Fiscalía devela preocupante aumento de homicidios y operación de bandas criminales en Chile

Como era de esperar, las propuestas de reforma al Ministerio Público marcaron la Cuenta Pública que, por última vez, realizó en su cargo de Fiscal Nacional de Chile, el abogado Jorge Abbott, quien debe dejar la institución en septiembre próximo al cumplir 75 años, límite de edad fijado para la autoridad. Pese a que la atención de los medios en general estuvo centrada en la respuesta que Abbott entregó a la idea de que la dirección del organismo sea entregada a un Consejo Superior —dejando a la figura que ostenta con limitadas atribuciones— no pasó desapercibida en su cuenta la preocupante realidad delictual que afecta al país, en donde —expuso— los homicidios con arma de fuego y la operación de bandas criminales han aumentado considerablemente.

Jorge Abbott

“Chile se está enfrentando a una violencia cada vez más cruda y agresiva, que crea inseguridad, provoca un impacto profundo en las víctimas y conmociona a toda la población. Este aumento de la violencia en los hechos de homicidio es una situación apremiante, que debemos enfrentar con políticas públicas basadas en evidencia”, señaló Jorge Abbott en su discurso.

Las cifras

Teniendo como base el Primer Informe de Homicidios en Chile (Realizado por la institución para el período 2016-2020), la autoridad develó un preocupante aumento de 66% de los homicidios, durante los últimos 5 años. En este mismo período -señaló- el estudio evidenció que el 87% de las víctimas son hombres, que el 92% de los imputados también lo son y que, durante el año 2020, por cada 100 mil habitantes muere una mujer y 10 hombres, a consecuencia de la acción homicida.

El informe, explicó Abbott, registró que el 6,1% de las víctimas, tanto de crímenes perpetrados por individuos como por bandas criminales , son extranjeros, preferentemente de Colombia, Perú y Haití; y que solo el 3,8% de los imputados conocidos son inmigrantes. La mayor presencia de imputados extranjeros se registra en las regiones del norte del país que enfrentan un fenómeno complejo de migración irregular.

En tanto, graficó la autoridad, en 4 de cada 10 casos el fallecimiento se produce por el uso de armas de fuego; mientras que en 8 de cada diez casos investigados el imputado es conocido. Entre 2016 y 2020, las sentencias condenatorias alcanzaron el 61% del total de términos, enfatizó.

Violencia rural

El Fiscal Nacional también reveló un aumento de la violencia rural en los últimos años. “Investigar ilícitos de violencia rural involucra dificultades que no se dan en la indagatoria de otros ilícitos. Estos hechos se cometen en zonas rurales de difícil acceso, que dificultan la llegada de la policía, regularmente de noche, y donde los perpetradores tienen un conocimiento del territorio que les facilita tender emboscadas”, dijo.

Ante este recrudecimiento de delitos por parte de individuos y bandas criminales, el fiscal llamó a contar con un estatuto legal integral de protección a víctimas y testigos. “En investigaciones complejas de este tipo es difícil encontrar testigos dispuestos a declarar, pero aún lo es más poder ofrecerles medidas de protección integrales que, en cambio sí existen, por ejemplo, para los testigos amparados por la Ley de Drogas”, señaló.

Nueva Constitución

Sobre el proceso de construcción de una nueva Constitución y que aborda una amplia reforma a la dirección del Ministerio Público, Abbott señaló que la institución a su cargo manifestó su disposición para aportar al debate sobre el sistema de justicia penal. El resultado -explicó- “fue un documento que pusimos a disposición de la Convención Constitucional y que, en su parte medular, aboga por un Ministerio Público autónomo e independiente para ejercer la acción persecutoria, sin cortapisas o inhibiciones a la labor investigativa”.

“En el debate constituyente reciente ha habido iniciativas que, respetuosamente, no compartimos. Sabemos que el proceso aún está en marcha y que falta para arribar a un acuerdo que sirva a los chilenos y chilenas que día a día requieren respuestas claras y contundentes de parte de la institución que está designada por la Constitución para representarles en la defensa de sus derechos cuando un delito les ha afectado. La institucionalidad que sea aprobada para el Ministerio Público en el proceso constituyente no puede responder a criterios ideológicos o políticos circunstanciales”, recalcó finalmente.

Revisa la Cuenta Pública 2022 en el siguiente enlace.

 
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