El problemático uso de las fuerzas armadas en funciones policiales

En marzo de este año, algunos gobiernos en Latinoamérica han barajado la posibilidad del uso de los ejércitos para cumplir materias de resguardo del orden público en contextos de agudización de la actividad criminal. El presidente de Argentina, Javier Milei, envió al Congreso un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Interior para permitir un uso ampliado de las fuerzas armadas en el combate al terrorismo, en respuesta a la situación de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde ha ocurrido un aumento de los crímenes cometidos por narcotraficantes.

Por otro lado, en Chile, el alcalde de la comuna de Maipú (en Santiago), Tomás Vodanovic, solicitó que se enviaran a las fuerzas armadas a la zona para el resguardo de infraestructura y zonas críticas, en un contexto en el que el sector poniente de ese sector se ha denunciado un aumento de balaceras en las poblaciones. “Los militares no tienen una capacitación para realizar funciones de orden público, pero desde nuestra perspectiva pueden colaborar en algunas funciones específicas para liberar a policías que sí están preparados para aquello”, comentó el presidente de Chile, Gabriel Boric, al Diario Financiero sobre el tema (requiere suscripción).

Luis Diego Arauco

Las discusiones se dan luego de los casos de países como El Salvador y Ecuador, donde se ha hecho uso de las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado. A inicios de abril, el gobierno ecuatoriano anunció que se mantendrá la presencia de militares en las calles y cárceles, tras el fin del estado de excepción en el que se encuentra el país, luego de la escalada de violencia del 9 de enero que sufrieron las principales ciudades, donde ocurrieron una serie de ataques de grupos narcotraficantes a la población civil.

A pesar de ello, el uso de fuerzas armadas para la realización de tareas policiacas es un tema controvertido. La principal objeción a su uso es que un soldado no está entrenado para lidiar con un criminal, quien requiere un tratamiento distinto que un enemigo invasor. “Dejar estas actividades en manos de los militares podría representar un riesgo al derecho al debido proceso, el cual se debe tutelar desde la intervención de la persona, ya que si no se realiza una correcta intervención se corre el riesgo de declararse la nulidad del proceso por vulnerar derechos fundamentales”, opina Luis Diego Arauco, responsable de gestión procesal penal de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Perú.

Pedro Pablo Pusineri, profesor de derecho penal de la Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentina, sostiene que en cualquier país que tenga una separación entre un cuerpo de seguridad y los militares, no sería recomendable que actúen las fuerzas armadas a la hora de lidiar con conflictos internos: “El entrenamiento para un conflicto bélico internacional es totalmente diferente a una cuestión de policías y seguridad interna; el enemigo actúa de forma diferente. En la criminalidad común y corriente el enemigo no está uniformado, no se puede identificar formalmente, sino que actúa superficialmente y en esa superficie las fuerzas armadas no tienen el equipamiento o el entrenamiento para detectarlo, que sí lo tienen las fuerzas policiales”.

Una medida ineficiente

“La evidencia disponible sobre la intervención de militares en el cumplimiento de funciones que corresponden a la policía en América Latina no es muy positiva. Claramente, esta medida no es la panacea”, dice Mauricio Duce, profesor del departamento de derecho penal y procesal penal de la Universidad Diego Portales.

Mauricio Duce

Un estudio que destaca el académico es el publicado en la revista Nature Human Behaviour titulado “Little Evidence That Military Policing Reduces Crime or Improves Human Security”, elaborado por los profesores Robert Blair (Brown University) y Michael Weintraub (Universidad de los Andes). En el documento se evaluó la intervención militar en Cali, Colombia, como parte del Plan Fortaleza, iniciado en 2018 con el objetivo de mejorar la seguridad en la ciudad. La conclusión a la que se llegó fue que el uso de militares fue, en el mejor de los casos, ineficaz y, en el peor, contraproducente.

