El proyecto de ley que busca regular cirugías plásticas con fines estéticos

El proyecto de ley de regulación de cirugías plásticas y procedimientos estéticos chileno fue ingresado el 30 de marzo de 2023 y se encuentra en la segunda fase de trámite constitucional.

La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho a la información de los pacientes y regular tanto a personal como establecimientos, limitando la ejecución de los procedimientos invasivos con fines estéticos sólo a médicos cirujanos acreditados que laboren en un centro médico de complejidad apropiado. Y en el caso de que se trate de una intervención del sistema estomatognático, las cirugías podrán ser realizadas por cirujanos dentistas, según se lee en el artículo publicado en el sitio web del Senado.

Rubén Cáceres

Consultado acerca del derecho a la información que el proyecto de ley pretende regular y su incumplimientoo, Rubén Cáceres, abogado de la Universidad Andrés Bello, especializado en derecho sanitario, dice que ya existe una ley vigente (Ley 20.584) ya asegura que toda persona tiene derecho a efectuar las consultas y los reclamos que estime pertinentes, en lo relativo a la atención de salud recibida: «Si por algún motivo esto no se cumple, se puede presentar un reclamo en la Superintendencia de Salud vía presencial u online».

Respecto de las entidades encargadas de certificar los centros y clínicas estéticas, Cáceres explicó que le corresponde a la Superintendencia mantener registros nacionales y regionales actualizados de los prestadores individuales de salud y sus especialidades, si las tuviera. Los pacientes pueden consultar esta información para asegurarse que el médico que hará el procedimiento está certificado en su respectiva especialidad ingresando a la página de la superintendencia de salud, dice.

En cuanto a los establecimientos que realicen procedimientos no invasivos con fines estéticos, como son los rellenos con botox, ácido hialurónico, rinomodelación, entre otros, serán fiscalizados por la autoridad sanitaria y serán aplicados reglamentos asociados a las categorías cosmetología, podología y salones de belleza.

Sumarios, prohibiciones, clausuras

El proyecto, aprobado en primera instancia por la Comisión de Salud del Senado, quedó en condiciones de ser aprobado por la sala para posteriormente ser promulgado. En cuanto a los detalles de la modificación al Código Sanitario para cirugías y procedimientos estéticos, estos deberán ser dictados en un plazo máximo de 1 año desde la entrada en vigencia de la ley.

El senador Juan Luis Castro (PS), quien forma parte de la Comisión de Salud, aseguró en un reportaje publicado por The Clinic que el proyecto amplía el rango de acción de distintas profesiones con una delimitación y una certificación clara de las idoneidades, para que nadie sea llevado a engaño «y que no haya negligencias profesionales en manos inexpertas cuando se trata de una cirugía estética”.

Se quiere evitar casos fatales como el de Leslie Vergara, quien murió a los 32 años en febrero de 2022, tras ser sometida a un procedimiento de cirugía estética en una clínica clandestina, en la comuna de Las Condes, en Santiago.

El lugar ya había sido sancionado en varias oportunidades por la autoridad de Salud, e incluso clausurado por no contar con los permisos ni las certificaciones exigidas para los pabellones de operación.

De ahí la importancia de regular este tipo de prácticas. Según datos de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, al año se realizan aproximadamente 15 mil cirugías en ese país, de las cuales apenas 7 mil son practicadas por médicos cirujanos.

En el reportaje publicado por The Clinic se advierte que según datos recopilados por el Secretaría chilena ministerial de salud metropolitana, sólo en 2022 se realizaron 85 fiscalizaciones a centros estéticos en la capital, las que aumentaron a 188 en 2023. Del total, se iniciaron 118 sumarios, fueron decretadas 64 prohibiciones de funcionamiento y se clausuraron 3 locales.

Edison Calahorrano

«Considero que una reforma legal sin el acompañamiento de una adecuada fiscalización y control de las acreditaciones no logra ser tan efectiva, ya que si bien se habla del deber de información al paciente, es un aspecto que ya incorpora y resguarda la ley 20.584», sostiene el investigador académico de Derecho de la Universidad Central de Chile, Edison Calahorrano.

El académico añade que a pesar de la existencia de la ley, ésta es transgredida de forma cotidiana y asegura que aunque el nuevo proyecto de ley aporta y especifica, debe ir de la mano con políticas públicas de calidad de fiscalización y la adecuada educación en materia de ética médica.

 
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