Financiamiento estatal de centros educativos religiosos: una controversia legal en California

Pese a la prohibición que existe en California sobre la entrega de recursos estatales a escuelas que impartan enseñanzas sobre fe y espiritualidad, existe un grupo de familias que quieren cambiar esta Ley y permitir la recepción de dinero estatal para este tipo de instituciones religiosas.

En la actualidad, existen, a lo menos, dos demandas federales en California, las que, en parte, pueden ser apoyadas por la Corte Suprema, lo que se podrá ver en tribunales.

La Constitución de California prohíbe que se financie con dinero público cualquier escuela confesional o religiosa, y prohíbe que se enseñe cualquier doctrina o instrucción acorde a estos temas en cualquier escuela pública, ya sea directa o indirectamente.

La forma en que las familias, contrarias a este sistema, evaden esta prohibición es mediante la educación en casa o “homeschool” donde los estudiantes son educados por sus propios padres o maestros que van a sus hogares. En este último caso, existen escuelas de estudio independiente que reciben miles de dólares para su funcionamiento. Los niños y niñas terminan asistiendo a programas de instrucción religiosa híbrida.

Pese a la entrega del dinero, este no puede ser ocupado para pagar una matrícula o plan de estudios religioso.

Esta es la realidad que quieren cambiar tres familias en el caso Woolard versus Thurmond. La contienda, que ha llegado hasta un tribunal federal, se debe a que Tony Thurmond, superintendente del Estado, tiene a su cargo dos “homeschool” que pueden utilizar los recursos estatales. Las familias reclaman que ellos también deberían poder ocupar los recursos para su propia “educación en casa”.

Tony Thurmond

La norma constitucional de California, no entregará dinero para que los estudiantes puedan acceder a una escuela religiosa de carácter especial, incluso si es la idónea para el estudiante, así lo afirma Eric Rassbach el abogado de los demandantes.

Eric Rassbach

Esto también se enmarca en los centros educativos religiosos que tienen de estudiantes a niños y niñas con necesidades educativas especiales. Así Michael A. Helfland, en artículo en el medio City Journal señala la batalla de este grupo de personas es que sus escuelas se conviertan en escuelas no públicas certificadas por el Estado, esto con el fin de poder generar los recursos para que los niños y niñas accedan a escuelas que tengan las herramientas para enseñarles adecuadamente, ya sean religiosas o no.

Michael A. Helfland

Es así como Michael Helfland se refiere a la búsqueda de igualdad de criterios entre instituciones educativas, laicas y religiosas: “Por lo tanto, si un Estado concede, por ejemplo, subvenciones para la conservación histórica a todas las instituciones privadas, debe hacerlo para todas las instituciones que cumplan los requisitos, incluidas las religiosas. Y se podría pensar que también significa que, si el Estado certifica a las escuelas privadas para que se conviertan en escuelas con necesidades especiales, las escuelas religiosas también deben poder solicitarlo”.

¿Discriminación o no?

Llegamos a la historia central del asunto —lo que ha llevado a las repercusiones legales y sociales para las personas involucradas-: Si el estado de California realiza una prestación pública, la que se supone es de acceso general, no puede restringir su uso para la prestación por motivos religiosos.

Justin Butterfield, abogado de los demandantes de Woolard, afirma: “El Tribunal Supremo ha tenido varios casos recientes en los que ha dicho que si un Estado ofrece una prestación, no puede discriminar a las personas que la utilizan solo porque sean religiosas”. A su vez, agrega: “Mi esperanza es que, cuando California ofrezca un programa como este, deje que las familias elijan el plan de estudios que más les convenga, ya sea laico o religioso”.

Justin Butterfield

Los abogados estatales, en contraparte, señalan que la educación pública debe ser laica y aquellos tutores que deseen brindar una educación religiosa a sus pupilos deberán costearla por su cuenta.

Existen antecedentes a favor de las familias que poseen una religión, tal es el caso Carson contra Makin donde se señaló que era discriminatorio excluir a las escuelas religiosas de su programa de ayuda estatal a matrículas familiares.

Existen otros casos que han llevado a que se comience a legislar sobre este tema de una forma más favorable hacia las personas que buscan dinero estatal para financiar programas de educación religiosa.

La pugna entre el derecho a decidir que tipo de educación obtienen las personas, en este caso, se ve contextualizada por un tema de recursos económicos y religión.

El caso Woolard está a la espera de la decisión de un juez de distrito sobre la petición de desestimación del Estado.

Este es un extracto traducido de la nota original en inglés, titulada California bans public funding for religious schools. With the courts’ help, these families want to change that y publicada por San Diego Union Tribune el 19 de mayo de 2024.

 
También te puede interesar:
― Estudio da cuenta de la disminución racial en las facultades de Derecho en EEUU
—¿Muchas facultades, menos calidad? La paradoja en la educación jurídica
—No es novedad: la ideología afecta a los tribunales supremos