Socialistas españoles pactan una Ley de Amnistía para empujar la investidura de Sánchez

Claudio Soto Coronado. Desde España. Como siempre, o como casi muchas veces, la política supera a la justicia. Esto, porque el Partido Socialista (hoy en el Gobierno) ya se encuentra atando todos los cabos sueltos para avanzar en una Ley de Amnistía, que, por una parte, permita condonar los delitos de los dirigentes catalanes que impulsaron el llamado proceso de independencia de 2017 —lo que incluye al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont—, a la vez de acelerar el proceso de investidura de Pedro Sánchez, actual presidente en funciones, para un nuevo mandato.

El nuevo marco jurídico partió definitivamente este jueves, cuando el Partido Socialista Obrero (PSOE) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) acordaron el contenido de la ley, lo que incluye favorecer a todos los condenados e investigados en todas las aristas judiciales del llamado procés, entre ellos, el indultado Oriol Junqueras.

Tren Renfe/ Pixabay

Pero, como nada es gratis, también están sobre la mesa acuerdos para condonar deudas que la comunidad catalana mantiene con el fisco, equivalentes a unos 15.000 millones de euros, más impuestos; y el traspaso progresivo de competencias sobre el sistema de transporte de trenes de cercanías “Rodalies”, actualmente operado por la estatal RENFE, y que conecta millones de personas desde y hasta Barcelona.

Si bien la Ley de Amnistía y la posible investidura de Sánchez se ven cerca, faltará ahora que las bases de los partidos catalanes acepten las propuestas y que principalmente Puigdemont, actualmente en Bruselas (Bélgica), de luz verde a lo pactado. Hasta aquí, el eurodiputado ha señalado no tener apuros para ratificar y dar los votos necesarios en el Congreso de los Diputados al presidente en funciones.

Vía judicial

Pablo Llarena

En lo estrictamente penal, la aprobación de una Ley de Amnistía, favorecería casi ipso facto a Carles Puigdemont, con lo que podría volver a España. Cabe recordar que en junio pasado, el Tribunal Supremo ratificó el procesamiento del expresidente de la Generalitat, por los delitos de desobediencia y malversación de fondos públicos, dinero con el que se financió el referéndum ilegal de 2017, acogiendo así la tesis del juez Pablo Llarena.

Las acusaciones en contra de Puigdemont se dieron en el marco de la revisión llevada a cabo tras la entrada en vigor de la reforma penal que derogó el delito de sedición, por el cual el expresidente había sido inicialmente investigado. A principios de año, sin embargo, Llarena optó por reemplazar el cargo de sedición por desobediencia, mientras que mantuvo la acusación de malversación agravada. Esta decisión fue confirmada en marzo, después de rechazar un recurso presentado por la defensa de Puigdemont en contra de su procesamiento.

De aprobarse y aplicarse, la ley de Amnistía, sin embargo, no favorecería tan directamente a Oriol Junqueras, otra de las figuras del procés, indultado por el Presidente Sánchez, quedando inhabilitado para ejercer cargos políticos públicos. Para beneficiarse de esta nueva ley, y borrar esa inhabilidad, la Sala en lo Penal debería archivar la causa contra el dirigente.

El Tribunal Constitucional

Pedro Sánchez / Gobierno de España/ Web La Moncloa

En el Partido Popular (PP), en tanto, junto con activar encuentros multitudinarios en distintos puntos de España en contra de la Ley de Amnistía, ya se ha anunciado que de prosperar ese pacto, los esfuerzos se canalizarán a través del Tribunal Constitucional. El Partido conservador de derecha, ha propuesto una reforma del reglamento del Senado que permitiría a la mesa —en donde tiene amplia mayoría— decidir si se aplica o no el procedimiento de urgencia a una proposición de ley llegada desde el Congreso de los Diputados.

Así, toda la munición del grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo, se centraría en el artículo 90 de la Constitución. La norma señala que en los “proyectos declarados urgentes” por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados el Senado “dispone de un plazo de veinte días naturales” para “ejercitar sus facultades de orden legislativo”. La idea del PP es hacer una interpretación dual de la norma. Es decir, que los 20 días sean aplicables a los proyectos de ley declarados urgentes, y que la urgencia sobre la “proposición” de una Amnistía quede en manos de la Mesa que ellos controlan.

Si bien la jugada retrasaría hasta por un máximo de dos meses esa tramitación, dejaría con algo de margen la presentación de indicaciones en la tramitación ordinaria con el fin de alargar esa discusión lo más posible. Lo más probable que el camino diseñado por el PP choque con la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional para estos casos y con un posible recurso de inconstitucionalidad en contra de la propuesta por parte de los socialistas.

 
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