Fiscales en alerta por avance del crimen organizado y cuestionamiento a investigaciones

Claudio Soto
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Su preocupación por mejorar la coordinación y políticas para enfrentar el crimen organizado que sustenta actividades de narcotráfico, terrorismo y trata de personas con fines de explotación, fueron temas prioritarios en la 28° Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) que reúne a 22 órganos persecutores, incluyendo a España, Portugal y Andorra.

En una reunión virtual, la asociación —presidida por el Fiscal Nacional de Chile, Jorge Abbott— se puso sobre la mesa la necesidad de establecer y avanzar en estrategias comunes por cuanto las actividades, por ejemplo, de tráfico de drogas, son fenómenos delictuales que afecta transversalmente a varios países en la cadena de producción y distribución ilícita.

En las Asambleas de Fiscales Generales se han alcanzado importantes conclusiones y resoluciones, tales como la decisión de apoyar la instauración de un modelo acusatorio en el proceso penal, y hacer frente, con carácter prioritario a la delincuencia organizada y a la corrupción, así como promover un papel central de los Ministerios Públicos en la cooperación judicial internacional y en el apoyo a las víctimas de los delitos.

La AIAMP cuenta además con redes de fiscales especializados/as y mantiene diversos grupos de trabajo sobre temas específicos, que en la Asamblea General presentan la actividad llevada a cabo durante el año.

Desacreditación de investigaciones

En tanto, casi de manera paralela, la Federación Latinoamericana de Fiscales, a través de un comunicado público, firmado por la fiscal argentina, Susana Pernas, como presidenta; el Fiscal Federal de Salta, Ricardo Rafael Toranzos, como secretario general; y, el Fiscal General adjunto de Buenos Aires, Marcelo Varona Quintián, como secretario de Relaciones Exteriores, manifestó su preocupación por lo que ocurre en varios países de la región, en donde grupos criminales o imputados de alta connotación buscan desacreditar las investigaciones a los que son sometidos.

Es una situación «que se viene repitiendo en varios países latinoamericanos, cuando se realizan serias acusaciones a cuadros superiores de organizaciones delictivas o a imputados con alta trascendencia social, que se pretende atacar las investigaciones judiciales desacreditando o amedrentando la persona de los operadores, en especial la de los fiscales que asumen un rol trascendente en las investigaciones”, se lee en el comunicado.

La asociación, a la que se unió hace pocos días los investigadores colombianos, pone como ejemplo lo que estaría ocurriendo con investigaciones penales en Uruguay. “Hemos observado que, en los últimos tiempos en la República del Uruguay, varios fiscales se vieron mencionados, tanto en el ámbito parlamentario como en artículos mediáticos, por autoridades políticas, adjudicándoles intenciones parciales y hasta delictivas, fundándose en datos que no fueron sometidos a un previo y lógico tamiz de verosimilitud, lo que permite sospechar que existe una aparente intención de contaminar la investigación”, indican

Este llamado de atención —agrega el comunicado— “en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de los establecido en el orden constitucional y en las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio”.