Examen de grado: el Babel del Derecho

Andrea Sánchez / Anais Castillo

Durante las últimas dos décadas en Chile abogados, estudiantes de Derecho y las universidades han estado cuestionando el examen que permite obtener el grado de Licenciado en Ciencias Sociales y Jurídicas, por diversas razones, una de las cuales es el dispar grado de exigencia de la prueba, que depende de múltiples factores, con pocos que sean controlables por el alumnado.

Al cóctel hay que agregarle que periódicamente surgen voces que, con mayor o menor fuerza, buscan elaborar un examen de grado —también conocido como «licenciatura»— único para todo el país, como se hace en Medicina, propuesta que concita apoyos y críticas de similar entidad.

A principios de este año, una licenciatura telemática en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile repercutió en redes sociales, con una bullada petición de #ReformagradoUChileya.

El hecho de que la prueba sea evaluada por cada institución de educación superior de manera independiente y según sus propios criterios, por una parte genera desniveles de dificultad y por otra, discordia a propósito de los contenidos mínimos suficientes para habilitar el ejercicio profesional de la disciplina.

El artículo titulado «Diseño de un examen de grado por competencias en la carrera de Derecho», contenido en el número de junio de 2019 de la publicación científica codirigida entre Brasil y Chile: “Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho”, explica que en Chile existen 3 modalidades distintas para rendir esta prueba final, que se aplican —una u otra— de acuerdo a los criterios de cada plantel. A partir del levantamiento de datos de 25 universidades a nivel nacional, se describe que lo más recurrente es el examen oral, con un 77% de aplicación; le siguen con 15% los mixtos y en último lugar, con un 8%, la modalidad escrita.

En todos los casos, se interroga sobre distintas áreas definidas previamente como obligatorias. No obstante, la selección de dichas áreas también depende de cada universidad. Algunas establecen 2; otras 3; un tercer grupo considera 4; y por último, el cuarto sector exige 2 obligatorias y una electiva.

Facultad de Derecho Universidad de Chile

Examen oral

La modalidad oral es la tradicional y más frecuente en Chile. En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), así como en las universidades Academia de Humanismo Cristiano, Católica del Norte (UCN), Católica Silva Henríquez (UCSH) y de las Américas (UDLA), establecen la examinación obligatoria de los conocimientos adquiridos por el o la estudiante en 3 áreas disciplinares: civil, constitucional y procesal.

La cédula que exige la aprobación en esas 3 materias, también se aplica en la Universidad Austral (UACH) y la Universidad Católica de Temuco (UCT). No obstante, éstas presentan distintas modalidades de interrogación.

En el caso de la UACH, se inicia con una exposición del examinado sobre su memoria de prueba, cuyo tema es escogido por el o la estudiante dentro de un temario que prescribe la institución; y luego continúa con la interrogación en los 3 campos de saberes mencionados. La UCT, en cambio, aplica una cédula voluntaria que considera, primero, una evaluación de un tema específico que el estudiante sortea dentro de un área de su elección, para luego ser interrogado en las 3 áreas establecidas.

Otra configuración es la cédula que utilizan las universidades Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Central (UCEN), de Concepción (UDEC), U. de Chile, del Desarrollo (UCEN) y de Valparaíso (UV). Según los datos que proporciona la investigación, ésta consiste en una exposición inicial, seguida de una interrogación en 2 ramas del derecho (civil y procesal), para finalizar con una examinación de cualquier asignatura del currículum mínimo, determinada por sorteo.

Por otro lado, la Universidad Católica de Chile (UC) contempla 2 áreas de interrogación obligatoria (procesal y civil), más una tercera a elección del examinado, al igual que las universidades Alberto Hurtado (UAH), Arturo Prat (UNAP), Bernardo O’Higgins (UBO) y de los Andes.

