La medida forma parte del "Proyecto Abogacía de Empresa", iniciativa diseñada para potenciar la colegiatura de los juristas que desempeñan...
Fiscales de empresas: la solución en períodos de crisis económica
Existen casos donde la reducción de costos es radical: fiscales que han generado un ahorro de hasta un 75% en abogados externos durante sus primeros años de gestión o en seis meses han pagado su sueldo anual.
3 noviembre, 2015
-Matías Ortúzar
En periodos de crisis económica, lo normal es que las empresas tiendan a abaratar costos y no a aumentarlos. Ahora, dado que las contingencias legales ocurrirán siempre, he aquí la mejor receta para generar un ahorro importante: contratar a un fiscal.
Aunque parezca increíble, la mayoría de las empresas aún no se han dado cuenta de este hecho. Hoy, no contar con un fiscal, es el equivalente a dejar una llave de agua corriendo en época de sequía.
¿Cuáles son los requisitos de un fiscal, gerente legal o abogado in-house?
Un buen fiscal es aquel que logra cumplir adecuadamente su dualidad fiscalizadora y generadora de negocios: facilita las operaciones de su empresa, dando soluciones y no trabándolas; sin embargo, también que tiene un sólido conocimiento jurídico, que pone al servicio de la compañía.
Un buen fiscal es capaz de dirigir a sus abogados internos y externos, en la dirección que la compañía ha fijado. A la vez, busca resolver con eficiencia la mayor cantidad de problemas por su cuenta, dejando sólo los más complejos a los externos.
En fin, un buen fiscal entiende que su aporte en la empresa es sólo un medio más para lograr un fin común: el éxito del negocio.
Honorarios, un tema crucial
La forma más habitual de cobro de los estudios jurídicos es por hora trabajada. El valor de esta hora, dependerá de la experiencia que tenga el abogado a cargo de los temas. Normalmente, el valor hora de un abogado junior (3 o 5 años de experiencia), en un estudio jurídico grande, suele ser de 3 UF (US$ 111 aprox.); el de un abogado senior (6 a 10 años de experiencia) 5 UF (US$ 111); y el de un socio (más de 10 años de experiencia) 7 UF (US$ 258), pudiendo llegar incluso a 10 UF (US$ 369).
Pongamos un ejemplo habitual y conservador. Una empresa que no cuenta con un fiscal requiere 150 horas mensuales de asesoría jurídica para llevar sus operaciones básicas: participar en directorios, revisar contratos, confeccionar poderes, y otros similares, algo que cualquier fiscal debería estar capacitado para realizar por sí mismo.
Sacando un promedio de un valor hora de 5 UF por asesoría externa de abogados, la empresa en cuestión estaría gastando en torno a los $18.750.000 mensuales, cuando normalmente un fiscal (que podría resolver estos temas solo) gana una remuneración mensual que oscila en torno a los $6.000.000 o $7.000.000. Por lo tanto, en este caso estaríamos hablando de un ahorro al mes de al menos $10.000.000 (60% del costo mensual en abogados externos).
Incluso, hemos sido testigos de casos de reducción de costos más radical, por ejemplo, de fiscales que han generado un ahorro de hasta un 75% en abogados externos durante sus primeros años de gestión; y otros, donde incluso el fiscal ha pagado su propio sueldo anual, con sólo 6 meses de ahorro en externos.
Recordemos que un buen fiscal no sólo ahorra a la compañía al realizar trabajo legal interno, sino también controlando el cobro de honorarios cuando se requiere el apoyo de abogados externos. Para esto, también buscará las mejores alternativas dentro del mercado, para contar con servicios legales adecuados, al más bajo costo.
Esto no quiere decir que el fiscal prescinda absolutamente de los abogados externos, sino que limita sus servicios a temas específicos, concretos, que escapan a los conocimientos de la fiscalía o al volumen que pueden abarcar.
Otros beneficios de contar con un fiscal de empresa
Los abogados in house no sólo generan un ahorro importante en gastos legales de las compañías, sino que además, su conocimiento de la empresa y del negocio mismo le permiten determinar de mejor manera cuáles son las reales necesidades de ésta, orientando la asesoría legal. Ello lo convierte en el interlocutor adecuado para guiar a los abogados expertos (externos) sobre la forma de abordar las contingencias legales de la empresa, en pro del negocio, y entrega una mayor eficiencia, al permitir respuestas más rápidas ante cualquier consulta interna que se genere.