Gobierno español impulsa Ley de Paridad en empresas y la administración pública

En una decisión estratégica por los alcances que esta pueda tener en el corto y mediano plazo en un año marcado por las elecciones, el Gobierno español decidió dar luz verde esta semana a una “Ley de Paridad” que impactará directamente en la política, en la administración pública y en las empresas.

Se trata de un proyecto remitido para su aprobación en las Cortes que transpone una directiva de la Unión Europea que busca establecer una cuota mínima de un 40% de participación del sexo menos representado en los órganos de decisión públicos y privados como las grandes compañías, el Gobierno, los colegios profesionales y los jurados de premios públicos, entre otras entidades.

Nadia Calviño. Fuente: Consejo de Ministros/ Gobierno de España

La iniciativa de la paridad también se extiende a los órganos constitucionales y a aquellos de relevancia constitucional, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial, que, a fines de semana, se mostraron favorables al proyecto, pero con reparos.

El anteproyecto, de acuerdo con lo informado por el Gobierno en su tradicional Consejo de ministros de los martes, también contempla un calendario de implementación que se extenderá desde el año 2024 para las sociedades con mayor capitalización bursátil hasta el 2028 en el caso de las entidades de interés público.

Fue la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño quien señaló que la nueva ley busca equiparar la representación de hombres y mujeres en el ámbito laboral, para permitir reducir la brecha de género en las tasas de actividad, ocupación y diferencias salariales.

“Queda camino por recorrer y hoy damos un paso más hacia la igualdad efectiva (…) La norma consolida a España como uno de los países más avanzados en igualdad de género a nivel mundial”, enfatizó al presentar la iniciativa.

Reparos del Poder Judicial

Con el anteproyecto hecho público, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, aprobó por unanimidad la iniciativa del Gobierno, pero con algunos reparos por la “confusión” —señalan— que puede generar en la institucionalidad judicial y en otros cuerpos legales.

“El informe aprobado por el Pleno señala la confusión que puede causar el título dado a la ley, en el que se incluye el término “representación paritaria”, en clara alusión a una igualdad total. Este término no encaja con el modelo de representación que se propone a lo largo de todo el anteproyecto —a excepción de la reforma que afecta a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que no es paritaria, sino equilibrada y que se identifica con aquella en la que exista al menos un 40% de representación del sexo en situación minoritaria”, señaló el CGPJ.

Pleno del Consejo General del Poder Judicial

Al modificar la LOREG, señala el Poder Judicial, el anteproyecto pretende que las candidaturas afectadas (elecciones de diputados al Congreso, municipales, de miembros de consejos y cabildos insulares, diputados al parlamento Europeo y miembros de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas) tengan una composición paritaria, no solo equilibrada como establece la ley vigente.

Asimismo, hicieron ver sus reparos con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a la elección de los vocales del CGPJ. “El informe aprobado alerta de la disfunción que puede ocasionar la contradicción existente entre el contenido del anteproyecto y la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente, tras la reforma de diciembre de 2018”, señalan.

La LOPJ, cuya aplicación práctica en este punto no se producirá hasta que no se lleve a cabo la renovación del CGPJ, exige a las Cortes Generales que la designación de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces se lleve a efecto conforme al principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres.

Impacto en el TC y el Consejo Fiscal

Por otra parte, acusan que el anteproyecto modificará el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para imponer a los órganos que han de hacer las propuestas de nombramiento de los magistrados que garanticen el principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres, de forma que incluyan como mínimo un 40% de cada uno de los sexos.

Esta previsión es, según advierte el informe del Pleno, “imposible de cumplir dado el número de magistrados que por mandato constitucional corresponde proponer a cada uno de los órganos designados por la Constitución”.

El CGPJ también considera de imposible cumplimiento garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres (un 40% como mínimo de uno de los sexos) entre los vocales electivos del Consejo Fiscal.

Se argumenta que la elección de los vocales que integrarán el Consejo Fiscal corresponde a los miembros de la Carrera Fiscal en activo, “mediante voto personal, igual, directo y secreto”, tal y como establece el Real Decreto que regula la constitución y funcionamiento de dicho órgano. Y las candidaturas que se presenten son abiertas y combinables entre sí, lo que significa que cada votante podrá ejercer su derecho al voto sin sujetarse necesariamente a los nombres contenidos en una sola candidatura.

Esto supone, señala el informe, “que el resultado de las elecciones no dependerá de la confección de las candidaturas, por lo que resulta imposible exigir que la composición del Consejo Fiscal se ajuste imperativamente al principio de presencia equilibrada contemplado en la reforma”.

 
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