Financiamiento de litigios por terceros: casos que marcaron la diferencia

El financiamiento de litigios por terceros —conocido globalmente como third party funding (TPF)— es una práctica cada vez más común en la resolución de controversias complejas. A medida que aumentan los costos de las disputas legales, han surgido estructuras innovadoras que permiten facilitar el acceso a la justicia. Entre ellas, el TPF destaca por su impacto transformador en la manera en que los litigios pueden sostenerse, especialmente cuando la parte demandante no cuenta con los recursos para hacerlo.

Emma Fischer

En términos simples, el TPF implica que una entidad ajena a la controversia —habitualmente un fondo de inversión especializado— proporciona capital a una de las partes para financiar los costos del procedimiento judicial o arbitral, a cambio de una parte del monto recuperado en caso de éxito. Si el caso fracasa, el fondo asume la pérdida.

Como ya se abordó en una columna anterior, naturalmente existen varios mitos en torno al TPF. En esta oportunidad, el foco estará en recorrer casos emblemáticos financiados por terceros en distintas áreas del derecho, destacando no solo su impacto legal y económico, sino también su dimensión social.

Caso Montara oil spill: justicia en alta mar
En 2009, frente a la costa de Australia, la plataforma petrolera Montara protagonizó uno de los derrames de crudo más devastadores en el Mar de Timor. Este desastre no solo afectó de manera catastrófica los ecosistemas marinos, sino que también perjudicó a más de 15.000 cosechadores de algas en Indonesia, cuya subsistencia dependía de esta actividad extractiva.

Gracias al apoyo de un fondo de litigación, los cosechadores pudieron entablar una compleja acción transnacional en contra de la operadora de la plataforma. El tribunal determinó que la subsidiaria tailandesa había actuado con negligencia. A consecuencia de ello, las partes llegaron a un acuerdo mediante el cual se otorgaron USD 129 millones a los cosechadores afectados. Sin el respaldo del TPF, estos trabajadores nunca habrían podido presentar la demanda ni, mucho menos, sostener un litigio que se extendió por más de diez años.

Caso Qui Tam Whistleblower: proteger al denunciante, sancionar el fraude
Un caso paradigmático bajo la False Claims Act de Estados Unidos involucró a una exgerente de una empresa de laboratorios clínicos, quien denunció un esquema de fraude en perjuicio de programas federales que afectó a 14 Estados.

Como ocurre con muchas denunciantes (whistleblowers), tras su acción enfrentó represalias laborales y dificultades para reinsertarse profesionalmente. Fue con la ayuda de un TPF que pudo iniciar la demanda, lo que derivó en un acuerdo entre el gobierno federal y la empresa por USD 26,7 millones. Por su rol clave en el descubrimiento del fraude, la denunciante recibió un porcentaje significativo del monto recuperado, conforme con lo que dispone la ley. Este caso ilustra cómo el TPF puede ser crucial para empoderar a individuos que actúan en el interés del bien público, pero que quedan vulnerables tras su denuncia.

Víctimas de inundación en Queensland: acción colectiva por responsabilidad institucional
Entre 2010 y 2011, lluvias excepcionales provocaron el desborde del río Brisbane, ocasionando graves inundaciones que afectaron a miles de hogares y negocios, además de causar 35 muertes.

Un fondo de financiamiento respaldó la investigación realizada por los abogados para determinar las causas de los estragos, así como la acción colectiva interpuesta en nombre de 6.500 víctimas. El objetivo era probar la negligencia de los operadores de las represas y de la administración local, quienes no habrían seguido los manuales al ignorar las alertas meteorológicas. Finalmente, el caso concluyó en un acuerdo por el monto de USD 290 millones. Este caso destaca cómo el TPF puede ser una herramienta de justicia colectiva, permitiendo que comunidades enteras exijan responsabilidades a grandes entidades públicas y privadas.

Caso jalapeños Sriracha: defensa de una empresa familiar frente a un grande
En 2016, la creadora de la popular salsa picante Sriracha decidió rescindir intempestivamente su contrato con la granja familiar que le proveía los jalapeños para su salsa desde hacía más de 30 años. Este término unilateral y sin aviso devastó al negocio de la familia: provocó el despido de la mitad de sus trabajadores y la pérdida del 80% de sus ingresos, todo ello agravado por el contexto de la pandemia.

Con el respaldo financiero de un fondo, la familia logró la victoria judicial sobre la empresa, obteniendo una indemnización por USD 23,3 millones. En este caso, el financiamiento no solo les permitió solventar los gastos del litigio, sino que además ayudó a mantener a flote la empresa, conservar a sus trabajadores e invertir en ella. Es un ejemplo claro de cómo el TPF puede equilibrar la cancha entre partes asimétricas en términos de poder económico.

El financiamiento de litigios por terceros ya no es un fenómeno marginal ni exclusivo de grandes arbitrajes comerciales. Como muestran los casos revisados, su alcance abarca desde denuncias por corrupción y fraudes sistémicos hasta desastres ambientales, acciones colectivas y litigios comerciales con impacto en pequeñas empresas. Más aun, en muchos de estos casos, el acceso a la justicia habría sido ilusorio sin el apoyo económico y estratégico del TPF.

 
Emma Fischer es analista legal en Loopa Finance.

 
También te puede interesar:
— Los mitos y críticas que rodean la financiación de litigios
— El auge del Third Party Funding en Latinoamérica