Firmas peruanas reaccionan ante el nuevo confinamiento

El pasado 26 de enero el gobierno peruano, a través de la publicación del Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, prorrogó el Estado de Emergencia Nacional y además aumentó las restricciones de movimiento con el objeto de hacer frente a la segunda ola del Covid-19 que afecta a ese país.

Fueron varios los estudios de abogados que reaccionaron rápidamente para precisar la norma a sus clientes, mediante comunicados, como fue el caso de Simons Abogados, con una publicación en su web, como CMS Grau, o con un webinar, como decidió hacerlo el estudio Muñiz.

Verónica de Noriega, socia del estudio Simons y especialista en litigios y arbitraje, explica que la norma comenzó a regir el 31 de enero, y, en principio, durará hasta el 14 de febrero. El Decreto Supremo establece distintos niveles de aislamiento por zonas, e incluye 4 niveles de seguridad: normal —no hay ninguna provincia hoy en esa calificación— alto, muy alto y extremo, que implica confinamiento total, por 14 días, donde se incluye a Lima, la capital, y a Callao.

La abogada agrega que la regulación describe los aforos máximos para cada sector comercial, según el nivel en el que se encuentren, y regula los horarios de apertura y cierre: «Los establecimientos comerciales deben cerrar 2 horas antes del inicio de la inmovilización social obligatoria y se prohíben las reuniones familiares y visitas en domicilios».

De incumplir las medidas, se arriesgan diversas sanciones, a las que se suma que los infractores que no hayan cumplido con pagar la multa impuesta «no podrán realizar trámites ante entidades del Estado ni podrán ser beneficiarios de los programas estatales de apoyo económico, alimentario y sanitario», salvo que exista una causa justificada.

Para Pierino Stucchi, socio del estudio Muñiz, las normas son más “equilibradas” y menos “restrictivas” que las tomadas por el gobierno en marzo.

Mejor preparados

Según las socias y socios de firmas peruanas consultados, esta vuelta a las restricciones los encuentra en mejor pie que en marzo del año pasado. El socio principal de Rodríguez Angobaldo Abogados, Fernando Rodríguez, recordó que al inicio de la pandemia, muchos estudios jurídicos no estaban preparados: «El confinamiento nos encontró en medio de la transformación tecnológica”. La situación hoy es radicalmente distinta.

Por su parte, Pierino Stucchi —a cargo de libre competencia y consumo— reflexiona sobre los desafíos de este 2021: “Nosotros creemos que la clave está en la asesoría legal, en la comunicación con los clientes y la inmediatez”. Y siguiendo esa lógica, apenas conocida la dictación de la norma, en Muñiz generaron un webinar para el mismo día de la publicación del decreto, con más de 300 espectadores. “El asesor legal debe estar activo, para dar claridad, certeza y para explicar razonablemente a los clientes dichos cambios, sobre todo ahora que no podemos conversar cara a cara”, enfatiza el abogado peruano.

Coincide con esta posición Fernando Rodríguez, quien complementa: “Nosotros hemos buscado fortalecer la relación con los clientes para que sepan que, incluso durante el confinamiento, los estaremos asesorando constantemente”.

Temas pendientes

El siguiente desafío de los estudios jurídicos sería lograr aterrizar el impacto que una medida como ésta puede traer a los clientes, mientras el gobierno va liberando especificaciones más concretas.

Para Rodríguez, de Rodríguez Angobaldo, una de las cuestiones a resolver es hacer un mapeo que permita conocer las ayudas tributarias a las empresas y en qué se traducen, considerando que el proceso de pago de impuestos comienza en marzo, situación que ponen de relieve varios abogados como de la más alta preocupación.

También es momento, añade, de revisar las condiciones de las medidas entregadas al inicio de la pandemia, como el plan Reactiva, que consiste en créditos con bajo interés, subsidio estatal y que cuentan además con un año de gracia para el pago. “Ya se está hablando de prorrogar el plazo a dos años de gracia”, afirma Rodríguez.

A esto se le suma, según consigna el diario El País (España), el anuncio de la primera ministra Violeta Bermúdez respecto a un bono de US$ 164 para las familias de las 7 zonas más afectadas, pero respecto del cual aún no existe claridad sobre cuándo comenzaría su pago. Todo estaría dependiendo del tiempo que dure el confinamiento.

Poder Judicial al 60%

El viernes 28 de enero, los estudios jurídicos recibieron una resolución administrativa que evacuó el Poder Judicial, que regula y norma el funcionamiento de los tribunales durante las próximas 2 semanas.

En dicha resolución, este órgano del Estado prescribe, por ejemplo, que en las regiones en alerta máxima se suspende el trabajo presencial y se autoriza a los jueces a retirar expedientes de los despachos para el trabajo remoto, ya que todas las audiencias serán virtuales.

Para Cecilia Vargas, socia de CMS Grau, la experiencia de este tipo de audiencias ha sido positiva y los problemas, muy excepcionales.

No obstante, la abogada afirma que se ha perdido algo de la intermediación, lo que impide apurar procedimientos: “Por ejemplo, antes cuando yo llegaba a acuerdo con mi contraparte, iba donde el juez, le hablaba del acuerdo y le pedía que nos adelantará la audiencia para cerrar el caso. Eso ahora no se puede generar”, dice.

Otro factor que afecta a la litigación, según Vargas, es que el Poder Judicial funciona “al 60%” y “la infraestructura no tiene la capacidad tecnológica para el nuevo trabajo remoto”.

Resultados vs. cumplimiento de horario

Los abogados consultados para esta nota evalúan muy bien cómo ha funcionado el trabajo remoto en la situación de pandemia, pero asumen que existen puntos pendientes para desarrollarlo, si no está el coronavirus de por medio.

Para Cecilia Vargas, hay que actualizar la normativa y “resolver ciertas inconsistencias” que tiene en lo relativo a la forma de valorar el trabajo: “Debemos girar a un sistema enfocado en resultados y no en cumplimiento de horario, y en donde la supervisión respete el derecho a desconexión, intimidad, imagen y el secreto de las comunicaciones”.

Por su parte, Fernando Rodríguez estima que queda pendiente que dentro de los estudios jurídicos, independientemente de si hacen trabajo remoto o presencial, se respete la individualidad de cada trabajador: “Hay que respetar cómo cada empleado mide los riesgos y administra la vida frente al Covid, porque si lo obligas a ir a la oficina, puede ser contraproducente” .

Cecilia Vargas es de la misma opinión y agrega, en su calidad de especialista en derecho laboral, que existe la posibilidad, post pandemia, de que surjan algunas demandas de trabajadores contra empleadores, intentando atribuirle a estos últimos la responsabilidad del contagio.

En cualquier caso, explica, Verónica de Noriega, del estudio Simons, los abogados pueden ir presencialmente a la oficina —al igual que los trabajadores de diversos sectores e industrias— si han obtenido por internet su pase laboral. Y de ahí surge la importancia de conversarlo muy bien al interior de cada firma y a la vez de informar a tiempo a los clientes, de modo que puedan tomar decisiones con todas las cartas sobre la mesa.

 
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