España: delitos sexuales, redes sociales y fiscales

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, junto con la directora del Centro de Estudios Jurídicos, María Abigail Fernández, durante la inauguración por videoconferencia del curso de fiscales (Ministerio de Justicia, España)

Claudio Soto
Desde España
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La pandemia no sólo impactó de lleno en cómo los distintos operadores de la administración de justicia en España se adaptaron a las necesidades de la ciudadanía en todo ámbito, sino que también puso en la mira el creciente número de delitos cometidos a través de la red. Uno de los más notorios fueron los de contenido sexual en que se utiliza a niños, adolescentes y mujeres, o de hostigamiento entre los primeros.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas de este país (INE), el último año fueron condenados casi 3 mil personas por este tipo de ilícitos, los que, a raíz de la pandemia y la masificación y uso de dispositivos tecnológicos, han mutado rápidamente a los canales digitales.

A fines de 2019, la Fiscalía General del Estado alertó de un «muy inquietante» incremento de la violencia de género y sexual entre jóvenes y adolescentes, especialmente en los casos de delitos contra la libertad sexual ejercida en grupo, conocidos como ‘manadas’, y que la institución lo vinculaba directamente al uso de pornografía en las redes sociales.

Formación

Ante este escenario, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo —jefe directo de la Fiscalía del Estado—, pidió a los persecutores que comenzaron el segundo semestre de su formación continua (on line) para la Carrera Fiscal un esfuerzo para velar por la seguridad en las redes sociales y proteger a las personas, en especial aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La formación está centrada en los delitos contra menores y mujeres en los entornos tecnológicos. “Lo que más valoran las víctimas de delitos es que los jueces, los fiscales y demás operadores, comprendan sus necesidades, los riesgos que temen, la violencia que sufren y la atención especial durante el proceso”, señaló el secretario de Estado en la inauguración del curso de manera remota.

El ministro de Justicia instó a los persecutores a apoyarse en instrumentos como la Ley de Protección de Datos y el proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

De la Ley, destacó los nuevos derechos digitales relativos a la neutralidad, al acceso universal, a la seguridad digital, a la educación digital, a la protección de menores en Internet, así como a la protección de sus datos, a la intimidad y uso de dispositivos y otros derechos digitales en el ámbito laboral, a la rectificación y también a la actualización en Internet y en medios digitales, o el derecho al olvido, entre otros.

Respecto al texto recientemente aprobado en Consejo de Ministros, recordó que éste pone el foco en comportamientos muy lesivos para la vida y la integridad de los menores que, ante la falta de regulación, provocaban espacios de impunidad. Y en este sentido, apuntó a nuevos tipos delictivos a través de medios tecnológicos y de la comunicación y dirigidos contra menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección como son el fomento o incitación al suicidio.

Sexting y stalking

Uno de los delitos penales que puede configurarse por medio de las redes sociales es el sexting. Consiste en el envío de imágenes o mensajes de texto con contenido sexual a otras personas por medio de teléfonos móviles. Si bien en sí mismo este acto no es ilegal, cuando se trata de menores de edad o cuando el adulto no consiente esa actividad, constituye un ilícito penal.

Otro tipo de delito es el de hostigamiento o stalking. Este delito se presenta cuando hay un acoso constante de una persona que vigila, persigue y se contacta con otra, a través de medios electrónicos, como las redes sociales.