Francisco Aranda (Diputado PSC): “Es urgente que aquellos órganos que tienen una impronta en la Constitución se renueven”

Claudio Soto
Desde España

A 600 kilómetros de la sede del Congreso en Madrid, el diputado socialista (PSC) y portavoz de la Comisión de Justicia del organismo, Francisco Aranda Vargas (43), recibe a Idealex. Es una mañana fría en Sabadell –provincia de Barcelona- zona a la que representa y en la que ha hecho gran parte de su carrera política.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB), y postgraduado de Ciencias Políticas en el mismo plantel, representa la savia joven de la socialdemocracia parlamentaria española y europea, y dentro de la instancia tiene la misión de dar continuidad a las políticas públicas en el área impulsadas por su Gobierno, y en especial, por la cartera de la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Simple y directo, dice que la administración de Pedro Sánchez -pese al impacto de la pandemia y la oposición del Partido Popular- llevará adelante todas las reformas legales necesarias para avanzar en aquellas políticas que mejoren la calidad de vida de la gente. Reconoce que la Reforma a la Ley Criminal ha quedado en el congelador y que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sigue siendo apremiante. “Pese a lo que pueda trasladar la derecha y pese a algunos desajustes en un gobierno de coalición, este es un gobierno con todavía dos años de trayectoria”, reconoce.

-¿Por qué ha costado tanto la renovación del CGPJ? ¿Cabría una nueva modalidad de elección de las altas autoridades de la judicatura?
-No nos cerramos a poder hablar de nuevas modalidades de elección. Ahora bien, hay que aprobar lo que hay que aprobar, con las normas que han servido hace algunos años. Y es curioso que el Partido Popular (PP) cuando ha estado en el gobierno, no ha tenido problemas en renovar y ahora que está en la oposición, hace 1.070 días no quiere renovar. Mi pregunta es por qué. Creo que hay una intención clara, política del PP de mantener un Consejo que no responde a la actual configuración del país, e incluso parlamentaria. Es un bloqueo político del PP, que ha decidido atrincherarse y es una lástima, porque pone en riesgo una institución constitucional, una institución muy importante para la estabilidad del país.

-¿Es urgente esa aprobación?
-Es urgente. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de Gobierno, de los jueces, no es un órgano que imparte justicia. Es verdad que tiene atribuciones muy importantes como es el nombramiento de los magistrados de las salas más importantes del país. Por lo mismo es urgente que aquellos órganos que tienen relevancia, una impronta en la Constitución se renueven. Ahora, hemos conseguido renovar el Tribunal Constitucional, hemos sentado un paso aquí, pero queda casi lo más importante que es esto.

-El ministerio de Justicia ha impulsado un Plan 2030 y recientemente anunció su Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado de 2022, dejando en el congelador una reforma al Código Penal ¿La justicia no es una prioridad para el Gobierno?
-Eso no está en el acuerdo de Gobierno entre los socios. Justicia tiene un Plan 2030 que se presentó por el ex ministro Campos hace un par de años y que ahora debe desarrollar tres leyes: La ley de eficiencia procesal, la de eficiencia digital y la organizativa. Este un Plan que empezó a desarrollarse en plena pandemia y al que hay que dar respuesta. En tanto, el Plan Normativo que ha presentado el Gobierno, que incluye 368 normas, es un plan que responde a la ambición de este Gobierno de dar un impulso reformista al país. Hay leyes muy importantes que se están trabajando, como la Reforma Laboral y otras leyes no tan conocidas, como la nueva Ley Concursal, que es una exigencia de la Unión Europea. En ese sentido yo creo que el Plan normativo responde a una ambición del Gobierno y de trasladar a la ciudadanía una imagen que, pese a lo que pueda trasladar la derecha y pese a algunos desajustes en un gobierno de coalición, este es un gobierno con todavía dos años de trayectoria que piensa agotar el mandato y que piensa llevara a cabo todas las leyes que creemos suficientes. Pero, es verdad que hay algunas que no están.

-¿Es partidario de una Fiscalía General del Estado plenamente autónoma, dedicada en exclusiva a perseguir los delitos penales y que los jueces se dediquen sólo a juzgar?
-Creo que la Fiscalía es autónoma. La reforma que ha pensado el Gobierno es verdad que ha quedado un poco parada. Me refiero a la nueva Ley Criminal. El Gobierno tiene planteado y lo ha dicho así que la instrucción se le atribuya al fiscal y no al juez, y que este se dedique sólo a juzgar. Se está trabajando en determinar con más concreción las atribuciones de cada uno.

-Pero falta la autonomía política que es muy importante…
-Creo que la Fiscalía es autónoma y tiene sus propias directrices. Es verdad que es una institución muy jerarquizada, en donde los fiscales responden a un fiscal superior, pero creo que no podemos decir que en este país la fiscalía esté politizada.

-¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la justicia en un panorama sanitario como el actual? ¿Se debe apostar por la digitalización definitiva de los procesos por ejemplo?
-Sin duda. Sin embargo, para hablar de post pandemia primero hay que ponerse en cómo está siendo la pandemia. Y en este caso, hay dos líneas de trabajo. La primera, la protección de la salud y creo que desde el primer momento esto se trabajó fuertemente tanto en prevención del contagio, como en el proceso de vacunación. Somos uno de los países del mundo con mayor porcentaje de pauta completa; y luego, la vertiente económica, de proteger a la gente que lo ha pasado muy mal, a través del mecanismo de los ERTE que pudo facilitar que no hubiera tantos despidos y que la economía se recupere con rapidez, es lo que permite que ahora podamos hablar del futuro.

Creo que en un escenario post pandémico España está en una situación muy buena para poder saltar hacia adelante ¿En qué me baso? En que somos el primer país de Europa en recoger los fondos de resiliencia y transformación. Es un mecanismo que nunca se había dado en Europa y eso nos va a permitir trabajar. Ahí se plantea cómo se han de usar esos fondos, a dónde van destinados. Una parte importante es a la digitalización de la economía, al medioambiente, en definitiva, a crear nuevas formas de trabajo no tan ligadas a lo tradicional.

-¿Y qué le parece que sean los Tribunales de Justicia los que estén determinando qué libertades personales y colectivas se restringen?
-Es una garantía el que sean los tribunales los que al final acaben decidiendo qué derechos se pueden limitar y cuáles no. Creo que es una garantía para la ciudadanía, que un Estado con separación de poderes y al que al final muchas comunidades estén acudiendo, les puedan ayudar o dirigir. Si bien soy político, me fío mucho del criterio médico. Esta es una pandemia que pone en el debate el hito de los derechos de circulación, de reunión, etc., pero creo que es importante en esto la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva.

-¿Está preparada España para acatar distintas directrices europeas y poner la normativa en línea con estas? ¿Supone eso –a la luz de lo que usted ha visto en su comisión- ajustes importantes?
-Si. Por ejemplo, estamos a punto de tramitar la Ley Concursal que es una directiva europea. Hace poco introdujimos en el debate la figura de una Fiscalía Europea, que tiene en material penal, que tener en cada país sus fiscales nacionales. España no sólo es un socio fiable, sino de los más preparados de la clase a la hora de trasponer esas directivas.

Fotografía interior: Web Congreso de los Diputados.