Maximalismo juvenil en una propuesta constitucional fallida

Es hora de reconfigurar el proceso, sin olvidarse de que se debe gobernar.

Diego Palomo

Todos saben (o debiesen saber) que cuando todo son derechos, nada termina siendo realmente derecho. Lo mismo ocurre cuando se pretende poner en la categoría de principios a simples reglas.

Llama la atención la ingenuidad de algunos convencionales formados al mejor nivel, que esperaban —de buena fe asumimos— que en este ejercicio desbocado prosperara la serie de “gustitos” que se permitieron varios constituyentes que creyeron que esto era un “reality show” de poca factura.

Pues bien, a veces, con la buena fe no basta.

Hay que tener sentido de realidad y una dimensión política sólida que no se gana por una elección puntual y coyuntural. Eran aquellos convencionales “expertos” los llamados a dar curso sensato a este proceso, pero o bien optaron por otra vía (pedagógica) más sencilla y cómoda, o fueron secuestrados por la política de la cancelación a toda propuesta que no llevara sus contenidos hasta las últimas consecuencias, en un juego permanente de todo o nada, abundante de maniqueísmo.

¿Resultado? Un mal producto, que la ciudadanía rechazó de forma clara, aun cuando plebiscitar leyes o en este caso una propuesta de Constitución siempre será complejo por la variedad de cuestiones que se abordan en ella. Ni siquiera en eso fueron hábiles: cayeron en la trampa de sumar y sumar artículos, aumentando las posibilidades de hacer caer adherentes ab initio.

Al momento de escribir estas líneas, los presidentes del Senado y la Cámara, después de la segunda reunión que congregó a los partidos políticos, informaron que se arribó al consenso de que se redactará una nueva Constitución por un órgano 100% electo, que cumpla con el principio de paridad de género, añadiendo que el órgano sea acompañado por un comité de expertos y que el proceso se cierre con un plebiscito de salida con voto obligatorio.

Veremos que pasa, en lo que consideramos la última oportunidad de dejar atrás la Constitución de Pinochet. Aplaudimos el espíritu de acuerdos (al menos formal: ¡porque importante son las formas!), pero el país no puede volver a paralizarse.

Gobernar es decidir. Guste más, guste menos, gobernar es decidir, con el costo personal que eso implica. Bien lo ha podido comprobar el Presidente de la República, que ha visto como las lealtades políticas son altamente complejas en el conglomerado que lo sostiene. Y, la verdad sea dicha, no se puede pretender —a largo plazo— quedar bien siempre con unos socios tan distintos y con propósitos y visiones de sociedad hasta contrapuestos.

Es hora de entenderlo y empezar a gobernar, esto es, empezar a decidir, dejando atrás la pretensión de ser una especie de grupo de ungidos con características especiales que supuestamente gozaban de inmunidad frente a una crisis. La realidad ha mostrado que no existe tal inmunidad.

La escena pre y post plebiscito de salida muestran un panorama altamente complejo, y la versión de toma de decisiones tipo asamblea universitaria fracasó en la Convención. Y todo indica que fracasará en un Gobierno que, no obstante el tardío cambio de Gabinete, parece seguir secuestrado en su propia lógica.

Toca trabajar con vocación de mayorías y dejar de mirarse el ombligo. Corresponde dejar atrás la dialéctica insensata, que nada aporta de bueno y entender que la democracia impone principios éticos elementales que allanen el camino a una mayor y mejor cohesión social.

Es tiempo de optar por el diálogo verdadero, y no el ejercicio simulado que hemos sido testigos durante ya varios años. Esto implica varias cosas, pero sobre todo no dogmatizar, siendo capaces de transigir por el interés general.

De no ser así, seguiremos en la paradoja actual de una democracia sin verdaderos demócratas, pero sí muchos oportunistas.

 
*Diego Palomo Vélez es abogado de la Universidad de Talca, fue Decano de su Facultad de Derecho y es profesor de derecho procesal. También es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

 
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