Algunos casos particulares de pruebas orales refieren a las universidades Autónoma de Chile y UAH. Las asignaturas de examinación obligatoria de la primera son solamente 2 (derecho civil y procesal), mientras que la U. Alberto Hurtado aplica un examen de grado en distintos actos, con varias interrogaciones en días diferentes.

Evaluación escrita

Esta modalidad es menos utilizada, pero de igual manera presenta distintas formas de ser aplicada. Entre las universidades que la practican están la U. Andrés Bello (UNAB), Diego Portales (UDP) y Adolfo Ibáñez (UAI).

En la UNAB, el examen de grado está compuesto por distintas instancias que el estudiante debe aprobar a lo largo de todo el proceso educativo. La primera se aplica en el cuarto semestre y mide la comprensión lectora con una ponderación del 20% de la nota final. El segundo ejercicio se realiza en el octavo semestre, donde el examinado debe aplicar y resolver un problema jurídico, ponderando el 30%. Y por último, el 50% restante de la nota se obtiene posteriormente al egreso, con el análisis y resolución de un problema jurídico de mayor complejidad.

La UDP, por su parte, desarrolla una evaluación que consiste en responder preguntas, para luego resolver un caso práctico —en un tiempo determinado— sobre materias de derecho civil y derecho procesal civil.

En cambio, para obtener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas en la UAI, los egresados deben rendir y aprobar el examen de grado escrito dentro de los 6 semestres siguientes a su egreso, en el que son evaluados en derecho civil y procesal civil.

Examen mixto

Por exámenes mixtos entendemos un sistema de evaluación dividido entre una parte oral y otra escrita. En esta categoría se encuentran las universidades de Talca, SEK y Mayor. Algunas de ellas otorgan distintas posibilidades a elección de sus alumnos.

Su aplicación también depende del criterio y reglamentos de cada una. Por ejemplo, en la Universidad de Talca, el examen de grado considera las disciplinas de derecho civil, derecho procesal y una tercera escogida por el estudiante dentro de las materias de la malla curricular. La primera parte es oral, sobre conocimientos teóricos con una ponderación del 60%; la segunda corresponde al examen escrito que pondera el 40% de la nota final.

En la Universidad SEK, el examen de grado apunta a 2 áreas: civil y procesal. Éste comienza con una evaluación oral de derecho civil ante una comisión examinadora, cuya aprobación es requisito para rendir la evaluación escrita de derecho procesal, dentro de un plazo de tres meses.

Mientras que en la Universidad Mayor, la habilitación profesional inicia en el décimo semestre de la carrera, asignándole un 30% de la nota final de estudios al promedio obtenido en las materias de derecho civil, procesal y constitucional. Luego, continúa después del egreso cuando -en un mismo día- el estudiante debe resolver un caso y posteriormente ser interrogado por una comisión de docentes de las 3 áreas del Derecho mencionadas. Entre ambas instancias se pondera el 70% restante de la nota final.

Latinoamérica

A continuación mencionaremos algunas instituciones de educación superior que imparten la carrera de Derecho en distintos países de Centro y Sudamérica —elegidas de manera arbitraria—, para ejemplificar la diversas formas de habilitación profesional que se pueden encontrar en la región.

Al igual que en Chile, las instituciones educativas del Perú establecen sus exámenes de grado según el criterio de cada universidad. Sin embargo, el examen de grado no es la única opción de titularse. Tanto en la Universidad de Lima como en la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP), se otorga el grado de bachiller al cabo de 12 semestres y, para los interesados en obtener el título profesional, se suman otras evaluaciones.

En la Universidad de Lima existen las opciones de elaborar y sustentar una tesis, así como la de rendir un examen de suficiencia profesional, que consiste en la confección de un informe escrito con sustentación oral sobre 2 expedientes finalizados, con sentencias contradictorias de relevancia jurídica.

