España: la semana del no a la amnistía

Claudio Soto, desde España. No fue una semana fácil para el Gobierno español. Lo que pretendía ser una votación de mero trámite en el Congreso de los Diputados para la aprobación de la llamada Ley de Amnistía, terminó por poner en jaque una de las decisiones más ambiciosas del presidente Pedro Sánchez. Esto es, permitir el regreso a la península del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, eurodiputado, autoexiliado en Bélgica, luego del fallido referéndum independentista de 2017, y así encauzar un conflicto político que se arrastra por décadas.

En una actitud desconcertante para el Gobierno, que ha defendido a rajatabla el proyecto más allá de las críticas, los propios parlamentarios de Junts —partido del fugado Puigdemont— rechazaron la Amnistía en sala este martes, evidenciando, primero que buscan una ley de largo alcance que incluya si o si los delitos de terrorismo y malversación; y segundo, dejando claras las diferencias profundas con el otro partido independentista catalán, Esquerra Republicana (ERC), hoy al mando del gobierno de la comunidad autónoma desde la plaza de San Jaume en Barcelona y que sí estuvo por aprobar el texto.

Votación Congreso de los Diputados de España

Con ello, la proposición de una Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, deberá volver a la Comisión de Justicia de la Cámara, al no haber alcanzado una mayoría absoluta, y retomará su discusión esta semana. En el Gobierno ya han afirmado que así como estaba la ley era “impecable” —en palabras del ministro Bolaños—, por lo que queda en suspenso si definitivamente se incluirá en el texto un perdonazo total a los delitos de terrorismo o de malversación, actualmente imputados por la justicia a Puigdemont y a otras autoridades que instigaron el procés y los disturbios con cientos de heridos años después al conocerse las condenas de la justicia.

El asunto es complejo, puesto que estos dos delitos generan un límite infranqueable para la Unión Europea, poniendo así una barrera roja al Partido Socialista Obrero Español y el gobierno, principales promotores del acuerdo político que hoy se ha tomado el debate en el país con férreos detractores —como el Partido Popular— y con pragmáticos defensores.

El factor Judicial

Míriam Nogueras

Lo que incomoda sobremanera a la cúpula de Junts —manifestado casi a diario por la diputada y vocera Míriam Nogueras —, son principalmente las actuaciones del magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, Pablo Llarena; y del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que, respectivamente, mantienen abiertas causas a los líderes del procés, y a la plataforma Tsunami Democratic (TD)-vinculada a Puigdemont— que habría instigado graves manifestaciones y desórdenes públicos, incluyendo la toma del Aeropuerto el Prat de Barcelona, una vez conocidas las sentencias a los líderes separatistas en octubre de 2019.

Por ejemplo, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón acordó a fines de enero de este año prorrogar por seis meses la instrucción de la causa de Tsunami Democràtic (TD) al faltar diligencias que practicar y estar pendientes el recurso ante la Sala de lo Penal, así como —explican en el Poder Judicial— la decisión del Tribunal Supremo respecto a la exposición razonada elevada por el instructor.

“El magistrado en su resolución indica que del resultado de las investigaciones practicadas se infiere indiciariamente que Tsunami Democràtic (TD) fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”, señala públicamente información de la Audiencia Nacional.

En su auto de prórroga y teniendo a la vista varios acuerdos ratificados por España, así como directrices de la Unión Europea en materia aeronáutica, el magistrado reitera que “desde la provisionalidad de este momento de la investigación y, sin perjuicio de ulterior calificación, los hechos investigados serían susceptibles de ser calificados como delito de terrorismo del artículo 571 y siguientes del Código Penal”.

Pleno extraordinario

Son tantos y tan reiterados los ataques a los jueces, sobre todo al interior del hemiciclo de la Cámara de los Diputados, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunció para este lunes una reunión extraordinaria en donde se analizarán las expresiones de los parlamentarios en el marco de la discusión de la Ley de Amnistía.

La convocatoria del Pleno extraordinario —señalan en el CGPJ— ha sido acordada por el presidente, Vicente Guilarte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 600 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 35 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces, ante la petición registrada por los vocales José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán, Ángeles Carmona, José Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea.

Vicente Guilarte

Cabe recordar que hace ya algunos días el propio presidente del CGPJ, Vicente Guilarte y en el marco de la inauguración del año académico de la Escuela Judicial en Barcelona, llamó a los representantes públicos a no cuestionar la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, recordando que para ello hay todo un sistema de recursos y de instancias amparadas por la ley.

“Hago de nuevo un baldío, pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del poder judicial cuyo proceder se guía por el principio de legalidad. Y lo que no guste deberá combatirse a través del sistema de recursos y de instancias superiores: es la arquitectura básica que inspira un Estado de Derecho que les permite ocupar la tribuna que utilizan desviadamente para cuestionar desde el insulto al Poder Judicial”, señaló Guilarte.

 
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