Informe de la CIDH sobre violencia contra personas LGBTI en América

Portada informe de la CIDH sobre violencia contra personas LGBTI en América

Cristina Bastidas

El documento que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se enfoca de manera particular en actos de violencia física contra las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas o no normativas, o cuyos cuerpos varían del estándar corporal femenino y masculino, que se registran contra personas LGBTI en América.

Actos de violencia que, según el informe, se evidencian en la falta de medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar, de acuerdo con el estándar de debida diligencia en donde se suelen demostrar altos niveles de ensañamiento y crueldad.

Varios casos documentados por la CIDH, por ejemplo, demuestran rasgos de tortura, mutilación de genitales y marcas con símbolos que denotan altos niveles de prejuicio.

Sanciones contra personas LGTBI

En relación con la legislación que criminaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, la CIDH observa que 11 Estados miembros de la OEA de la región del Caribe Anglófono tienen vigentes leyes que criminalizan las relaciones sexuales –y otros actos consensuales entre adultos del mismo sexo– y un solo Estado continúa criminalizando el uso de prendas tradicionalmente asociadas a otro género.

Si bien no es común que se inicien procesos penales en aplicación de estas disposiciones legales, la Comisión señaló que este tipo de legislación refuerza un ambiente que condona la discriminación, estigmatización y permite justificar las detenciones arbitrarias, el abuso policial, la extorsión y tortura.

Como resultado de este de disposiciones legales, las personas LGBTI son criminalizadas dentro del sistema de justicia penal y sufren mayor discriminación y violencia.

Marco legal

El informe también describe las múltiples formas de violencia letal y no letal contra las personas LGBTI, incluyendo violaciones al derecho a la vida mediante la realización de ejecuciones extrajudiciales cometidas por actores estatales o con consentimiento de éstos y asesinatos cometidos por actores no estatales.

Para eliminar cualquier tipo de violencia dirigido a personas LGTBI, la recomendación de la CIDH es crear un marco legal que promueva los medios comunitarios –ya sea de naturaleza financiera o regulatoria– y proporcione información sobre las medidas disciplinarias respecto del discurso de odio o la incitación a la violencia por parte de funcionarios públicos.

Respecto a discriminaciones que provienen del mismo aparato estatal, el informe plantea que durante la realización de investigaciones penales las personas LGBTI frecuentemente se enfrentan con obstáculos y barreras para acceder a la justicia, esto incluye: el maltrato proveniente de oficiales de la policía cuando intentan denunciar crímenes, el miedo a represalias o a una mayor victimización –que afecta también a sus familiares y testigos–, ausencia de programas de asistencia legal o disponibilidad limitada de asesoría jurídica accesible, calificada y respetuosa, además de falta de sensibilidad y entrenamiento de las y los operadores de justicia, incluyendo jueces, juezas y fiscales, entre otros.

Brecha en sentencias de casos

La falta de estadísticas judiciales, por otra parte, vuelve aún más complejo el análisis de las situaciones de impunidad en los casos de violencia contra las personas LGBTI.

Según la comisión, existe una brecha significativa entre el número de casos en los que se abrieron investigaciones y el número de casos en los que se obtuvo una sentencia final condenatoria, estas cifras revelarían elevados niveles de impunidad para casos de este tipo.

Las recomendaciones de la CIDH para conducir adecuadamente investigaciones que aborden actos de violencia de este tipo son: basarse en testimonios de peritos, expertos y expertas capaces de identificar la discriminación y los prejuicios contra las personas LGBTI. También se insta a los Estados a consultar con las organizaciones de la sociedad civil con el fin de diseñar protocolos adecuados que establezcan indicadores para identificar la violencia por prejuicio en un determinado país.

Finalmente, la comisión hizo un llamado a los Estados Miembros de la OEA a diseñar e implementar programas de reparación que tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, y que sean resultado de procesos de consulta con las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de personas LGBTI.

Para ver completo el informe, entra a:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Violencia contra personas LGBTI

 
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