Estudio revela deficiencias procesales del derecho de familia

“El fenómeno de que los autores de maltrato doméstico utilicen los procedimientos del derecho de familia como herramienta para continuar con el maltrato y la coacción, ha sido demostrado por un importante corpus de investigación”, destacan las conclusiones iniciales del estudio ”La respuesta de la justicia familiar al maltrato doméstico”, que realizó un equipo de la Universidad de Oxford, liderado por la profesora Shazia Choudhry y financiado por la Oak Foundation.

Shazia Choudhry

La investigación, de carácter cualitativo, se llevó a cabo desde principios de 2022 hasta junio de 2023. Consistió en entrevistas a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, jueces, abogados y peritos designados en este tipo de casos en 6 países: Bosnia y Herzegovina, Inglaterra, Gales, Francia, Italia y España.

Parte del criterio para seleccionar estas jurisdicciones fue si habían ratificado el Convenio de Estambul y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, además de la disponibilidad de datos. El objetivo fue comprender la experiencia de las víctimas y analizar el papel que desempeñan los principales actores del sistema de justicia familiar en los procesos relacionados con el maltrato doméstico.

“Sabemos que el uso abusivo de los procedimientos del derecho de familia no solo provoca una re-traumatización de las víctimas, sino que también compromete gravemente a las instituciones estatales al perpetuar dicha violencia. Esto ocurre, especialmente, cuando se otorga la custodia de los hijos a los agresores, aun existiendo pruebas claras de abuso doméstico o sexual”, dijo Choudhry por vía telemática, durante un evento de presentación de los resultados del estudio, organizado por la Academia Judicial de Chile, la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial, y la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

La académica de Oxford identificó varios problemas comunes en los sistemas de derecho familiar analizados: una cultura de escepticismo y desconfianza hacia quienes denuncian abusos, el uso inadecuado de la mediación en casos de violencia, la imposición de un modelo de “contacto padre-hijo a toda costa”, la presunción de tuición compartida, incluso en contextos de maltrato, y la ausencia de evaluaciones de riesgo efectivas.

El estudio también advierte como factor de riesgo la falta de formación obligatoria y especializada en temas de género y violencia doméstica por parte de jueces. Con frecuencia, la capacitación disponible está desactualizada o depende de organizaciones locales. Esto genera un clima general de desconfianza hacia las denuncias de maltrato, percibidas a menudo como estrategias para obtener ventajas legales.

Este fenómeno fue particularmente evidente en Inglaterra y Gales. “Hubo un énfasis excesivo en las denuncias falsas por una gran cantidad de profesionales en el sistema, a pesar de su evidente excepcionalidad”, destacó Choudhry.

Los problemas en el proceso

A nivel de recursos, el estudio incluye diversos testimonios de integrantes del área de derecho de familia del Poder Judicial de los seis países analizados, quienes denuncian falta de personal, sobrecarga de trabajo y escasez de medios. Asimismo, los funcionarios reportaron una deficiente coordinación entre los tribunales de familia y penales. En particular, Shazia Choudhry destacó los casos de Francia, España e Italia, donde se identificaron serios problemas de comunicación entre las dos áreas del Derecho. Esta situación provocó que los procesos se extendieran excesivamente, siendo el caso de mayor duración uno que tardó 18 años en resolverse.

En el ámbito procesal, el estudio señala que en todas las jurisdicciones se presentaron dificultades probatorias, especialmente al intentar acreditar situaciones de maltrato doméstico cuando no existían evidencias de violencia física. “Nuestras conclusiones muestran que los testimonios de las supervivientes suelen considerarse insuficientes y que los jueces exigen pruebas adicionales, como condenas penales previas. Sin embargo, incluso en casos en que testigos del proceso penal corroboraban la existencia del delito, se ordenaba mantener el contacto entre padre e hijos. Se daba prioridad a cómo asegurar ese vínculo en lugar de cuestionar si debía permitirse”, explicó Choudhry.

En todos los países estudiados, las mujeres entrevistadas manifestaron que se aplicaban estándares distintos para madres y padres. Las víctimas sentían una fuerte presión por cumplir con el ideal de maternidad, lo que implicaba minimizar o silenciar sus experiencias de abuso. Aquellas que no lograban ajustarse a ese modelo eran severamente juzgadas y criticadas en relación con su capacidad para cuidar a sus hijos. Choudhry ejemplificó esta situación con casos en los que se exigía a la madre víctima de violencia demostrar asistencia a todas las reuniones escolares, como condición para ser considerada apta como cuidadora.

Otro aspecto que la profesora de Oxford consideró preocupante es el uso del concepto de síndrome de alienación parental (SAP), el cual no ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como argumento médico-jurídico en los tribunales. Aunque cortes supremas europeas y legislaciones han ordenado a los jueces de familia y abogados dejar de utilizarlo como justificación para favorecer el contacto entre padres acusados y sus hijos, su aplicación persiste. “Los grupos de interés señalaron que se sigue instrumentalizando conductas atribuidas a la alienación parental. Nos explicaron que el concepto continúa empleándose de forma generalizada, aunque no se lo mencione explícitamente. Existe una creencia extendida de que solo las madres manipulan a los niños para generar rechazo hacia el padre”, sostuvo Choudhry.

