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El tiempo, recurso escaso en la justicia: la necesidad de las estrategias de comunicación
«Durante demasiado tiempo hemos educado a los futuros abogados en la lógica de la acumulación: más citas, más argumentos, más páginas. Pero la oralidad —y el tiempo limitado que la caracteriza— exige exactamente lo contrario: síntesis, foco, claridad. No es un problema de inteligencia, sino de disciplina».
Diego Palomo Vélez - 10 abril, 2026
Hay una ilusión persistente en el mundo jurídico: creer que el tiempo del tribunal es elástico, que siempre habrá espacio para una explicación adicional, un matiz más, una vuelta argumentativa que termine de convencer. Pero la realidad —la de verdad, la de audiencias y salas— es bastante más austera. El tiempo en la justicia es un recurso escaso. Y, como todo recurso escaso, exige ser administrado con inteligencia, con disciplina y, sobre todo, con respeto.
Diego PalomoQuienes hemos tenido la oportunidad de observar —desde dentro— el funcionamiento de los tribunales, sabemos que los minutos disponibles para oír a un abogado no solo son limitados, sino que compiten con una agenda saturada, con casos que se acumulan y con una atención que, por muy profesional que sea, también es finita. Pretender que el juez o el ministro estarán disponibles indefinidamente para seguir el hilo de una exposición dispersa es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, una forma de desaprovechar una oportunidad irrepetible.
Porque eso es, en rigor, el tiempo de alegato: una oportunidad irrepetible. Un espacio breve en el que se juega buena parte de la suerte del caso. Y precisamente por eso, la tarea del abogado no puede consistir en decirlo todo, sino en decir lo esencial. No se trata de agotar el caso en la oralidad, sino de ofrecer al tribunal una idea clara, nítida, recordable. Una idea central —a lo sumo dos— que ilumine el caso y oriente la decisión.
En este contexto, la divagación no es una opción. Tampoco lo es la tentación de “llenar el tiempo” como si el silencio fuera un enemigo. Al contrario: el exceso de palabras suele ser el mejor aliado de la confusión. Cuando todo parece importante, nada termina siéndolo. Y el tribunal, enfrentado a un discurso sin jerarquía ni foco, difícilmente encontrará el hilo conductor que justifique una decisión en un sentido determinado.
Algo similar ocurre con la improvisación. Existe una cierta épica mal entendida en torno al abogado que “se la juega” en el alegato, que confía en su intuición y en su capacidad retórica para salir adelante sin una preparación rigurosa. Pero la experiencia enseña otra cosa: la improvisación solo funciona cuando está cuidadosamente preparada. Cuando descansa sobre un trabajo previo serio, que permite seleccionar, ordenar y depurar el mensaje hasta dejarlo en su forma más eficaz.
Preparar un alegato no es repetir mecánicamente lo que ya está en el escrito. Es, más bien, traducirlo a un lenguaje que el tribunal pueda recibir en condiciones de tiempo limitado. Es decidir qué se dice y, sobre todo, qué se omite. Es anticipar preguntas, objeciones, dudas. Es, en definitiva, hacer el trabajo que el tribunal no puede —ni debe— hacer por el abogado.
Pero hay algo previo —y decisivo— que muchas veces se pasa por alto: antes de poder construir una idea en la mente de otro, es necesario contar con su permiso. Dicho de otro modo, no basta con tener un buen argumento; es indispensable lograr que quien escucha esté dispuesto a recibirlo. Y eso exige algo más que palabras. Exige conexión.
Porque la comunicación jurídica, en su versión más eficaz, no es solo un ejercicio intelectual, sino también un fenómeno profundamente humano. El abogado no solo transmite contenidos: proyecta una presencia, genera una impresión, establece —o no— un vínculo. Puede haber exposiciones impecables desde el punto de vista lógico, con razonamientos agudos y perfectamente estructurados, pero si no logran conectar con sus destinatarios, simplemente no llegan a destino.
Los jueces y los ministros no son máquinas, no son computadores que procesan información de manera neutra. Son, como todos nosotros, criaturas sociales. Y como tales, han desarrollado mecanismos de defensa frente a lo que perciben como ruido, exceso o incluso amenaza: el escepticismo, la desconfianza, el desagrado, el aburrimiento, la incomprensión. Sus mentes no están abiertas indiscriminadamente a todo lo que se les dice. Seleccionan, filtran, descartan.
Por eso, la primera misión del abogado no debería ser hablar, sino abrir una puerta. Desactivar esas barreras. Generar un mínimo de confianza que permita que el mensaje sea, al menos, escuchado en condiciones de receptividad. Ese vínculo no se construye con grandilocuencia ni con despliegues retóricos vacíos, sino con claridad, con honestidad intelectual, con respeto por el tiempo del tribunal y con una forma de decir que haga sentido a quienes escuchan.
