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domingo, 24 de octubre de 2021

internacional

Héctor Amaya: “Muchas de las decisiones en seguridad y justicia son intuitivas”

El presidente del Subcomité de Desarrollo Latinoamericano de la Asociación Internacional de Análisis Criminal (IACA) aborda con Idealex.press el desarrollo y los desafíos de la actividad en la región en un momento, que por su complejidad, pone al descubierto el necesario y óptimo manejo de la información.

- 13 abril, 2021

La pandemia —señala Héctor Amaya— es un buen ejemplo de cómo se están procesando los datos, superando hace mucho el ámbito de la seguridad solamente, al tener una relación directa con las políticas de salud pública. “Aquí hemos visto que todo el mundo quedó con las manos cruzadas porque se tomaban medidas, pero no se pensaba en el impacto que éstas iban a tener”, adelanta.

El experto colombiano en investigación criminal, docente, asesor, consultor en análisis y actualmente una de las caras más visibles en Latinoamérica del organismo internacional —con sede en Estados Unidos—, dice que la región aún está lejos de una actividad óptima, porque se ha confundido el análisis con la gestión de la información, en donde —acusa— “todavía hay muchos problemas de integración”.

— ¿Por qué es necesario instalar el tema de desarrollar el análisis criminal y su formación en Latinoamérica?
Hay una tendencia a avanzar en temas de seguridad y justicia en base a datos. El volumen de datos ha ido en aumento desde que aparecen los computadores en los sistemas judiciales y en los cuerpos policiales, por lo que se vio que había que empezar a trabajar de otra forma. Antes, todo se hacía en hojas, los mapas se hacían sobre un plano y ahí se iban poniendo e intentaban ver cosas.  En la medida que los computadores y el desarrollo de softwares empiezan a aparecer el tema se empieza a automatizar. Aparecen también internacionalmente los indicadores y los indicadores, a su vez, empiezan a empujar a que todos tengamos medidas. Y esas medidas, requieren personas que trabajen con esos datos. En América Latina no hay programas formales, sino que es una tarea que se le encomienda a los policías, a los investigadores, a los despachos de fiscales. Más recientemente, las alcaldías, las gobernaciones han incorporado observatorios y han empezado a trabajar con estos datos.

— ¿El análisis criminal, entonces, está recién partiendo?
Llevamos por lo menos unos 15 a 20 años en donde hemos tomado conciencia de su uso. No es que esto no existiera. Voy a hablar desde el ejemplo de Colombia. Aquí, antes de existir la Dirección de Policía Judicial e Inteligencia (DIJIN), existió la DIPEC, y para esa época la policía no tenía a cargo la investigación criminal. La DIPEC era la Dirección de Información Policial y Estadística Criminal. Entonces, hace mucho tiempo teníamos una especie de ábaco en donde llevábamos las cuentas sobre muertes de personas, accidentes e incidentes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos incorporado —con la aparición de los computadores— tasas, y más recientemente, las tasas de resultados policiales. En el caso de Colombia, Panamá o Chile es fácil encontrar datos, pero para el caso, por ejemplo, de República Dominicana o Centroamérica casi toda la estadística está basada en la criminalidad y no contempla resultados policiales. En estos momentos se está empezando a ver qué hay que medir y qué impactos genera.

— ¿Hay muy poco uso o bien, un uso errado de esos datos?
Creo que vamos en una evolución. Hoy se mira para asignar y distribuir recursos y asignar capacidades. Lo que estamos buscando es pasar de la intuición a que las decisiones se tomen basadas en datos. Muchas de las decisiones en seguridad y justicia son intuitivas y la idea es que dejen de serlo. Estamos lejos porque hemos confundido el análisis con la gestión de la información, en donde todavía hay muchos problemas de integración. Estamos como en la “Guerra Fría”, en donde hay muchos hilos de información, hablando que esta es reservada, cuando la tendencia es que los datos estén abiertos. Quizás hay que proteger algunos, pero no todos los datos.

— ¿Eso es porque las instituciones trabajan de manera compartimentada?
Sí, cada institución trabaja de manera compartimentada. Cada institución tiene baja confianza en los datos que posee. Hay una intuición que no se comparte para evitar que otros vean resultados. Pero, lo que logramos establecer es que no se comparte por la responsabilidad que genera que los datos tengan calidad.

