¿Es posible la justicia digital en Juzgados de Policía Local?

En Chile constantemente se van incorporando nuevas herramientas digitales en el quehacer jurídico privado y la actividad empresarial. Las empresas, como explica el abogado Andrés Pumarino en su artículo “Tecnología, productividad e impacto en Chile” (2019), “constituyen cerca del 80% de la contratación laboral en Chile”, siendo un pilar esencial de la economía, por lo un acompañamiento jurídico mediante la aplicación de herramientas tecnológicas se hace esencial.

Edison Calahorrano

Se entiende que es un tema novedoso e inesperado, pero introducir tecnología que permita automatizar tareas propias de la gestión del procedimiento, como herramientas en la tramitación de causas, tampoco resulta alejado de la realidad. Al contrario, internacionalmente ya se ocupan una serie de algoritmos que ayudan con el trabajo del abogado, como Webdox, SPEKTR, o Lexius.

Un claro ejemplo de esta situación precaria de negacionismo en uso de tecnología puede detectarse en los Juzgados de Policía Local (JPL) en Chile, que deben tramitar cobranzas masivas por incumplimientos relacionados con el TAG, siendo miles de causas distribuidas solo en la Región Metropolitana. Lo señalado puede afirmarse enfocándonos, específicamente, en los sectores más periféricos de la zona sur y centro de la capital, donde hay mayor ingreso de demandas.

Estas causas deben seguir su correcta tramitación desde el ingreso de la demanda por parte del representante de la autopista, hasta el seguimiento del cumplimiento de la sentencia, dejando a cualquier abogado o procurador que ingrese a las dependencias de los tribunales en completa evidencia de la cantidad de expedientes sobre los mesones, papeles sueltos en los expedientes y una velocidad para encontrar los expedientes y plataformas bastante lentas. Lo señalado dificulta muchas veces la debida búsqueda de las causas, su revisión y su correcto seguimiento, factores que ralentizan los procedimientos. No se debe olvidar, además, que existe un mayor margen de error humano en el procesamiento de información y manejo de los expedientes, situación que también puede afectar los derechos de terceros.

Pamela Torres

La inexistencia de una plataforma unificada para agilizar la observación de causas obliga a mantener esta constante costumbre de adaptarse a cada juzgado y su forma distinta de tramitar. En este sentido, ¿por qué si en el ámbito empresarial se puede mantener un orden por medio de estas herramientas digitales, no es posible aplicarlas en la gestión de causas en los Juzgados de Policía Local? Aunque es una propuesta que implica costos de trabajo para su desarrollo, uno de los factores que más afectan a los JPL de estas zonas, también permitiría agilizar las tramitaciones con sus resoluciones correspondientes, disminuyendo los rangos de trabajo humano.

Para finalizar, la innovación tecnológica puede generar opiniones contrarias. Algunas personas se oponen a estas herramientas al no seguir una línea tradicional implantada, mientras que otros lo aceptan de grata forma, al ser fundamentales para optimizar el tiempo de procesamiento y respuesta, es decir, el acceso a la justicia en el ámbito analizado.

Por lo tanto, no es raro que la tendencia en materia de derecho y tecnología obligará a las empresas a trabajar con equipos de abogados e ingenieros en un entorno multidisciplinar para enfrentar múltiples cambios, situación explicada por el mismo autor mencionado anteriormente, debido a que está complementación de materias ayudaría a optimizar el campo jurídico, beneficiando tanto a personas naturales, personas jurídicas como oficinas de abogados y empresas dedicadas a estas tramitaciones.

Basándose en todo lo anterior, se debe tener presente que estos avances en tecnología ayudan al ser humano en su evolución y desarrollo, aumentando su capacidad desde su forma más básica hasta la manera más compleja de su vida; por ende, la postura de negación a su aplicación solo volverá más lento un proceso que tarde o temprano terminará situándose, entendiendo que el humano convive con la tecnología.

Pamela Torres Domínguez, estudiante de quinto año de Derecho de la Universidad Central y tutora de derecho privado. Es integrante de la Academia LegalTech.

Edison Calahorrano Latorre es académico e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Es coordinador de la Academia LegalTech de la institución.

 
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