Política nacional de Inteligencia Artificial

Nathalie Walker

En la página web del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile se puede consultar el borrador del documento que contiene la llamada “Política Nacional de Inteligencia Artificial”. De acuerdo a lo ahí indicado, dicha política contendrá “los lineamientos estratégicos que debe seguir el país en esta materia durante los próximos 10 años, con el objetivo —general— de empoderar a las personas en el uso y desarrollo de herramientas de IA, y participar en el debate sobre sus consecuencias legales, éticas, sociales y económicas”.

Esta iniciativa se sitúa a la par de otras que transitan por la misma senda: la de anticiparse a los efectos del galopante desarrollo y utilización de la inteligencia artificial en el mundo. En tal sentido, encontramos, por ejemplo, el documento que contiene la “Estrategia española de I+D+I en inteligencia artificial«.

La propuesta chilena —cuyo desarrollo corresponde al citado ministerio— se encuentra en la fase de borrador, debido a que actualmente —y hasta el día 27 de enero de 2021—, está siendo sometida a consulta ciudadana, como paso previo a su publicación como documento oficial —lo que se proyecta que ocurra en el primer semestre del año en curso—.

Dicha consulta persigue recopilar comentarios y sugerencias tanto de investigadores y desarrolladores de inteligencia artificial, como de la ciudadanía expuesta cotidianamente a esta tecnología. Así, si usted quiere participar, expresando las opiniones que le merece el borrador, puede hacerlo en el siguiente formulario.

La política sobre IA contenida en el mencionado borrador está estructurada en tres ejes. El primero de ellos, denominado “factores habilitantes”, está referido a los elementos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial —datos, capital humano y la infraestructura tecnológica—; el segundo eje está conformado por el desarrollo de la IA y sus aplicaciones; mientras que el tercero está referido a la ética, aspectos regulatorios e impactos sociales y económicos.

Los objetivos trazados y los aspectos generales de la política sobre IA son destacables, porque dan cuenta de la preocupación gubernamental por un tema que, como he mencionado en otros lados, ya no corresponde a un futuro lejano sino a un presente inmediato. En tal sentido, la iniciativa de trazar una hoja de ruta para el desarrollo y la adopción responsable de la IA en el país se presenta, en sí misma, como un avance importante, en la medida en que sitúa el tema en un lugar relevante de la agenda pública y lo hace, además, con un afán inclusivo.

El documento presentado a discusión carece de plazos concretos y realistas para el alcance de los objetivos planteados. Así, la ausencia de una carta Gantt para el desarrollo de la propuesta se hace notoria en la página 17 del borrador, en donde se expresa que la política sobre IA “tiene un horizonte temporal de diez años, es decir, se apunta a cumplir sus objetivos hacia el año 2030”. Aparte de esa alusión genérica, el alcance de cada objetivo particular no se asocia a fechas específicas de avance y control de cumplimiento.

Otra de las grandes deficiencias a corregir de la propuesta es que, en ninguna parte, compromete presupuesto alguno para el cumplimiento de los ambiciosos objetivos trazados. En efecto, en varios de ellos, el documento se propone alcanzar los promedios de la OCDE, pero para eso es evidente que hay que contar con recursos —y no pocos—. Así, sin recursos concretos comprometidos —y no sólo de capital humano—, el avance real en materia de IA será exiguo y la política sobre IA se quedará en una mera declaración de intenciones acerca de lo que sería deseable hacer en este ámbito y nada más. Parafraseando el dicho popular, “con plata baila el algoritmo”.

Finalmente, es también esperable que se produzca una ampliación de las fechas para la consulta ciudadana y la publicación de la propuesta. Con plazos tan acotados y en fechas tan malas para conducir la discusión en un área tan crítica para el desarrollo del país —obviando la falta de una mayor publicidad para la propuesta en redes y medios de comunicación—, no veo cómo las propuestas de mejora llegarán en tiempo y forma para enriquecer la discusión.

En síntesis, el estado actual de la propuesta, sin fechas concretas de alcance de los objetivos trazados y sin recursos comprometidos, se traduce en un buen diagnóstico y un levantamiento de puntos críticos, pero no en una verdadera estrategia que permita alcanzar el objetivo general que el mismo borrador explicita.

* Nathalie Walker Silva es abogada, doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesora de Derecho Civil en la Universidad Andrés Bello. 

También te puede interesar:
— Inteligencia artificial y propiedad intelectual ¿hacia dónde ir?