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jueves, 30 de mayo de 2024

internacional

Elección del Fiscal Nacional de Chile entra en fase política decisiva

Formada la quina por la Corte Suprema, todo queda en manos del Presidente, Gabriel Boric, quien deberá proponer un nombre para que sea ratificado por el Senado, lo que obliga a consensuar el nombre y los votos para quien se sentará al frente de una de las instituciones más importantes del sistema de justicia.

- 11 noviembre, 2022

Claudio Soto
csoto@idealex.press

Luego que el pasado lunes los integrantes del pleno de la Corte Suprema eligieran a los cinco candidatos que optarán a ser designados para ocupar el cargo de Fiscal Nacional en Chile, el proceso entra en tierra derecha, puesto que ahora será el Presidente de la República, Gabriel Boric quien deberá elegir al abogado o abogada que durante los próximos 8 años dirigirá los destinos del Ministerio Público de este país.

La “quina”, como suele llamarse en el ambiente judicial, quedó compuesta por el actual fiscal de delitos complejos, José Morales (17 votos), el abogado, Ángel Valencia (17 votos), la actual vocera y jefa de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera (9 votos); el Fiscal regional de Aysén, Carlos Palma (7 votos); y, el ex persecutor y profesor, Rodrigo Ríos (3 votos).

A partir de ahora, según señala la Constitución, todo queda en manos del Presidente, quien deberá proponer un nombre para que sea ratificado por el Senado con un quórum de dos tercios de los miembros en ejercicio, en sesión especial, lo que obliga a consensuar el nombre que se sentará al frente de una de las instituciones más importantes del sistema de justicia, en el ámbito penal.

Señala la Carta Magna que si el Senado no aprobase la proposición, la Corte Suprema deberá completar la quina sugiriendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento, un hecho que, hasta aquí, nunca ha sucedido.

Las posibilidades

Conocedores del proceso reconocen veladamente que las posibilidades quedan reducidas a las tres primeras mayorías, poniendo especial atención en Marta Herrera, que en caso de ser propuesta y ratificada, se convertiría en la primera Fiscal Nacional mujer de la historia del país. Se trata —dicen— de una terna disfrazada de quina, puesto que contemplaría un candidato de derecha (Morales), una de gobierno (Herrera) y uno externo con amplias redes en ambos lados (Valencia), con el que los supremos quisieron dejar en claro que la institución requiere de cambios radicales.

Las idea —dicen— seduciría a muchos en el Ejecutivo, en donde además vislumbran el rol que pueden tener en las conversaciones tres ministras mujeres fuertes del gabinete: Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad Pública; Ana Lya Uriarte, ministra de la Secretaría General de la Presidencia; y en menor medida, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.

En concreto, y como es esperable, todo se definiría en los pasillos del Congreso Nacional, puesto que el “posible nombre”, —tal como ocurrió con Sabas Chahuán y Jorge Abbott, que no eran las primeras mayorías dentro de sus respectivas quinas y los ministros que quieren acceder al máximo tribunal—, se somete a frenéticas consultas informales con los distintos senadores y bancadas, antes de proponerse oficialmente. Es decir, el nombre “debe ir amarrado” por el alto quórum que exige la Constitución.

Quién es quién

Por orden de votos, los cinco abogados sobre los que debe decidir el Primer Mandatario son los que a continuación se detallan:

José Morales Opazo, ex jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad en la Región Metropolitana (zona centro norte) y actual fiscal adjunto en el mismo organismo. Si bien su formación académica la realizó en la Universidad Central, institución vinculada a abogados afines a la ex Concertación, destaca por su buena llegada con la derecha. Su talón de Aquiles fue su participación en el caso “Cascadas” que pretendía investigar la obtención de dineros para la financiación de políticos, y que finalmente, fue llevada adelante por el Fiscal Nacional, Sabás Chahuán.

Ángel Valencia Vásquez, ex subcoordinador para la instalación de la Reforma Procesal Penal en el Ministerio de Justicia y actual profesional en el estudio Amenábar & Valencia luce amplias redes. Cercano a políticos democratacristianos, socialistas y radicales que participaron en la instalación de la Reforma Procesal Penal al interior del edificio de calle Morandé a inicios del año 2000, podría dar el golpe a la cátedra, con el fin de enrielar a una institución duramente cuestionada por su poca eficiencia en el esclarecimiento de delitos criminales sin imputado conocido, la eliminación de redes de narcotráfico y el complejo panorama delictual que afecta a La Araucanía.

Marta Herrera Seguel, vocera del organismo, quien es la actual directora de la Unidad de Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, es una cara conocida ampliamente en el ámbito jurídico, puesto que como portavoz, y ante una débil imagen del ex Fiscal Abbott, debió asumir la representación comunicacional de la institución en causas complejas que involucraban sobre todo al mundo político. Es abogada de la Universidad de Chile, una de las más importantes en la formación de profesionales jurídicos que se desempeñan en el ámbito público.

Carlos Palma Guerra, ex fiscal en Talca, Concepción y Coronel y actual Fiscal Regional de Aysén. El abogado de la Universidad de Talca, se hizo conocido al asumir el llamado caso “Huracán”, en que presuntamente Carabineros habrían manipulado pruebas para inculpar a comuneros mapuches del sur, mediante la introducción fraudulenta de mensajes en teléfonos celulares. El caso tuvo amplias repercusiones en el alto mando de la policía uniformada, que significó la salida de tres generales directores (Bruno Villalobos, Julio Pineda en calidad de subrogante y Hermes Soto) además de poner en tela de juicio la eficacia del sistema de inteligencia que operaba en el país, y que no había sido tocado en profundidad desde el retorno a la democracia a inicios de la década del noventa.

Rodrigo Ríos Álvarez, ex fiscal adjunto en la Región Metropolitana, y actual socio del estudio Picand & Ríos, es conocido por su perfil como docente en las universidades Finis Terrae y Católica del Maule. En el órgano persecutor se desempeñó como subdirector en la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, además de tener un breve paso en el Poder Judicial como Juez del Crimen de Santiago.

Descarga el Acta de la Corte Suprema aquí:
Acta Corte Suprema Fiscal Nacional de Chile

Créditos fotografías: José Morales (U.Central); Angel Valencia, Marta Herrera y Rodrigo Ríos (Linkedin); Carlos Palma (Fiscalía de Chile).

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