—Siempre se ha asociado el análisis criminal a la persecución criminal, pero, ¿qué pasa con la prevención?
Estamos en una transición. El concepto de prevención vende mucho. Todo el mundo quiere hablar de prevención, pero cuando uno mira qué se entiende por ésta en cada lugar encuentra que todavía se trabaja como un símil al control.  Se considera que muchas de las actividades de prevención son de la policía, pero cuando uno mira sus actividades, estas no son de prevención. Las actividades son de control. Hay una regla básica que dice: “si la acción requiere de la policía ya no es de prevención”.   En la prevención hay mucha necesidad, pero también creo que aquí tenemos que pasar de trabajar datos cuantitativos a datos cualitativos y empezar a mirar cómo funcionan estos problemas sociales para mirar dónde intervenir.

— En materia de datos y su aplicación, ¿sería un buen ejemplo lo que ha pasado con la pandemia?
Es un muy buen ejemplo de cómo los temas de seguridad no están sólo vinculados al área de justicia, sino que también con salud pública. Aquí hemos visto que todo el mundo quedó con las manos cruzadas porque se tomaban medidas, pero no se pensaba en el impacto que éstas iban a tener. Trabajar en prevención es el ideal de todo, que es mucho mejor que trabajar en control y persecución.

—¿Y qué ha ocurrido en el ámbito comunal, o en las gobernaciones?
Pese a que las gobernaciones y alcaldías lo han incorporado, todavía hay acciones que tienden a ser del modelo tradicional de los organismos de control. Hay baja conciencia, porque, por ejemplo, un indicador de prevención es que bajen las cifras por ejemplo de homicidios, accidentes de tránsito, etc., pero la pregunta es si podremos lograrlo si al año siguiente tenemos más motocicletas, más conductores, más población y no un desarrollo de estructura vial. Si se sostuviera, habría reducción, porque se aumentan vehículos, conductores y no aumenta la malla vial, pues la acción será mayor.

— ¿Cómo está el análisis criminal a nivel de formación en la región?
Una cosa que celebro es que hayan aparecido programas de formación. Hace cinco o seis años no los encontrábamos, pero hoy vemos cómo las universidades están desarrollando esa área. Ese es un proceso de gestión de conocimiento importante, pero creo que una de las bondades que están teniendo los analistas es que se ha mezclado un poco la experiencia con la necesidad de formación. Y estamos en esa transición. Ha habido dos corrientes. Una, buscar información sobre análisis apoyado en la tecnología, manejo específico de herramientas, y una segunda, que necesita desarrollar la parte lógica para el análisis.

— ¿Y cuáles son los desafíos de la IACA en Latinoamérica?
El desafío mayor es avanzar en el crecimiento de la comunidad de analistas. Uno de los ingredientes de cualquier profesión es un lenguaje técnico, una comunidad de personas que hacen la tarea y un Código de Ética. Son los tres elementos esenciales para hablar de prevención. En este momento, un reto es que en la región hay mucha tendencia a pedir una titulación. Lo que estamos buscando es que la comunidad de analistas logre procesos de participación a través del ejercicio profesional de la actividad. Ya tenemos una red de analistas en Colombia, en Chile, en México y crecientemente en Guatemala. Obviamente, tenemos analistas independientes en otros países de la región, pero estamos buscando generar ese núcleo en cada uno de ellos. Uno de los mayores retos es hacer ver que este tema es universal, porque existe aún la sensación de que esto sólo lo debe manejar la policía o las fiscalías.  El sector privado también necesita el análisis criminal, todo el sector asegurador, o el sector de inversión para la reducción de riesgos.

— ¿Y cómo ve la integración de analistas en los equipos jurídicos?
Es bastante necesaria, sobre todo en los ministerios de Justicia de cada uno de los países de la región, para la formulación de políticas criminales. En algunos casos para los ministerios de Interior y Seguridad Pública, para poder desarrollar políticas o acciones vinculadas a la seguridad; y también la hemos visto en temas de comercio de los estados para mirar riesgos en el intercambio de productos y servicios. Cada acuerdo trae detrás la posibilidad de comisión de crímenes o la incorporación de malas prácticas, como, por ejemplo, el lavado de activos. Otro campo es el tema tributario, y también el desarrollo legislativo, con propuestas que puedan servir para modificar mecanismos de funcionamiento del crimen.

— La pandemia, ¿cómo ha repercutido en los sistemas de seguridad?
Hemos visto cómo se ha modificado el tema criminal y como los analistas lo han enfrentado. La percepción era que las cosas iban a bajar muchísimo, pero hemos encontrado mucha mutación. Entonces los analistas han tenido que enfrentar nuevos retos, nuevas demandas de productos y servicios. Asimismo, el trabajo remoto ha permitido que muchas personas logren incorporar una mayor cantidad de cosas y la integración de equipos interdisciplinarios. El reto continúa, y hoy es cómo trabajar con las instituciones de seguridad pública y las medidas de salud pública.

 

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