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Huelga de letrados de Justicia de España deja 200 mil actuaciones suspendidas
Hace un mes una huelga indefinida por mejoras salariales de los secretarios judiciales mantiene prácticamente paralizada la correcta administración de justicia en el país. Consejo de la Abogacía llamó al Ministerio de Justicia y la agrupación de funcionarios a acercar las partes a la brevedad para superar el colapso de miles de causas y diligencias.
22 febrero, 2023
-Claudio Soto Coronado
Desde España
Opacada por la discusión de la Ley Integral de Libertad Sexual, (Ley del solo sí es sí) que se ha tomado el debate político y jurídico en España, la huelga de los letrados de la administración de Justicia de este país sigue en punto muerto a casi un mes de su inicio, lo que ha dejado casi 200.000 actuaciones judiciales suspendidas y un atraso en la vista de causas invaluable para la ciudadanía.
El 24 de enero pasado, los funcionarios judiciales —liderados por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ)— iniciaron una movilización indefinida que busca consagrar una adecuación salarial postergada por años, mediante el registro de una cláusula que les permita recibir honorarios equivalentes al 85% de lo que perciben los magistrados de los tribunales de sus respectivas jurisdicciones y que, además, la masa salarial del grupo funcionario no pueda ser inferior al 85% de la masa salarial de la carrera judicial.
El conflicto tiene sus orígenes en 2009, año en que diversas reformas procesales en el ámbito judicial en España hicieron aumentar las competencias de los letrados, sin un programa claro de adecuación salarial. Sin embargo, y pese a que en 2021 se mejoró la condición económica de estos funcionarios con un aumento del 5,26% de su salario anual, nunca se llegó a un acuerdo definitivo y de fondo.
Acercamientos congelados
Pese a que se habían convocado algunos encuentros para avanzar, el 17 de febrero pasado, la Secretaría de Estado informaba que los representantes de los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) habían abandonado la mesa de negociación con el Ministerio después de haber elevado sus exigencias respecto a las inicialmente planteadas y sin proponer ninguna otra alternativa.
“Cuando uno se sienta en una mesa de negociación debe partir de las demandas inicialmente planteadas y estar dispuesto a hacer alguna concesión; la única propuesta hecha esta noche por los letrados de la Administración de Justicia demuestra una clara falta de voluntad de alcanzar cualquier tipo de acuerdo”, dijo en esa oportunidad Tontxu Rodríguez, secretario de Estado.
Mediante un comunicado público, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia lamentó la falta de un nuevo acercamiento. “El Comité de Huelga quiere denunciar ante la opinión pública que, tras haber solicitado formalmente reunión urgente al Ministerio de Justicia para retomar la mesa de negociación, hemos recibido comunicación en la que se nos indica que, por motivos de agenda, no está prevista reunión en los próximos días. Igualmente, hemos conocido hoy por la prensa que el Ministerio de Justicia no tiene intención de convocar al Comité de Huelga antes del 1 de marzo”, señalaron en la misiva.
De acuerdo a la agrupación, hasta esa fecha pueden producirse la suspensión de unas 70.000 actuaciones más, por ejemplo, entre notificaciones y vistas de causas, además del bloqueo de unos de 200 millones de euros adicionales.
Abogados preocupados
En tanto, el Consejo General de la Abogacía Española llamó a las partes a hacer un esfuerzo por acercar posiciones. “Tanto el Ministerio de Justicia como los propios convocantes tienen la obligación de continuar las conversaciones para alcanzar lo antes posible un acuerdo”, señalaron. Piden además que se notifiquen con antelación a las partes la suspensión de las actuaciones que deben realizar.
“Suspender los actos judiciales ya supone en sí mismo un daño severo al funcionamiento de la Justicia, pero obligar a los profesionales y a los justiciables a malgastar miles de horas en acudir a señalamientos que en ocasiones los convocantes saben con anticipación que no se celebrarán supone un injusto castigo adicional a quienes ya antes de que comenzase la huelga eran los principales perjudicados del colapso de los juzgados y tribunales”, señalaron.
Por todo ello, agregan, “mientras continúa la huelga, la Abogacía demanda a los LAJs que, en aras de limitar los perjuicios que se causa a los justiciables, notifiquen con suficiente anticipación a las partes implicadas en señalamientos la suspensión de los mismos independientemente de las causas”. El Consejo general de la Abogacía Española es el órgano representativo coordinador y ejecutivo de los 83 Colegios de Abogados de la península.
La UPSJ —señala información pública de la entidad— es una asociación profesional integrada por Secretarios Judiciales cuyo objetivo fundamental es el de propugnar las reformas necesarias para que las estructuras orgánicas y la regulación legal —orgánica y procedimental— de la Administración de Justicia tengan un mejor funcionamiento mediante la aplicación y profundización de las atribuciones del Secretariado Judicial.
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