El impacto jurídico del Fast Fashion

La industria de la moda produce anualmente más de un billón de dólares (miles de millones) estadounidenses a nivel mundial según el medio Statista. Con una amplia gama de consumidores, nuevas tendencias, y un gran poder económico, surgen ciertos debates acerca del fenómeno del Fast Fashion y las consecuencias jurídicas dentro del Fashion Law.

Annalucía Fasson

Annalucía Fasson, socia del área corporativa & digital investments en la firma Munizlaw, especializada en Fashion Law, se refiere a el Fast Fashion como: «Un modelo de negocio que consiste en lanzar entre 25 a 30 colecciones al año, inspirándose en pasarelas internacionales y reinterpretando los diseños para poder venderlos a un bajo costo. Para esto se utiliza una materia prima o materiales estándares promedio. Lo que busca el modelo de negocio es generar consumo y demanda, para que los consumidores consigan productos que no podrían obtener de las marcas originales por la poca accesibilidad a los precios».

Los principales productores de la moda rápida son China, Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia y Turquía, mientras que los mayores consumidores son Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón, según la revista digital ¿Cómo ves? de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.

Pero, ¿cuáles son los problemas que ha generado el Fast Fashion dentro del Fashion Law?

Esclavitud moderna

Un reporte realizado por el informe Global Slaveey Index de Walk Free Foundation (2018), refiere a las fábricas textiles como una de las fuentes más comunes de esclavitud en los últimos años.

Rodrigo Palomo

Respecto de este punto, Rodrigo Palomo, abogado de la Universidad de Talca, especialista en derecho laboral, menciona: «La manera en que se produce este tipo de ropa, generalmente implica que haya dumping social, es decir, que las empresas busquen instalarse en determinados países donde hay una menor regulación laboral y, como consecuencia, existe un costo de producción muchísimo menor».

En el sitio web español Ayuda en acción se define esclavitud moderna como situaciones en las que una persona (o una entidad comercial) le ha quitado la libertad a otra persona, tanto de su cuerpo como la posibilidad de elegir su trabajo o para dejar de trabajar en entornos inseguros o de explotación. Incluye delitos como la trata de seres humanos, el trabajo forzado, la servidumbre por deudas y el uso del trabajo infantil.

Dentro de los derechos laborales vulnerados, destacan remuneraciones no equitativas con respecto a los turnos trabajados, sueldos con altos índices por debajo de la paga mínima, horarios de hasta de 12 horas laborales, e incluso en temporadas altas, estos pueden ser de 14 o 16 horas al día los 7 días de la semana para cumplir con los plazos de exportación.

En una investigación realizado por una estudiante de la Universidad del Norte en Colombia, se lee: «Los empleados suelen trabajar sin ventilación, respirando sustancias tóxicas, inhalando polvo de fibras o arena en edificios inseguros. Los accidentes, incendios, lesiones y enfermedades son muy frecuentes en los centros de producción textil».

Un ejemplo es la tragedia ocurrida el 24 de abril de 2013, en la fábrica textil Rana Plaza en Bangladesh, Dhaka, en la que 1.130 personas perdieron la vida tras el derrumbe del edificio. Entre los escombros, se encontraron menores de edad, lo que indicó que además había trabajo infantil de por medio, según informó la BBC News Mundo en un artículo.

Federico Rosenbaum

Acerca de cómo las jurisdicciones han intentado mitigar este conflicto, el abogado de la Universidad Católica de Uruguay y profesor de derecho del trabajo en la misma, Federico Rosenbaum, destaca que no existe una regulación universal que condene este tipo de ilegalidades de forma particular: «En términos normativos internos, ciertas empresas multinacionales han realizado acuerdos macro para tratar de respetar en cierta medida derechos básicos en el ciclo de la cadena productiva; estos son sumamente específicos y generalmente para empresas en particular que no se extienden al resto de la economía».

Robo de diseños

El robo de modelos a diseñadores es otro conflicto jurídico que la moda rápida ha instalado en la escena, ya que como mencionó Annalucía Fasson, los catálogos de estas empresas surgen a partir de las colecciones y tendencias que crean marcas reconocidas a nivel mundial. Por esta razón, Shein, plataforma china de comercio electrónico y uno de los mayores referentes de marcas de Fast Fashion, se ha visto envuelta en controversias vinculadas al plagio en reiteradas ocasiones.

En 2022, sólo en Estados Unidos, era parte de 50 juicios federales por supuesta infracción de derechos de autor y de marca registrada, según reveló en un artículo el medio digital The Wall Street Journal. Marcas como Ralph Lauren, Oakley, y Dr. Martens han tomado acciones judiciales contra la empresa por copiar de forma deliberada sus diseños.

El medio español El Debate publicó un artículo en torno a las múltiples demandas que ha tenido la empresa, respecto a las cuales Shein se refirió en un comunicado: «No es nuestra intención infringir la propiedad intelectual válida de nadie y no es nuestro modelo de negocio hacerlo, los proveedores deben cumplir con la política de la empresa y certificar que sus productos no infringen la propiedad intelectual de terceros».

Actualmente, las empresas de Fast Fashion han optado por tomar ciertas medidas con respecto al robo de propiedad intelectual, como es la readaptación de los diseños de otras marcas, mediante lo cual modifican ciertos elementos del modelo original para de esta manera no tener consecuencias legales. En relación a esto, la abogada peruana dice: «Otra estrategia que ha surgido desde las líneas de Fast Fashion como H&M, es lanzar colecciones en cápsula con diseñadores de marcas de lujo, con el objetivo de volver más accesibles las prendas, aunque estas sigan teniendo un precio elevado al ser una colaboración con un diseñador».

Contaminación textil

La industria textil, y en particular el Fast Fashion, son de las cadenas de producción más contaminantes del mundo, debido al uso exhaustivo de recursos naturales, las emisiones de gases de efecto invernadero, y el uso de materiales de baja calidad, los que, finalmente, provocan que las prendas tengan poca durabilidad en el tiempo y se conviertan en residuos difíciles de eliminar.

Frente al derecho ambiental, Rodrigo Palomo sostiene: «Las formas de producción que estas cadenas instalan en distintos países generan una enorme cantidad de residuos, además de utilizar materiales de gran impacto en el medio ambiente y, usualmente, se eligen lugares donde hay poca regulación desde el derecho ambiental. Esto va totalmente en contra de lo que propone la transición ecológica».

El sitio web español de la Fundación Aquae define la transición ecológica como «Proceso de transformación social con el objetivo de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, siendo la transición energética para la mitigación del cambio climático una parte fundamental de su hoja de ruta, sin obviar la vinculación al desarrollo rural y a la preservación de los servicios ecosistémicos esenciales para el bienestar y la salud humanas como el agua, el suelo, los bosques, los océanos, el paisaje, la cultura y la biodiversidad».

Según un estudio de 2019 realizado por la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la industria de la moda genera más contaminación que la manufacturera, la de energía, la de transporte e incluso la alimentaria.

Solo en los procesos de fabricación que van desde los cultivos de algodón, hasta el tratamiento de los insumos como limpieza y teñido, se utiliza y contamina hasta el 20% del agua mundial, según un artículo publicado Linkedin por Agile Seller, y se espera que los 79.000 millones de metros cúbicos que se utilizan en el sector textil cada año, aumente a 120.000 millones de metros cúbicos en 2030, en conformidad con el artículo publicado en 2023 por el medio turco TRT.

 
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