Elisa Walker: “La voluntariedad de la colegiatura ha relajado los estándares de control ético”

En entrevista con Agenda Macro, la abogada chilena Elisa Walker Echeñique, consejera del Colegio de Abogados de Chile, pone la atención en varios temas del actual sistema judicial, como, por ejemplo, el rol del Tribunal Constitucional, la necesidad de garantizar un debido proceso y el irrestricto apego del sistema jurídico-político a los derechos humanos. Pero, dice, hay un tema que debe estar muy presente: el acceso a la justicia en ese país.

Walker, quien es actual codirectora del diplomado de Diversidad e Inclusión de la Universidad Adolfo Ibáñez, Máster en Derecho de la Universidad de Edimburgo (Escocia) y en Filosofía Política por la University College London (Inglaterra) y ex candidata a constituyente muestra en esta conversación sus definiciones en el área, aquellas que debe impulsar su gremio y las que deben primar en el debate.

— ¿Le gusta la idea que el actual presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, sea el que dé inicio a la Convención el próximo 5 de julio? Así al menos lo ha deslizado el Gobierno, pensando en una figura “neutral”.
Este es el proceso político y jurídico más importante que estamos viviendo en nuestro país de los últimos 40 años. Tiene que ser un proceso que se inicie con el pie derecho, que dé garantías, que entienda la institucionalidad sobre la cual va a funcionar la convención constituyente. En ese sentido, la figura del presidente de la Corte Suprema es interesante, para efectos de asegurar esa garantía, para entender la importancia institucional que tiene, pero creo que también es consistente con las propias reglas del proceso, en el sentido de que esta convención va a funcionar dentro de un marco institucional, que no tiene libertad para establecer cualquier norma o cualquier materia, sino que tiene un mandato claro que crea esta nueva Constitución con este quórum de los dos tercios, además respetando los Tratados Internacionales de Derechos Humanos vigentes y entendiendo que tiene que respetar también la competencia de los otros poderes. Es la Corte Suprema la llamada a velar por el cumplimiento de ese marco. Por lo mismo, la presencia de su presidente reafirma la importancia de esta institucionalidad, resguardando la autonomía de la convención, pero en el margen de las normas que fueron aprobadas.

— Fuiste candidata a constituyente por el distrito 11. Más allá de los resultados, dentro de las propuestas colocaste especial énfasis en que la Nueva Constitución debe garantizar derecho a la justicia y debido proceso ¿La actual Carta Magna, no lo hace?

No todo lo que se regula es porque no hay nada escrito sobre la materia. En la actualidad hay una clara separación de los poderes del Estado que creo que para la judicatura es importante y es una garantía; así también, hay garantías del debido proceso consagradas en el artículo 19, N°3 de la Constitución. Eso no quiere decir que no haya materias que pueden ser mejoradas. Por ejemplo, una forma de resguardar la independencia del Poder Judicial, puede verse reforzada estableciendo específicamente normas en relación al desarrollo de la carrera judicial, cómo se postula y cómo se puede avanzar en ella, permitiendo que tenga una sana independencia de la política y que se valore en especial a aquellas personas que forman parte de esa judicatura. No es que no haya nada, pero sí creo que hay materias que se pueden perfeccionar.

— Te gusta la idea de un Consejo de la Magistratura, tal como ocurre en otros países. En tus propuestas te mostrabas partidaria de establecer un órgano propio y representativo de los jueces y juezas, que intervenga, por ejemplo, en el sistema de nombramiento hasta el nivel de ministros de Corte de Apelaciones.
La Asociación de magistrados y magistradas de Chile lleva varios años promoviendo una figura similar. Creo que es un planteamiento interesante y que es bueno revisarlo para la viabilidad del mismo.

— Tú eres abogada de la Universidad de Chile, y en una entrevista justamente con nuestro medio, el decano Pablo Ruiz-Tagle señaló que actualmente el Tribunal Constitucional tiene muchas atribuciones y que, junto con restringir el control preventivo, pidió también que los ministros y ministras tengan una responsabilidad política. Es decir, que puedan ser acusados ¿Qué te parecen esas ideas?
Una de las grandes discusiones que se va a dar en este proceso es el del control constitucional. Es importante, que tiene que existir en nuestro país, pero la gran pregunta es, primero, quién va ejercer esa función; y segundo, cuál es el ámbito de ese control. Muchos promueven la idea de que se ponga fin al TC y que sea la Corte Suprema la que asuma ese control de constitucionalidad. Es posible mantener la figura del Tribunal Constitucional, la institucionalidad, en especial considerando que cada día más hay una carga significativa de causas de control constitucional, en especial, ex post, que podrían representar una recarga en la labor que realiza la Corte Suprema. En relación a las facultades mismas del TC sería importante discutir que éstas se reduzcan exclusivamente a un control ex post, que se elimine este ámbito del control preventivo, porque lamentablemente ha dado pie para ser más bien un control político de las iniciativas que se aprueban en el Congreso Nacional.

— También eres consejera del Colegio de Abogados ¿Debe ser obligatoria la colegiatura? Es un tema que ha generado un amplio debate al interior del gremio…
Si hubiese podido votar me hubiese sumado al voto de mayoría en esta discusión que se dio en el consejo del Colegio de Abogados y hubiese apoyado la posibilidad de restablecer una colegiatura obligatoria. Es importante hacer historia y recordar es que en la actualidad tenemos una prohibición en la Constitución para que los colegios tengan la obligatoriedad de tener como asociados a quienes ejercen las profesiones en distintas áreas, y eso cambió en los 80(…) De ahí para atrás sí teníamos la posibilidad de tener esa colegiatura obligatoria, lo principal de la discusión es la importancia de fortalecer el control ético. El ejercicio de la profesión no se puede distanciar o disociar del momento político que estamos viviendo. Y, cuál es el principal reclamo que subyace a este momento político: el abuso. El abuso en las organizaciones privadas, en los organismos públicos. Creo que es un reclamo legítimo sobre el cual todos debemos hacer el máximo esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias y entender que en una sociedad donde hay abuso, es una sociedad que no se construye bajo la lógica de la justicia; y ese reclamo también nos impacta a nosotros como abogados y abogadas en el ejercicio de la profesión. Lo que ha generado la voluntariedad de la colegiatura es relajar los estándares de control ético sobre el ejercicio de la profesión.

— El Gobierno anunció la creación de un ministerio de Seguridad Pública y en conjunto con la fiscalía, una unidad especializada de Derechos Humanos ¿Van en el camino correcto?
El fortalecimiento de las instituciones que velan por los derechos humanos es importante. En especial, por ejemplo, el rol que cumple el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no sólo vela por cómo se cumplen las políticas públicas, monitorea el cumplimiento de los derechos humanos en terreno. En las manifestaciones, en el estallido social vimos un rol muy claro y muy importante del INDH en terreno, pero también tiene la facultad de querellarse y de poder iniciar acciones de incidencia en el acceso a la justicia. Muchas veces, las personas que son vulneradas en sus derechos no tienen la posibilidad de tener una asesoría jurídica que les dé la posibilidad de buscar justicia ante los tribunales.

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