Hay que adaptarse a la Ley de delitos económicos ya

Desde el 1 de septiembre empieza a regir la nueva Ley 21.595, conocida como la Ley de delitos económicos, aprobada el pasado 17 de agosto de 2023. Se trata de una norma muy importante para Chile, ya que permite al país alinearse con legislaciones similares de EE.UU y Europa, y supone un paso clave para fortalecer el sistema de justicia chileno que ayude a prevenir este tipo de infracciones.

Martín López de la Manzanara

La medida es beneficiosa: las empresas mejorarán su reputación e incrementarán sus posibilidades de hacer negocios con otras compañías extranjeras, las cuales verán que la legislación se adapta a la de las principales potencias económicas en materia de lucha contra la corrupción y el lavado de activos.

Las mejoras en la normativa son sustanciales. En primer lugar, se producen importantes avances en la tipificación de los delitos al introducir nuevos tipos penales como la manipulación del mercado, el engaño a la Administración Pública, fraude a la hora de obtener ayudas públicas o subvenciones, la venta de productos o servicios defectuosos al consumidor, el uso de información privilegiada para operaciones bursátiles y la obstrucción a la justicia en materia económica. En total, se añaden más de 200 infracciones, algunos de los cuales no estaban tipificados como delitos económicos hasta la aprobación de esta nueva normativa.

Además, la nueva norma destaca por su enfoque preventivo de la ley, para evitar que los delitos, consciente o inconscientemente, puedan llegar a producirse. Este es uno de los puntos más novedosos porque se busca incentivar que las empresas implementen programas de compliance que eviten que se puedan llegar a cometer esos delitos económicos.

Una de las principales modificaciones es que la nueva ley establece que no solo las empresas, sino también las personas físicas que ocupen cargos de dirección o administración en las mismas, podrán ser responsables penalmente por los delitos económicos que se cometan en el seno de la empresa. De este modo, se incorporan agravantes cuando sean partícipes a la hora de cometer el delito, con lo que están más expuestos a ser condenados. Es decir, no supone un cambio a la hora de perseguir las infracciones, sino que más bien aumenta el riesgo de responsabilidad.

Sin embargo, se echan en falta la incorporación de medidas cautelares. La ausencia de estas podría dificultar la investigación y persecución de los delitos económicos. Esto significa que, en la actualidad, no existen herramientas legales para evitar que los imputados por este tipo de delitos puedan eludir la justicia, disponer de los activos obtenidos de forma ilícita o entorpecer la investigación.

Dado que la Ley es de obligado cumplimiento, las compañías tienen que implementar un programa de prevención de delitos y hacerlo a través de un software GRC que les permita poder anticiparse a cometer una infracción. Esta herramienta facilita la gestión de los mismos y de los canales de denuncias, accesibles tanto a empleados como a terceros, y lo más recomendable para su efectiva utilización es que sea sencillo, intuitivo y que posibilite que los usuarios puedan comunicar de buena fe cualquier conducta susceptible de ser delito, con el objetivo de prever el posible incurrimiento y sin miedo a poder sufrir cualquier tipo de represalia.

Aparte de optimizar la detección de conductas inapropiadas, el sistema permite dejar evidencia de que la persona jurídica ha implementado un Modelo de Prevención de Delitos efectivo que cumple con los requisitos establecidos en la ley y que, en el caso de que se haya incurrido en un supuesto incumplimiento, sirva de atenuante o eximente de la pena. Y es aquí donde las organizaciones, sobre todo aquellas más pequeñas, presentan ciertos temores al considerar que las nuevas exigencias de cumplimiento podrían ser costosas.

En realidad, la implementación de estas soluciones no tiene un coste elevado si se confía en un socio experto que introduzca en la estrategia un código de ética y buenas prácticas, un sistema de gestión de riesgos, un sistema de control interno, un canal de denuncias y un programa de capacitación para los empleados. Este último punto es importante, ya que esa formación de los trabajadores le facilitará cumplir con la legislación en todo momento.

Parecen muchos apartados, pero una buena solución GRC incorpora todos ellos. Si bien es cierto que la adaptación a la nueva Ley de Delitos Económicos puede requerir cierto esfuerzo e inversión, los beneficios de adaptarse a la legislación son considerables y superan con creces los costos asociados a su implementación. Incorporar estas herramientas en la estrategia empresarial no solo permitirá cumplir con la norma, sino que redundará en una mejor imagen tanto de la organización como incluso de los propios empleados.

Martín López de la Manzanara, director regional Adjunto LATAM de GlobalSuite Solutions.

 
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