Danitza Pérez

La investigadora también criticó la escasa utilización del enfoque de derechos humanos en la defensa de las víctimas de violencia, señalando que muchos abogados y funcionarios judiciales lo consideran un contexto general más que una herramienta activa en los procesos legales. “Varios entrevistados admitieron que los derechos humanos de las supervivientes rara vez se invocaban en los argumentos judiciales, a pesar de su evidente pertinencia. En Inglaterra y Gales, predominaba la percepción entre los profesionales de que la legislación nacional era suficiente, restando importancia a los tratados internacionales. Además, se constató un uso selectivo de los derechos humanos, aplicándolos principalmente para respaldar los derechos del padre, más que los de las demás personas involucradas”, añadió.

Según Choudhry, las consecuencias de estas fallas son graves: las víctimas pierden la confianza en el sistema judicial al percibir que sus hijos quedan desprotegidos, que sus testimonios fueron ignorados incluso cuando existían pruebas que respaldaban sus denuncias, y que fueron presionadas para minimizar su experiencia con el fin de avanzar en el proceso. Además, muchas sobrevivientes señalaron que, aunque existía la posibilidad de acceder a asistencia jurídica gratuita, en la práctica nunca pudieron obtenerla, por lo que debieron recurrir a ayuda familiar o endeudarse para continuar con los trámites legales.

Sesgos y estereotipos

Danitza Pérez, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, compartió sus apreciaciones sobre el estudio durante el evento, destacando como aspecto relevante la escasa utilización de los derechos humanos en casos de maltrato doméstico, siendo invocados principalmente en defensa del derecho a la vida familiar de los agresores.

Según Pérez, algunas de las causas de esta situación son la falta de formación obligatoria en temas de género y la baja calidad de las pericias. “Llevándolo a Chile, estos hallazgos no nos dejan indiferentes. Nuestra experiencia reciente revela prácticas que aún persisten en nuestra cultura judicial. La situación de una mujer denunciante puede variar dependiendo de si realiza la denuncia en Santiago o en regiones, donde pueden existir estándares probatorios especialmente exigentes, sobre todo en casos de violencia psicológica y económica”, señaló.

La académica también expresó su preocupación por el hecho de que se votó en Chile un proyecto para incorporar el síndrome de alienación parental (SAP) a la Ley de Violencia Familiar. La iniciativa fue rechazada con 58 votos en contra, 45 a favor y 26 abstenciones. Pérez atribuye este hecho a la falta de comprensión, por parte de los funcionarios judiciales, sobre las implicancias del SAP, cuyo uso fue expresamente desaconsejado en 2022 por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará.

Juez Paz Pérez Ahumada

“En cuanto a la perspectiva de género, si bien se ha avanzado en sensibilizar a los jueces sobre que no se trata de estándares que afecten la imparcialidad judicial ni que alteren el valor probatorio, persiste una fuerte resistencia. Por lo tanto, el trabajo interno dentro del Poder Judicial sigue siendo fundamental para avanzar en igualdad”, opinó Pérez.

Por su parte, Paz Pérez Ahumada, jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, valoró el estudio por visibilizar cómo algunos agresores utilizan los sistemas de justicia para “cazar, batallar y manipular a las víctimas mediante la ley”. “En muchos casos, el sistema no sabe cómo contrarrestar este mal, y el proceso termina por reforzar el mensaje de control y castigo del agresor con el respaldo del Estado. Este problema representa la experiencia de muchas mujeres que participaron en el estudio”, explicó.

Desde esta mirada, la jueza recalcó que la persona acusada siempre debe tener garantizado su derecho al acceso a la justicia: “Ambas pretensiones son legítimas: tanto el interés del padre en participar en el proceso para hacer efectivo el derecho del niño a mantener el contacto con él, como el de la madre en ser protegida frente a posibles actos de violencia. El desafío está en que estos intereses no se distorsionen por sesgos o estereotipos que puedan influir en las decisiones de los funcionarios judiciales. Sería deseable, por ejemplo, la aplicación de sanciones procesales como el cobro de costas cuando se advierte un uso abusivo del sistema legal”.

Andrea Muñoz

La crítica más importante que plantea el estudio, según Paz Pérez, es que, pese a la abundante normativa sobre derechos fundamentales del niño, en la práctica estos principios son poco utilizados o directamente ignorados por desconocimiento de la doctrina vigente. Además, existe una aplicación selectiva de las normas: “La idea no es dejar de invocar los derechos fundamentales de una u otra parte, sino asegurarse de que se apliquen de forma equitativa, tanto en favor del acusado como de la madre que ha sido víctima de violencia”.

Al cierre de la jornada, Andrea Muñoz, ministra encargada de Asuntos de Género y No Discriminación del Poder Judicial, destacó en su intervención la Ley 21.675, que establece medidas para frenar la violencia contra las mujeres. Subrayó como un desafío persistente la separación entre los ámbitos de familia y penal, lo cual dificulta el acceso a la justicia para las víctimas debido a la escasa articulación entre ambos sistemas, generando retrasos y vacíos en la respuesta institucional. “La ley busca propiciar un diálogo entre ambos sistemas, pero no resuelve del todo la problemática de la dualidad. Otro aspecto pendiente es la formación con enfoque de género para juezas, jueces y funcionarios del Poder Judicial, un déficit que, como revela el estudio, también persiste en varias jurisdicciones europeas”, concluyó.

 
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