Y en ese punto aparece un enemigo silencioso, pero persistente: el ego. La tentación de convertir el alegato en un escenario personal, en una vitrina de lucimiento, en una oportunidad para exhibir ingenio o superioridad. Nada más contraproducente. Porque nadie está dispuesto a confiar su atención —y menos aún su juicio— a quien parece más interesado en sí mismo que en el caso que defiende.
El abogado, que se presenta como un verdadero fanfarrón, que se complace en su propia retórica o que parece hablar más para sí que para el tribunal, rompe de inmediato cualquier posibilidad de conexión. Genera distancia, activa resistencias, despierta desconfianza. Y en ese contexto, poco importa la calidad técnica de sus argumentos: simplemente no serán recibidos como merecen.
De ahí que una buena estrategia de comunicación también implique, de manera decisiva, dejar el ego a un lado. Comprender que el protagonista no es el abogado, sino el problema jurídico que se somete a decisión. Que el objetivo no es impresionar, sino persuadir. Y que, muchas veces, la sobriedad, la precisión y la humildad resultan infinitamente más eficaces que cualquier despliegue de brillantez mal orientada.
Pero incluso cuando se ha logrado captar la atención y generar ese mínimo de apertura, aparece otro desafío no menor: explicar bien lo difícil. Porque buena parte del trabajo del abogado consiste precisamente en hacer comprensibles cuestiones que, por naturaleza, no lo son. Y ahí la estrategia de comunicación vuelve a ser decisiva.
Explicar no es repetir ni simplificar hasta la caricatura. Explicar es incorporar, de manera consciente, un elemento nuevo en el modelo mental de quien escucha. Para lograrlo, es indispensable activar la curiosidad del tribunal, presentar ordenadamente las piezas de las cuales depende el argumento central y, cuando sea necesario, recurrir a ejemplos que permitan fijar con claridad la idea. No se trata de adornar el discurso, sino de hacerlo inteligible.
Un buen alegato, en ese sentido, no solo persuade: también enseña. Y cuando lo hace bien, produce un efecto que no es menor. Los jueces o ministros terminan con la sensación de haber recibido algo valioso, casi como un regalo. No un despliegue retórico, no una demostración de erudición, sino algo mucho más útil: la comprensión efectiva del problema que deben resolver.
De ahí que uno de los mayores déficits que se advierten en la práctica no sea la falta de conocimiento jurídico, sino la ausencia de una estrategia de comunicación ajustada a las condiciones reales del proceso. Se confunde erudición con eficacia, extensión con profundidad, intensidad con claridad. Y en ese equívoco, el tiempo —ese recurso escaso— se diluye sin dejar huella.
Pero hablar de estrategia de comunicación no es invocar un concepto de moda, ni importar acríticamente técnicas propias de otros ámbitos. Es, más bien, asumir que litigar implica decidir con antelación cuál es el mensaje que se quiere instalar y cómo hacerlo de la manera más eficaz posible. Supone entender que cada alegato tiene un objetivo preciso y que todo lo que no contribuya a ese objetivo —por interesante que parezca— debe quedar fuera.
En ese sentido, una buena estrategia de comunicación no amplifica el discurso: lo reduce. Lo comprime hasta dejarlo en su núcleo más persuasivo. Obliga al abogado a jerarquizar, a priorizar, a resistir la tentación de demostrarlo todo. Porque en el contexto de la justicia, convencer no es desplegar un catálogo de argumentos, sino lograr que el tribunal vea el caso desde un ángulo específico y, ojalá, inevitable.
Esto exige, además, un cambio cultural no menor en la formación y en la práctica profesional. Durante demasiado tiempo hemos educado a los futuros abogados en la lógica de la acumulación: más citas, más argumentos, más páginas. Pero la oralidad —y el tiempo limitado que la caracteriza— exige exactamente lo contrario: síntesis, foco, claridad. No es un problema de inteligencia, sino de disciplina.
Finalmente, no deja de ser paradójico que, en un sistema que reclama eficiencia y celeridad, sigamos tolerando alegatos que consumen tiempo sin aportar valor proporcional. Quizás ha llegado el momento de asumir que el respeto por el tribunal también se expresa en la capacidad de ir al punto. Que cada minuto debe justificar su existencia. Y que, en definitiva, el tiempo en la justicia no solo es escaso: es demasiado valioso como para desperdiciarlo en palabras que no hacen avanzar la decisión.
Diego Palomo es académico de la Universidad de Talca y abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Talca.
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