Guerra, pandemia y asesoría legal gratuita

Eva Méndez

El escenario económico mundial con la pandemia y la guerra de Ucrania se ha visto brutalmente afectado y podemos verlo no solo en el alza de los precios en todo ámbito y la inestabilidad de los mercados, sino además, y en lo que nos compete, la asesoría legal gratuita y pro bono no ha estado exenta a todo aquello.

El sistema de acceso a la justicia gratuito es otro sector más que se ha visto golpeado de forma indirecta por los acontecimientos ya mencionados, tal vez invisible para la mayoría, pues el acceso a la justicia no es mirado como una necesidad básica como la salud, la vivienda o la alimentación, quienes empatizan con aquello, sin duda somos los abogados y las personas que se ven enfrentados a problemas legales, más no aquel que nunca se ha visto envuelto en la necesidad de recurrir a los tribunales.

El acceso al sistema judicial para los más desfavorecidos es pocas veces prioritario para el Estado, se entiende y es comprensible, pues los países manejan presupuestos acotados y prioritarios para aquellas necesidades urgentes de la ciudadanía, el acceso a la justicia no lo es, por tanto, la asignación de recursos para que las instituciones estatales de asesoría gratuita funcionen como corresponde es insuficiente.

En Fundación Pro Bono Chile, entidad, que, a través del voluntariado legal de estudios jurídicos miembros y departamentos legales, se impone como la alternativa privada para aportar en el acceso igualitario a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad y organizaciones sociales que no pueden pagar abogados. Nos enfrentamos a una dinámica compleja, pues la cantidad de casos y usuarios que están llegando que no pueden pagar siquiera por los trámites anexos a los juicios como notificaciones y pericias ha aumentado en un cien por ciento desde la pandemia.

Esto ha de deberse porque el sistema estatal de asesoría legal en Chile, que cubriría todos los gastos, se encuentra sobrepasado, pues no tienen capacidad para atender los miles de casos que les llegan, lo que redunda que exista una enorme cantidad de personas que se quedan sin asesoría y que buscan en nosotros la alternativa para acceder a la justicia.

Sin embargo, pese a la voluntad de nuestros abogados no estamos dando abasto, toda vez que la mayoría de los recurrentes no pueden pagar aquellos gastos, gastos que como fundación no podemos costear atendido que solo nuestros abogados son gratis más no tenemos las redes con receptores y peritos que puedan ofrecer este servicio de manera pro bono, pese a que las hemos buscado hace mucho tiempo.

¿Puede un cirujano operar sin equipo médico? ¿Puede un abogado llevar un juicio sin un receptor? Es tan simple como que un cirujano decidiera operar gratis a un paciente, ese cirujano no puede hacerlo sin una arsenalera, un anestesiólogo o el equipo necesario, o sin los exámenes, pues bien en temas legales no estamos lejos de eso, pues un juicio no se puede llevar y mucho menos ganar si no se cuenta con al menos receptores y peritos.

La impotencia de ver que, al menos en Fundación Pro Bono, tenemos más de mil quinientos abogados dispuestos a prestar sus servicios pro bono, pero que nos encontramos limitados porque faltan los auxiliares requeridos por el sistema como receptores y peritos gratuitos, hace que nuestros esfuerzos se hagan extensibles para armar las redes y tocar las puertas necesarias para lograr ayudar a tantos quienes no acceden a la justicia; sin embargo, si no sumamos las voluntades aramos en el agua y acotamos nuestro quehacer a organizaciones sociales, que por lo general no requieren gastos extras para sus casos.

Sin embargo, estamos dejando fuera a miles de personas que requieren ayuda en sus juicios hoy y no en seis meses más que es cuando el sistema estatal de atención legal gratuita los puede ayudar.

Hay soluciones que son, sin duda a más largo plazo, pues es una siembra para una futura cosecha, por una parte, la prevención de futuros litigios a través de una ciudadanía informada y, por otra, acudir a los medios alternativos de resolución de controversias como la mediación.

Esta última requiere concientizar tanto a abogados como a las personas de que es una buena alternativa y de bajo costo para los involucrados llevarlo a cabo, pues finalmente es una solución al conflicto al cual llegan las partes con la ayuda de un tercero imparcial, la misión en este caso es sacar del imaginario colectivo de que solo un juez puede solucionar el problema.

En tanto la primera solución que implica enseñar a las personas las consecuencias de sus actuaciones en materias de derecho a través de la educación legal hará que puedan prevenir conflictos futuros. Todo aquello para prevenir situaciones que terminen en litigios para no sobrecargar el sistema.

Con todos los esfuerzos señalados, no cabe más que agregar que es responsabilidad de todos la civilidad, pues tanto lo preventivo como lo reactivo es parte del acceso a la justicia y el compromiso con esta, nos compete involucrarnos como sociedad en todo aquello en que los estados no son capaces de abordar, como abogados el acceso a la justicia es lo nuestro, más aquellos oficios y profesiones que son indispensables para nuestro quehacer deben estar alineados con nosotros para lograr un efectivo aporte que beneficie a la sociedad entera.

 
Eva Méndez es abogada de la Universidad Diego Portales, Jueza de Ética en el Colegio de Abogados de Chile y Coordinadora General en la Fundacion Pro Bono.

*Esta columna es parte de una colaboración periódica de la Fundación Pro Bono con Idealex.press.

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