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domingo, 19 de mayo de 2024

columnas opinión

Evitar la liquidación desde una normativa ciudadana

“La Ley N° 21.563 representa un importante cambio en la legislación, ya que se orienta hacia un enfoque ciudadano al abordar la liquidación forzosa de diversas firmas. Su principal objetivo es mitigar los efectos sociales adversos que este proceso podría generar, priorizando así el bienestar de la comunidad”.

Carlos Gascón - 11 octubre, 2023

Según el último balance del Boletín Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) de Chile, las liquidaciones de empresas aumentaron un alarmante 12% durante el primer semestre de este año. Este preocupante incremento ha llevado consigo una ola de casos que han continuado hasta la fecha, teniendo un efecto devastador especialmente en las medianas y pequeñas empresas (pymes) que dependen en gran medida de las grandes corporaciones. Esta cruda realidad es un desafío que el país está enfrentando en la actualidad, y es en este contexto que la actualización a la Ley N° 20.720, conocida como la Ley de Insolvencia, se ha vuelto crucial.

normativa ciudadanaCarlos Gascón

Esta ley ha sido modificada conforme a lo establecido en la nueva Ley N° 21.563, con el objetivo de revertir la preocupante tendencia de liquidaciones y brindar un marco legal más sólido para enfrentar este desafiante escenario. Por tanto, a aproximadamente dos meses de su entrada en vigencia es de suma importancia continuar analizando detenidamente las implicancias de esta actualización, ya que su impacto será crucial para el panorama económico del país en los próximos años.

La dependencia de las pymes de las grandes corporaciones ha puesto de manifiesto la fragilidad de la cadena económica y la necesidad apremiante de tomar medidas efectivas para estabilizarla. En este contexto, la actualización a la Ley de Insolvencia emerge como un paso crucial e ineludible, dado que se espera que esta revisión proporcione herramientas legales más adecuadas y adaptadas a las complejas dinámicas financieras que caracterizan a las empresas en dificultades en la actualidad.

La interconexión de los sectores económicos ha generado una interdependencia cada vez mayor, lo que a su vez ha aumentado la vulnerabilidad de estas pequeñas empresas ante las fluctuaciones y crisis económicas. Por lo tanto, es imperativo que las reformas legales contemplen un enfoque integral para abordar no solo la insolvencia empresarial, sino también las causas subyacentes que la desencadenan, como las prácticas comerciales desleales o la falta de acceso a financiamiento adecuado.

Durante los nueve años en los que estuvo vigente la antigua ley, lamentablemente alrededor de 10.000 pymes han liquidado. Según las estimaciones de la Superir, al menos unas 5.000 podrían haberse reorganizado y salvado, lo cual es lo que se espera que ocurra de ahora en adelante.

Y es posible, dado que esta actualización cuenta con un enfoque ciudadano y tiene como objetivo respaldar a las pymes que se encuentren en situaciones de insolvencia, mediante la simplificación y agilización del proceso de reestructuración y recuperación. Esto proporciona herramientas para superar los desafíos financieros y mantener en funcionamiento sus operaciones, evitando, de esta manera, su liquidación.

Además, para aquellos que deban enfrentarse a una liquidación, esta también será simplificada, reduciendo la burocracia de manera significativa. Bajo la ley antigua, se estimaba que el proceso tomaba más de dos años. A fin de agilizar y modernizar este procedimiento, se ha incorporado una serie de reformas en el artículo 6.

Una de las modificaciones más destacadas consiste en la eliminación de las juntas, audiencias e instancias presenciales, lo que permite llevar a cabo la incautación y enajenación de bienes de forma telemática. Esto implica que los activos de la empresa en liquidación pueden ser evaluados, subastados y transferidos a través de plataformas en línea, agilizando considerablemente el proceso y proporcionando una mayor transparencia en las transacciones.

Esta transformación no solo simplifica el procedimiento, sino que también reduce los costos asociados, ya que no se requiere el desplazamiento físico de las partes involucradas ni la contratación de personal adicional para llevar a cabo estas reuniones presenciales.

Asimismo, se han implementado mecanismos de supervisión más rigurosos para asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera justa y conforme a la ley, lo que contribuye a fortalecer la confianza en el sistema de liquidación. Estas mejoras, en conjunto con la reducción de plazos y la eliminación de trámites presenciales, representan un avance significativo en la eficiencia y la modernización del sistema de liquidación de deudas en nuestro país.

Otra reforma muy destacada es aquella relacionada con el artículo 9, el cual introduce una nueva categoría de Veedores, que estarán encargados exclusivamente de gestionar los nuevos procesos simplificados. Durante la vigencia de la antigua ley, la figura del Veedor se había orientado principalmente hacia empresas de mayor envergadura con un mayor número de acreedores, a diferencia de las pymes que poseen un menor número. Como consecuencia, este cambio podría llevar a una reducción significativa de los honorarios, al menos en un tercio, dado que para estos procesos simplificados no se requerirá un personal extenso y se podrán llevar a cabo las tareas con menos recursos disponibles.

Esta actualización legal no solo simplifica los procesos de reestructuración, sino que también promueve una cultura de prevención y gestión de riesgos financieros en las pymes. Se fomenta la capacitación y el asesoramiento para que las empresas estén mejor preparadas para afrontar futuros desafíos. Además, se establece un sistema de seguimiento y supervisión continua para garantizar que las pymes reciban el apoyo necesario a lo largo del proceso de recuperación. Esta iniciativa no solo busca salvar empresas individuales, sino también fortalecer la resiliencia del conjunto del sector pyme en la economía.

La Ley N° 21.563 representa un importante cambio en la legislación, ya que se orienta hacia un enfoque ciudadano al abordar la liquidación forzosa de diversas firmas. Su principal objetivo es mitigar los efectos sociales adversos que este proceso podría generar, priorizando así el bienestar de la comunidad. Esta nueva normativa marca un paso significativo en la protección de los derechos de los ciudadanos y en la promoción de la estabilidad económica, asegurando que la liquidación de empresas se realice de manera más justa y equitativa.

La simplificación de los procedimientos y la reducción de los costos pueden ayudar a las empresas a abordar sus dificultades financieras de manera más efectiva, lo que, a su vez, puede impulsar la economía y preservar empleos. Esta reforma demuestra una clara intención de promover un entorno empresarial más favorable. Sin embargo, a pesar de contar con estas nuevas normativas a su favor, es importante que las pymes prioricen una sólida protección financiera para evitar llegar a estas instancias, que, aunque ahora son más convenientes, siguen siendo lamentables para cualquier emprendedor, especialmente si cuenta con dependientes.

 

Carlos Gascón, gerente comercial de Solunion en Chile.

 
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