un lenguaje de programación que ser asimilados por un ordenador.

Desde el ámbito jurídico, son «un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para identificar el patrón de resolución de casos de la misma naturaleza respecto de circunstancias relevantes como derecho invocado, norma aplicable o hechos. Esto nos brinda los fundamentos usados y precedentes invocados en aquellos casos donde se condenó o absolvió», explica Espinoza.

Por lo tanto, puede ser una herramienta tecnológica que recolecte resoluciones judiciales en un banco de conocimiento que informe sobre las posibilidades de que un caso penal sea estimado o no, así como advertir sus fortalezas y debilidades. Las diversas instituciones dedicadas a la justicia esto resultaría en una importante herramienta para mejorar la precisión de las sentencias judiciales y reducir el error humano, prosigue el académico.

No obstante, entre los riesgos asociados a la aplicación de algoritmos está la interpretación de los resultados de forma incorrecta, su ejecución inadecuada o ignorar supuestos subyacentes.

Marcos de regulación

Si bien, las posibilidades que nos entregan las ciencias de la computación en el ejercicio de la abogacía son amplias, es necesaria regulaciones locales para su correcto funcionamiento.  El propósito es asegurar el respecto irrestricto de los derechos fundamentales, sobre todo para evitar discriminación o prevenir sesgos ilegítimos entre los individuos.

La aplicación de algoritmos, debe garantizar altos estándares de transparencia, imparcialidad y equidad respecto a los métodos empleados para el procesamiento de datos.

Pese a la necesidad de su regulación, el debate en el Perú sobre el uso de estás tecnologías se encuentra en un estado embrionario, sin embargo, desde el 2021 el Poder Judicial se encuentra implementando el proyecto piloto Tucuy Ricuy —el que todo lo ve, el que todo lo sabe en idioma quechua—.

La iniciativa es un software de inteligencia artificial que servirá de apoyo a los jueces para dictar medidas de protección de manera inmediata en caso de violencia contra las mujeres, en el marco de la ley n°30364 que busca «prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar».

En específico, el programa informático busca focalizar los casos de violencia de riesgo tramitados desde las comisarías y generar, tras una respectiva evaluación, la respuesta correspondiente y rápida al magistrado. Paralelamente, esta información elaborará estadísticas sobre las denuncias referidas a casos de violencia a fin de perfeccionar las determinaciones de la política judicial.

«Creemos que con más experiencias como estas, surgirá mayor debate sobre el uso de la inteligencia artificial en el sistema judicial peruano, pues surgirán inconvenientes en su aplicación que demandaran soluciones para un empleo correcto del mismo», comenta el investigador del CECRIM.

Por su parte,  la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) declara que el uso de algoritmos puede contribuir la eficiencia y la calidad del obrar de los tribunales, pero cualquier software destinado a estos fines debe respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de datos personales.

Puntalmente, el CEPEJ hace un énfasis en que el uso de la inteligencia artificial debe estar comprometida a los principios de calidad y seguridad, transparencia y el control de usuario.

Líneas de investigación por fomentar

A largo plazo, el objetivo del equipo de investigación de la Facultad de Derecho de la USMP es poner en marcha una inteligencia artificial que sea utilizada por los operadores de justicia en su labor cotidiana sirviéndose de las facilidades que entrega, lo cual genera menos carga laboral al momento de realizar sus labores. No obstante, el criterio y uso de la aplicación de estas herramientas necesitan de un debate más profundo y procesos formativos adecuados.

Tanto abogados, fiscales y jueces especializados en el ámbito penal, pueden verse beneficiados con herramientas tecnológicas que les permita hacer su trabajo de forma más eficiente y rápida. En este sentido, el profesor Renzo Espinoza asevera que «el empleo de las nuevas de tecnología de la información constituyen capacidades que todo abogado debe tener para realizar su ejercicio profesional de mejor manera«.

Tercer Congreso Internacional y Multicampus de Investigación Jurídica

Desde el Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres  y la Red Interdisciplinaria Iberoamericana de Investigadores e Investigadoras se encuentran organizando el «Tercer Congreso Internacional y Multicampus de Investigación Jurídica«, el cual busca articular un espacio para de apropiación social del conocimiento desde las distintas ramas del derecho.

Actualmente, el congreso se encuentra recibiendo propuestas de docentes universitarios, abogados, egresados y alumnos de las universidades adscritas a la Red que, tras un proceso de selección, podrán ser expuestas en algunas de las mesas temáticas identificadas con las líneas de investigación de la universidad. Una nueva oportunidad para fomentar el vínculo entre el Derecho y las herramientas tecnológicas.

El evento se realizará de manera virtual del 21 al 25 de noviembre y las propuestas de ponencias pueden ser enviadas hasta el 31 de julio. Para más información, puedes contactarte a investiga_derecho@usmp.pe.

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