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lunes, 26 de octubre de 2020

estudios jurídicos

El régimen de asociaciones público-privadas, bajo análisis

Quienes construyen, mantienen y operan infraestructura pública han enfrentado alzas en sus costos y disminuciones en los ingresos, debido a medidas gubernamentales o al actuar del Poder Legislativo, en diversos países. Abogados especialistas ya prevén modificaciones contractuales y la aplicación de medidas de mitigación.

- 21 julio, 2020

En el Perú, el esquema concesional se inició a mediados de los años 90, en un sistema que comenzó con carreteras y fue abarcando terminales portuarios y el aeropuerto internacional de Lima, para ser reenfocado en 2008, creando el sistema de asociaciones público-privadas. Es tanta la importancia de esta modalidad de inversión, construcción y operación de infraestructura pública por parte de privados, que la UNCITRAL y la OECD, por ejemplo, disponen de textos con guías y elementos básicos que deben considerarse al momento de elaborar leyes y contratos, y que na sido recopiladas en el sitio web del World Bank Group.

Las áreas de Infraestructura y Proyectos de CMS Colombia, Chile y Perú, en conjunto con el Estudio Alfaro, Ferrer & Ramírez de Panamá, organizaron un encuentro sobre los principales aspectos del régimen de asociaciones público-privadas —conocidas como APP—, que tendrá lugar mañana miércoles 22 de julio, a las 9.30 horas de Perú.

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En una conversación que será conducida por Daniel Rodríguez (Colombia), los abogados Giancarlo Villafranqui (Perú), Luis H. Moreno (AFRA – Panamá), María Lucía Amador (Colombia) y Fernando de Cárcer (Chile), expondrán acerca de las estructuras y funcionamiento de las APPs, el impacto así como las medidas adoptadas por dichos países para su reactivación, retos y perspectivas.

Por qué importan

“Las APPs no son un valor por sí mismo, sino que es un mecanismo que permite a distintos países desarrollar obras públicas, desarrollar y explotar una infraestructura, con una adecuada distribución de riesgos y recursos, preferentemente privados, con la experiencia suficiente, mediante un contrato con adecuados niveles de servicio”, explica en palabras simples Giancarlo Villafranqui, desde Perú.

Hasta inicios de los 2000, este mecanismo alterno a la ejecución de obra pública tradicional tuvo un crecimiento muy importante, prosigue. Además de autopistas, túneles y aeropuertos, al hablar de infraestructura pública, se incluyen plantas de tratamientos de aguas residuales, hospitales y colegios.

El restablecimiento del equilibrio

María Lucía Amador explica que en Colombia se decretó el aislamiento preventivo el 27 de abril, el que se ha ido prorrogando con ciertas excepciones. “Es importante decir que excluyó el sector de la infraestructura, pero sí se requirió a los contratistas adoptar ciertas medidas para la reactivación de obras, como protocolos de bioseguridad y reducción de personal para cumplirlos”, cuenta.

Otra de las medidas en contra de la propagación del Covid-19 fue tomada el 15 de abril, “cuando se decretó la suspensión de cobros en los peajes a nivel nacional”, lo cual redundó en menores ingresos para los concesionarios, y aunque desde el 01 de junio se reactivó el pago en todo el territorio nacional, la disposición generó efectos en los contratos, explica.

Ambos entrevistados recalcan que el régimen de APPs se ha visto afectada por las decisiones gubernamentales, al aumentar los costos para el desarrollo de las obras, su mantenimiento u operación; se han debido revisar los planes de las obras y los plazos han tomado más tiempo que el inicial.

El distanciamiento social, por ejemplo, significa que se puede tener a menos trabajadores al mismo tiempo en las faenas, lo que ha significado un alza en el costo de las obras. La otra cara de la moneda es la disminución de ingresos, fenómeno que impacta a los inversionistas y que se ha dado por la baja en el uso de aeopuertos y carreteras, por ejemplo, pero también por normas legales, como la dictación por parte del Congreso peruano de una ley que prohibió el cobro de peajes, sin compensación, explica Villafranqui, y que ya ha motivado acciones de inconstitucionalidad y acciones de amparo.

“Existen medidas de mitigación, como ampliar el plazo de concesiones al final de la concesión”, añade María Lucía Amador y su par peruano destaca que ya se habla de la necesidad de firmar adendas, tanto respecto de contratos de concesión como de APP: “Las salidas no son universales y no pueden ser estándares, porque cada contrato es un mundo complejo”.

En el encuentro se abordarán las distintas compensaciones, legales y contractuales, pero además se tocarán temas de amplio interés regional, como la fuerza mayor y el “restablecimiento del equilibrio en los contratos”.

Parte de los planes de revitalización

Algo a destacar, dice la abogada colombiana, es que en medio de la coyuntura el Gobierno dijo que las APPs serán uno de los pilares para el refortalecimiento de la economía, lo que hace más necesario conocer qué medidas se adoptan para darle seguridad a los inversionistas.

Es un mecanismo eficiente y una herramienta muy potente para la reactivación económica hoy, recalca Villafranqui.

CMS / AFRA

 

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