La PUCP, en cambio, pone a disposición de los estudiantes 5 modalidades de titulación: elaborar un informe de resolución en el marco de un Programa de Segunda Especialidad; otro, en el marco del curso de titulación; un tercero sobre expedientes; luego, la entrega de una memoria; y por último, el desarrollo de una tesis.

En contraste, Bolivia presenta otras alternativas que habilitan a los bachilleres a ejercer la abogacía. En la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX),  por ejemplo existen 5 posibilidades para graduarse de la carrera, estas pueden ser por medio de un trabajo dirigido, proyecto de grado, excelencia académica, tesis de grado o un internado.

En Brasil, el organismo responsable de otorgar el título profesional es el Colegio de Abogados, quien aplica la modalidad escrita para contestar alrededor de cien preguntas que refieren a una diversidad de temas que van desde la ética profesional hasta contenidos específicos de cualquier área del Derecho.

En cuanto a Colombia, al igual que en España, el Estado es el encargado de entregar la licencia profesional y examinar el proceso formativo. Por ejemplo, en el caso de la Pontificia Universidad Javeriana, los estudiantes escogen entre elaborar una monografía jurídica o realizar una judicatura en un lugar aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.

En el caso de Paraguay, por ejemplo, el reglamento de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) que dispone la aprobación de un trabajo de grado, así como la evaluación general y/o de la práctica profesional supervisada. Sin embargo, el estudiante puede reemplazar el trabajo de grado y la práctica profesional supervisada por materias que tengan un elevado nivel académico-profesional capaces de justificar dicha sustitución y cuya carga horaria equivalga a la cantidad de créditos que se le asigna a los procesos originales.

Por otro lado, en la Universidad de Cuenca, de Ecuador, cada carrera exhibe una modalidad propia de titulación. En Derecho, se les solicita a los estudiantes que analicen un caso, para posteriormente entregar un informe que luego se presenta frente a una comisión evaluadora.

Más al norte, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por ejemplo, existen 6 modalidades  para obtener el título de abogado. La primera es la realización de una tesis escrita junto a un examen oral profesional, en la que deben hacer un trabajo de investigación que plantee y busque una solución en el área de conocimiento jurídico elegida por el estudiante entre las 17 posibilidades disponibles en la universidad. La segunda forma es a través de un estudio de posgrado, donde el alumno o alumna deberá acreditar el programa académico de las especialidades impartidas en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho sin haber reprobado ningún curso de la especialidad.

La tercera forma de obtener la titulación de Derecho en la UNAM es la de «totalidad de créditos y alto nivel académico» que consiste en la presentación de un examen profesional oral en el que desarrolle un tema específico de alguna de las diferentes áreas del derecho aprobado o rechazado por tres titulares de un comité evaluador designado por la Secretaría de Exámenes Profesionales de la Facultad de Derecho. Una cuarta manera es el examen general de conocimiento, que requiere una réplica oral de 3 ensayos solicitados por 3 titulares de una comisión evaluadora asignados por la Secretaría de Estudios de la universidad. Ellos designan un tema al estudiante según al área de conocimiento al que pertenezca cada profesor. Este ensayo debe tener como mínimo 20 carillas y debe ser previamente aprobado por los titulares del comité encargados, para poder exponer en la presentación.

La quinta modalidad es la validación del título a través de la ampliación y profundización de conocimiento por medio de un diplomado curricular entre las 13 áreas del derecho que dispone la facultad. Y por último, la sexta forma de obtener el título profesional es la práctica jurídica mediante trabajo profesional que trata sobre la incorporación del alumno a la actividad profesional mediante la realización de una práctica profesional en una institución pública, privada, incluidos despachos particulares de prestigio; o social autorizados expresamente por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objetivo de consolidar la formación académica de las y los egresados.

En el caso de Argentina, no existe un examen de grado que sea aplicado por instituciones diferentes a la universidad. En este país la habilitación profesional ocurre al finalizar la malla curricular que incluye prácticas profesionales.

 
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