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sábado, 20 de abril de 2024

internacional

Estados Unidos legisla en contra de la extorsión extranjera

A pesar de ser catalogada como una ley que trae un cambio radical frente al soborno, ha sido juzgada por su deficiencia en aspectos procesales y jurisdiccionales.

- 12 marzo, 2024

La Foreign Extortion Prevention Act (FEPA) es una ley federal de Estados Unidos que permite a las autoridades sancionar a los funcionarios de gobiernos extranjeros que acepten o demanden cualquier tipo de soborno por parte de empresas estadounidenses en el cual se vea afectado el comercio interestatal del país.

Esta ley sobre la extorsión extranjera, promulgada por el Presidente Joe Biden el 22 de diciembre de 2023, modifica el estatuto federal sobre la corrupción interna (18 USC § 201) y pretende complementar la ya existente Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) que sólo se aplicaba por el lado de la oferta cuando interviene un ciudadano o empresa estadounidense; una empresa no estadounidense que cotice en una bolsa de los Estados Unidos o un ciudadano de otro país con residencia en los Estados Unidos.

A diferencia de la FCPA, la FEPA sancionaría a los funcionarios extranjeros, lo que abarca a cualquier persona que actúe en calidad oficial u oficiosa para o en nombre de un gobierno, departamento, agencia, organismo u organización pública internacional, que ponga en práctica estos actos por medio de “cualquier cosa de valor”. La ley buscaría entonces la responsabilidad desde el lado de la demanda.

Su aprobación también cumple un objetivo clave de la Estrategia para Combatir la Corrupción de la administración Biden, en la cual se indicaba como una necesidad la importancia de obtener herramientas para combatir la corrupción desde la demanda, lo que se pondría en práctica con la actual ley.

Las sanciones para las personas que sean encontradas culpables de infringir la ley pueden ser hasta 15 años de prisión, multas de US$250.000 o 3 veces el equivalente monetario del soborno recibido, o ambas.

¿Qué tan efectiva es?

Paul Monnin

En un artículo de Bloomberg Law, Paul Monnin, ex fiscal adjunto de la Fiscalía del Distrito Norte de Georgia y socio de Alston & Bird, señala que a pesar de ser catalogada como una ley que trae un cambio radical frente al soborno, ha sido juzgada por su “deficiencia en aspectos procesales y jurisdiccionales importantes”.

En aspectos procesales, el principal limitante es el requisito de que un pago corrupto debe corresponder directamente a un acto oficial corrupto: “Si ya probar un acto de cohecho dentro de Estados Unidos es difícil, probarlo cuando el funcionario es extranjero se vuelve aun peor, más cuando la acción misma se desarrolla en otro país”.

Monnin también critica que se defina ampliamente “funcionario extranjero” dentro de la nueva ley, lo que desafía la constitucionalidad del estatuto por motivos de vaguedad y notificación, en cuanto a que no se sabrá con exactitud cuáles son las características que debe tener una persona para entrar dentro de esta categoría, quién es penalmente responsable y qué actos constituyen dicha corrupción.

La FEPA también tiene limitaciones jurisdiccionales. “Dada la sensibilidad diplomática de llevar a un funcionario extranjero ante un tribunal estadounidense por un cargo de corrupción en el extranjero, tanto el Departamento de Justicia como los tribunales tendrán debidamente en cuenta las nociones equitativas de cortesía internacional y los límites legales de la aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense en el enjuiciamiento y la resolución de asuntos”, explica el abogado en el artículo de Bloomberg Law.

Brian Whisler

Además, en cada país, en su mayoría, se cuenta con un reglamento anticorrupción, por lo que esta ley puede verse irrelevante en ese sentido.

Por otra parte, Brian Whisler, socio de Baker McKenzie en la práctica de litigios y cumplimiento gubernamental de la firma, advierte en el artículo de ACI Insights que esta puede ser una oportunidad para que los otros países investiguen a los funcionarios del gobierno estadounidense: “Si una jurisdicción extranjera se da cuenta de que las autoridades estadounidenses están examinando a funcionarios extranjeros, podrían lanzarse a investigar y emprender una investigación a medias o negarse a extraditar”.

 
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