Formación académica de abogacía en Latinoamérica es deficiente según CEJA

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) publicó un profundo análisis sobre la calidad de la formación académica de abogados y abogadas, así como del control del ejercicio profesional en América Latina, arrojando resultados que revelan deficiencias a nivel regional.

Parte de las conclusiones del estudio titulado “El ejercicio de la abogacía en América Latina: en la búsqueda de una agenda de trabajo” sostienen, por una parte, que existe una deficiente formación académica, escasa regulación e ineficaz control del ejercicio profesional; y por otra, una estructura piramidal que privilegia determinadas áreas de práctica, discriminación por género al interior de los estudios y un uso excesivo del litigio para resolver conflictos.

Asimismo, dentro de los sesgos de género se cuenta la falta de una regulación específica en materia de acoso laboral y sexual al interior de los estudios; la discriminación frente a las orientaciones sexuales de sus pares; la no exigencia gremial de formación continua y un control ético disciplinario dual de muy difícil aplicabilidad, entre otros temas.

El CEJA nace al amparo de la OEA e impulsa políticas para los sistemas judiciales de sus 34 países miembros y, para efectos de esta investigación, conformó una muestra regional diversa y representativa, considerando a 5 países para el levantamiento de información en profundidad: Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala y México.

El “techo de cristal” para las mujeres

Uno de los puntos más complejos del estudio es el que aborda materias de género. Diversos especialistas identificaron barreras laborales -o “techos de cristal”- para las abogadas, que se expresan en diversas limitaciones a las posibilidades de ascenso profesional a causa de su género.

De acuerdo a los investigadores, dichas barreras se encuentran constituidas como obstáculos informales, pero institucionalizados. Toman la forma de “paredes de cristal” cuando impiden la presencia de mujeres en áreas del derecho percibidas como masculinas y de “puerta giratoria”, entendida como la doble carga que pesa sobre las profesionales en atención a la imposición del deber de cuidado de las familias.

“Las entrevistas realizadas a personas expertas en materia de género de México, Costa Rica y Chile, refieren que efectivamente existe una menor compatibilidad de las labores domésticas y profesionales debido al género, lo que responde a la división sexual del trabajo que, mientras no cambie hacia una coparticipación del trabajo doméstico, supondrá una carga que dificulta el acceso de las mujeres a los espacios públicos”, señala el estudio.

Aumentan las escuelas de Derecho, pero no la calidad

Otros de los elementos apuntados por el análisis de CEJA es la multiplicación de escuelas y facultades de Derecho en la región, lo que ha generado un deterioro de la formación, así como una estratificación dentro de la misma profesión.

Los resultados plasman, igualmente, un cuestionamiento a los mecanismos de habilitación profesional que extienden considerablemente la duración de la formación jurídica, sobrepasando en varios años la extensión original de la carrera. A esto se suma la percepción del examen de grado como un obstáculo importante que ha creado, en paralelo, un “mercado de negocios en las tutorías de preparación”.

Enseñanza y “procedencia universitaria”

Respecto a la enseñanza de la abogacía, se identifica que la formación universitaria actual es insuficiente para enfrentar la realidad y la conflictividad social actuales. Esta característica se explica porque este tipo de educación sigue basándose en un aprendizaje memorístico, acrítico y sólo de reproducción de los contenidos transmitidos por la o el docente.

La procedencia universitaria es todavía un elemento determinante para la inserción laboral, de acuerdo a los entrevistados, privilegiando la incorporación de nuevos profesionales egresados de número pequeño de universidades catalogadas como “prestigiosas”.

Finalmente, sobre el compromiso de los abogados y abogadas con las políticas de igualdad de género y no discriminación, el estudio de CEJA indica que “pueden haber disminuido debido a las políticas públicas y universitarias referidas a la formación, pero no implica necesariamente que la propia organización de la abogacía esté exenta de sesgos y mecanismos que imposibiliten una cultura de igualdad y no discriminación entre los y las profesionales del derecho”.

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