Abogados de Barcelona, en pie de guerra por supuesto espionaje

Claudio Soto,
Desde España

No están quietas las aguas entre los abogados catalanes. Esto, luego de develarse en España un supuesto espionaje de los teléfonos móviles de los llamados líderes del procés independentista y a otros 60 activistas, durante los años 2017 a 2020, a través del programa Pegasus, de la compañía israelí NSO Group, y que incluyó además a abogados y destacados juristas.

La información, que fue dada a conocer por el Laboratorio con sede en Canadá The Citizen Lab y difundido por la Revista de The New Yorker, hizo explotar a la abogacía de la comunidad, la que, a través de un comunicado público, pidió explicaciones al Gobierno español, a quienes se apunta como autor del ciber espionaje, asunto que a su vez ha sido negado.

“A la vista de las noticias aparecidas en varios medios de comunicación sobre la presunta utilización por parte del gobierno español de la tecnología Pegasus para extraer contenidos de teléfonos móviles y utilizar la cámara y micrófono de los dispositivos para proporcionar vigilancia incontrolada en tiempo real, que afectaría a varios abogados/as catalanes, la Junta de Gobierno del ICAB y el Pleno del Consell de l’Advocacia Catalana, exigen inmediatas explicaciones públicas al gobierno español”, señala parte de la declaración hecha llegar a los medios este martes.

Según el Colegio, el hecho «puede representar una grave invasión de derechos fundamentales y una intolerable afectación del derecho de defensa y del deber de secreto profesional de los abogados/as. Esta práctica atenta contra los fundamentos del estado de derecho y perjudica y lesiona la convivencia pacífica de la sociedad”, recalca.

El informe

Los hechos -señala The Citizen Lab- habría afectado los teléfonos móviles del actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, y a los ex mandatarios Carles Puigdemont y Quim Torra, junto a decenas de otros dirigentes, familiares y asesores.

Entre estos últimos estarían el abogado Gonzalo Boye (chileno, abogado de Puigdemont), Jaume Alonso Cuevillas (del bufete del mismo nombre, profesor de Derecho procesal en la Universidad de Barcelona y ex presidente de la European Bars Federation) y Andreu Van den Eynde (abogado de ERC, del bufete Van den Eynde). El primero, se informa que estaría preparando una denuncia en contra de la empresa israelí.

Por su parte, medios catalanes afirman que Amnistía Internacional (AI) ha solicitado a distintas instituciones europeas investigar a fondo el uso del programa, a su vez de instar al Gobierno español a aclarar si lo ha utilizado para hacer seguimiento de políticos, activistas y periodistas. De los hechos, el resto de los medios ha hecho un tibio seguimiento, por cuanto una denuncia parecida ya fue dada a conocer en 2020.

Cabe recordar que El Consell de l’Advocacia Catalana es el organismo representativo de los Ilustres Colegios de Abogados de Catalunya –Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Reus, Tarragona, Terrassa, Tortosa y Vic-, que tiene adheridos los de las Islas Baleares, Perpignan y Andorra, y que reúne más de 40.000 colegiados.