España decide terminar con la llamada «Visa Gold» para extranjeros

Claudio Soto
Desde España

Hace mucho tiempo que el acceso a la vivienda para los sectores más vulnerables -como adultos mayores, jóvenes e inmigrantes- y la especulación inmobiliaria en sectores altamente tensionados, como Madrid, Barcelona o Málaga, son un problema en España. Es por ello, que esta semana el Gobierno anunció un paquete de medidas para poner límites al mercado, afectando principalmente a quienes obtienen una residencia temporal a costa de la adquisición de un inmueble de alto valor comercial.

Se trata -explican en La Moncloa- de poner fin, mediante una modificación legal, a las llamadas «golden visas«, es decir, a aquellas autorizaciones de residencia para extranjeros no naturales de la Unión Europea que obtienen el documento automáticamente al adquirir una vivienda de más de 500 mil euros.

Según el Gobierno, desde que se aprobó la ley que regula la materia en 2013, se han concedido 14.576 golden visa ligadas a inversiones en bienes inmuebles, la mayoría a ciudadanos de China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México. Las principales provincias de inversión son Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia, que concentran el 90% de las autorizaciones concedidas en todo el territorio nacional.

Duplicación de residencias

Isabel Rodríguez

En rueda de prensa, Isabel Rodríguez, actual ministra de Vivienda y Agenda Urbana (en la fotografía), precisó que la compra de vivienda por extranjeros aumentó considerablemente en los últimos trimestres del 2023. La adquisición de viviendas ligadas a inversiones contempladas en la ley de 2013 representa el 7,1% del total de las compraventas en un año en Marbella; el 5,3% en Barcelona y el 10% en algunos municipios de las Islas Baleares. Además, de cada 100 visados otorgados por la golden visa, 94 están vinculados a la acción de inversión inmobiliaria, indicó.

Este tipo de inversiones- señaló Rodríguez- tensionan mucho el mercado, incrementan el precio de las casas y favorecen la especulación. El objetivo del Gobierno es acabar con «la especulación que se ha incrementado de manera muy notable» desde el año 2022, cuando se duplicaron las concesiones de «visados inmobiliarios». En este sentido, la ministra abogó por modificar la ley para eliminar los beneficios que contempla en el ámbito residencial y dirigir esa inversión a la promoción de vivienda a precio asequible y a la rehabilitación de inmuebles.

Alquiler social, rehabilitación y avales

El Gobierno, -recordó la ministra citando un Informe en el área- dedicó 5.520 millones de euros del plan para atender la rehabilitación y regeneración urbana, dado que el 50% de las viviendas son muy antiguas y están construidas antes del año 1981. «Hemos conseguido acelerar el ritmo para alcanzar el objetivo de 300.000 viviendas por año en rehabilitación hacia el 2030. Además, las políticas del plan de recuperación van a contribuir a incrementar el parque de vivienda en alquiler asequible y converger con la Unión Europea en el 9%», destacó.

Por otra parte, la ministra anunció que el informe refleja que se ha financiado la construcción de 24.964 viviendas en alquiler social con 1.000 millones de euros del plan de recuperación, superando el compromiso de construir 20.000 viviendas, gracias a los 211 acuerdos firmados con las comunidades autónomas y las entidades locales. Asimismo, ha avanzado que se están ejecutando otros 1.000 millones de euros para rehabilitar edificios públicos.

Además, el Ejecutivo recordó que activó el despliegue de la línea de avales dotada con 2.500 millones de euros para facilitar la adquisición de primera vivienda a jóvenes menores de 35 años y a familias con menores a cargo. El aval podrá cubrir hasta el 20% del importe del préstamo hipotecario, llegando hasta el 25% si la vivienda dispone de una calificación energética D o superior.