Fortalecimiento de las reformas a la justicia chilena

En Chile, el sistema judicial enfrenta una crisis de eficiencia y efectividad debido a la creciente demanda de nuevos asuntos judiciales en áreas como lo penal, lo familiar y lo laboral. A pesar de las reformas implementadas en las últimas décadas, la capacidad del sistema para manejar esta carga de trabajo se ha visto superada. No es realista pensar que con los mismos recursos humanos de hace 10 o más años, y más o menos el mismo personal de apoyo, se pueda cubrir con eficiencia esta demanda en constante aumento. Este desajuste genera retrasos significativos y afecta la calidad de la justicia, comprometiendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.

Diego Palomo

La insuficiencia de recursos humanos es un obstáculo crítico para el sistema judicial chileno. Hace una década, la cantidad de jueces, fiscales y personal de apoyo era similar a la actual, pero el volumen de casos ha crecido exponencialmente. Esto obliga a los profesionales a manejar una carga de trabajo abrumadora, lo que da como resultado procesos más lentos y una atención menos detallada a cada caso. Creer que el sistema puede operar eficientemente bajo estas condiciones, ignora la necesidad de actualizar y aumentar el personal para responder a las exigencias actuales, especialmente en un contexto de reformas que buscan modernizar la justicia.

Los tribunales de base, que constituyen la primera instancia del sistema judicial, son particularmente vulnerables a esta escasez de recursos. Estos tribunales gestionan la mayoría de los casos y son el principal punto de contacto para los ciudadanos que buscan justicia. Sin embargo, la falta de jueces y personal de apoyo lleva a una sobrecarga que fuerza a priorizar ciertos casos, postergando otros o resolviéndolos apresuradamente. Esta situación compromete la calidad de las decisiones y dificulta la gestión eficiente de los asuntos, traicionando la expectativa de una tutela judicial efectiva por parte del Estado.

Los tribunales superiores, como las Cortes de apelaciones, tampoco escapan a las consecuencias de esta realidad. Encargados de revisar apelaciones y resolver asuntos complejos, estos tribunales requieren tiempo y personal especializado para deliberar adecuadamente. La creciente cantidad de casos que llegan a estas instancias, combinada con recursos humanos insuficientes, reduce el tiempo disponible para cada resolución y limita la profundidad del análisis. No entender esta necesidad de más recursos en los tribunales superiores es perpetuar un sistema que no cumple cabalmente con su deber hacia los ciudadanos.

El impacto de esta falta de recursos recae directamente sobre los ciudadanos que dependen del sistema judicial para proteger sus derechos. Los retrasos en los procesos prolongan la incertidumbre y el sufrimiento, especialmente en casos sensibles como los de familia o penales. Cuando el sistema no puede ofrecer respuestas oportunas ni efectivas, se traiciona la confianza de las personas en el Estado, que debería garantizarles justicia. Esta ineficiencia no solo afecta a los involucrados en los casos, sino que también desalienta a otros a buscar tutela judicial, debilitando el Estado de derecho.

Una consecuencia tangible de esta escasez es la aparición de desfiguraciones en el sistema, como la parcelación de audiencias. En lugar de concentrar la evidencia y los argumentos en una sola sesión, los tribunales dividen los procesos en múltiples partes, diluyendo la efectividad del juicio y alargando su resolución. Lo que debería ser una herramienta para agilizar la justicia se convierte en una mala fórmula que refleja la incapacidad del sistema para manejar su carga con los recursos actuales. Estas prácticas evidencian cómo la falta de personal y apoyo distorsiona el funcionamiento judicial.

La raíz de este problema también yace en la falta de voluntad política para fortalecer las reformas judiciales. En Chile, los gobiernos han tendido a priorizar otras áreas de gasto, dejando al sistema judicial con presupuestos insuficientes para contratar más jueces, fiscales o personal de apoyo. Esta carencia de compromiso político impide que las reformas se implementen con la seriedad y los recursos que requieren. Sin una voluntad clara de invertir en la justicia, las mejoras propuestas quedan como meras intenciones, incapaces de transformar la realidad del sistema.

Además, las reformas judiciales en Chile suelen implementarse a precio de oferta, confiando exclusivamente en el supuesto poder taumatúrgico de la nueva normativa. Este enfoque asume que los cambios legislativos por sí solos pueden resolver los problemas, sin proveer la infraestructura ni el personal necesarios para ejecutarlos eficazmente. Esta visión miope ignora las limitaciones prácticas del sistema y las necesidades de quienes lo operan, dando como resultado reformas que no logran los resultados esperados y perpetúan las deficiencias existentes.

En conclusión, no es realista esperar a que el sistema judicial chileno enfrente la creciente demanda de asuntos penales, familiares y laborales con los mismos recursos humanos de hace una década. Esta falta de adaptación, tanto en los tribunales de base como en los superiores, traiciona a los ciudadanos que requieren tutela judicial, generando desfiguraciones como la parcelación de audiencias y evidenciando una falta de voluntad política. Para fortalecer las reformas, el Estado debe comprometerse a asignar más recursos y abandonar la ilusión de que la normativa sola puede sanar el sistema. Solo así se garantizará una justicia eficiente y digna para todos.

Diego Palomo Vélez es abogado de la Universidad de Talca, fue Decano de su Facultad de Derecho y es profesor de derecho procesal. También es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

 
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