Gobierno corporativo y universidades públicas (parte 3)

Juan Antonio Arbulú

Juan Antonio Arbulú

Me resta tratar tres buenas prácticas de gobierno corporativo necesarias de implementar en el camino de lograr la mejora de gestión y calidad académica en nuestras universidades públicas:

— Control del Entorno y rendición de cuentas.
— Transparencia y Divulgación.
—Compromiso con el “propietario”.

En cuanto al control del entorno y rendición de cuentas, como puede fácilmente advertirse, está relacionado a la organización y eficiente gestión del sistema de auditoría, tanto interna como externa, el cumplimiento o compliance, la gestión de los riesgos, entre otros. Este componente debe estar informado por principios elementales de compromiso con la integridad y valores éticos, responsabilidad, meritocracia y retención de talentos.

Una eficiente supervisión y control, requiere mucha transparencia a la interna de la organización y una estructura eficiente, integrada y con un funcionamiento engranado. Asimismo, las personas y áreas encargadas del control, deben ser independientes de la gestión y reportar directamente a la alta dirección.

El artículo 77 de la Ley Universitaria regula la figura de la Comisión Permanente de Fiscalización como órgano encargado de vigilar la gestión académica, administrativa y económica de la universidad pública. Está integrada por dos docentes, un estudiante de pregrado y un estudiante de posgrado, miembros de la Asamblea Universitaria; cuenta con amplias facultades para solicitar información a toda instancia interna de la universidad.

Por otro lado, en los artículos 110 y siguientes se establece que uno de los ingresos de las universidades es el presupuesto asignado del tesoro público, por ende, están sujetas a los sistemas de control propios del Estado, es decir, sometidos a la Contraloría General de la República con un control interno propio.

Volvemos al problema identificado en nuestra primera entrega en cuanto a la organización, la complejidad y falta de equilibrio en un órgano colegiado, en este caso, la comisión permanente de fiscalización. Su composición es muy compleja, no puedes pretender que exista un consenso real, objetivo y menos una discusión uniforme, conforme está integrada, máxime si se trata de temas tan especializados como el control contable y económico.

No estamos preparados en las universidades públicas para tener uniformidad de cuadros éticos, responsables, despegados de todo interés particular. Creo que, en aras de avanzar, que las cosas sean prolijas y céleres, nuestras universidades públicas necesitan un control ajeno a la comunidad universitaria. Tenemos la equivocada idea que mientras más plurales seamos y más gente de todos los entornos impactados con el área o una medida, formen parte de la decisión, pues habrá transparencia y menos responsabilidad, sin embargo, con ello abandonamos la eficiencia y la necesidad de hacer simple, pero ordenado y supervisado, la consecución del objetivo principal, cual es tener una educación de calidad.

En cuanto a la transparencia y divulgación, el artículo 11 de la ley universitaria contiene una lista de toda la información que debe ser pública, y creo es completa. Sin embargo, el compromiso en este aspecto para una buena práctica de gobierno corporativo, pasa porque esa información sea debidamente transmitida, con datos y lenguaje accesibles, reales y, sobre todo, que sea un mecanismo para buscar retroalimentación de parte de la misma sociedad civil y la comunidad universitaria. Los EEFF a publicar deben ser los auditados, debe incluirse en la información a revelar una memoria anual, se debe informar de los cambios relevantes, como por ejemplo la rotación del personal o del encargado del órgano de auditoría, esto dará el mensaje de buen control y transparencia. Sobre todo, las prácticas de revelación de información financiera y no financiera deben estar de acuerdo con los estándares internacionales más exigentes.

El compromiso con el “propietario” en este caso, debe ser asumido como la relación eficiente que debe existir entre la alta dirección de la universidad y las autoridades del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, de tal manera que se informe de la situación, gestión y decisiones adoptadas, pero también para comprometer a la autoridad en el desarrollo de la universidad, a través de la inversión en tecnología, en la promoción de la investigación y en un presupuesto que permita realmente generar cambios positivos. Del otro lado, el ejecutivo debe apostar por desarrollar una educación competitiva que permita la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, la mejora de la gestión pública y el desarrollo país.

Como en la mayoría de entidades y sectores en nuestro país, de nada sirve que existan los sistemas de control si no hay la voluntad de ejercer las funciones, todas ellas, de manera ética, responsable y transparente. Necesitamos, como señalamos al inicio de estas entregas, el compromiso con las buenas prácticas y la buena gestión, y para el caso de nuestras universidades públicas, esto pasa por tener buena regulación, que se ajuste realmente a sus necesidades y objetivos, un sistema de elección y selección de autoridades que promueva la meritocracia y la solidez moral, órganos colegiados no abundantes en su composición e independientes; y una dirección y gestión que cuente con los recursos necesarios para elevar la calidad educativa.

Seamos conscientes que solamente la buena educación y formación generarán desarrollo, para nuestra sociedad y el país en general, y debemos buscar que la educación y formación de calidad sean lo común en nuestro sistema público y privado, sin brechas entre ambos, con igualdad y amplitud de buena oferta para todos; hasta convertir en realidad la frase de Borges: “El aprender no soporta el imperativo, debería ser una forma de ser feliz”.

Juan Antonio Arbulú Celi es abogado por la Universidad de Piura y está cursando un MBA. Ha sido consultor en gobierno corporativo y dirección de empresas familiares de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y miembro de Grupo Banco Mundial. Es consultor del Centro de Gobierno Corporativo y Empresas Familiares de la Cámara de Comercio de Lima. Miembro de la Vicepresidencia Legal de la Corporación San Ignacio de Loyola.

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