“No encontramos casi ninguna prueba en los datos que el Plan Fortaleza redujera la delincuencia mientras duró la intervención y, en todo caso, nuestros resultados sugieren que exacerbó la delincuencia una vez finalizada la intervención … Apenas encontramos pruebas de que la vigilancia militar mejorara la percepción de la seguridad, excepto quizás entre los propietarios de negocios”, menciona el estudio.

Duce considera que el poco impacto del uso de fuerzas armadas en el mejoramiento de la seguridad pública significa que la medida lleva a un desgaste de recursos y una generación de expectativa que puede ser frustrante, tanto para las autoridades como la comunidad. Parte del problema para el académico es que, al menos en Chile, no ha habido una reflexión clara sobre para qué se quiere hacer uso de militares en tareas policiales.

Soldados patrullando la Torre Eiffel tras los atentados en París de noviembre de 2015

“Mencionan que los quieren para proteger la infraestructura crítica, pero los criminales y narcotraficantes no andan atacando estaciones de metro, ellos operan creando mercados ilegales y penetrando en las instituciones públicas para corromperlas. Los militares pueden ser un disuasivo para crímenes comunes que se comenten en el área, pero la inseguridad no se eliminara, solo se desplazara a otros lugares. Las fuerzas armadas están preparadas para otro tipo de encuentros, no con situaciones de calle cotidiana,”, añade Duce.

El profesor destaca el caso de Europa donde se ha hecho uso de militares para el resguardo de infraestructura crítica ante la amenaza de atentados por grupos yihadistas, el cual presenta un escenario distinto al latinoamericano donde hay una mayor claridad con respecto a los motivos por el que se quiere a militares en actividades policiacas: “En esos casos existe un riesgo de ataque a la infraestructura crítica y además hay un bajo riesgo de corrupción de los militares por parte de esos grupos terroristas por temas ideológicos y de valores”.

Distinta es la realidad latinoamericana: “Aquí en Chile lo que se busca es hacer un control de la situación cotidiana en vez de lidiar con una amenaza inminente, y eso supone también un riesgo de corrupción por parte del narcotráfico de ciertos militares dado el gran poder económico que posee, como es lo que ha ocurrido en México”.

Un problema de desempeño y exigencias

Luis Diego Arauco considera que si se la dará autorización a las fuerzas armadas para tareas de orden interno, estas deben actuar de una forma exclusivamente disuasoria y siempre como secundario a la fuerza principal que es la policía: “Es decir siendo dotados de equipo de protección y armas no letales, para que puedan realizar patrullaje y limitando sus actividades a casi ‘arrestos ciudadanos’, así se tendrían zonas de mediana o poca incidencia delictiva siendo salvaguardada por militares y a la policía con más recursos humanos para poder realizar labores contra el crimen organizado”.

Pedro Pablo Pusineri

Bajo esa lógica, el foco de los gobiernos de acuerdo a los penalistas no debe estar en poner todas sus esperanzas en el ejército, sino que deben centrar sus esfuerzos en mejorar a las policías. “Si tenemos un problema de desempeño de las instituciones de orden público para el cumplimiento de algunas funciones policiales básicas, la primera medida es tener que mejorar a dichas instituciones y no ir por el camino de sacarle la funcionalidad a la policía y pasárselo a otras instituciones, porque a mediano plazo lo vamos a pagar”, opina Mauricio Duce.

En esa misma línea, Pedro Pablo Pusineri también considera importante que, además de un aumento de los recursos de la policía, que los gobernantes se sinceren a la hora de elegir la opción militar y tomen resguardos legislativos para que ellos puedan operar sin que se les castigue por cumplir la tarea encomendada: “La ciudadanía está desesperada ante situaciones de inseguridad, en un contexto así los políticos le pueden decir a la gente que enviaran a los marcianos a Rosario y ellos en la desesperación lo aceptarían. El problema es que, y viendo la historia de Argentina, es que después la ciudadanía se olvida que hizo ese llamado, la política hace su negocio y el que posteriormente paga los platos rotos son las fuerza armadas, que no están respaldadas con una legislación, porque todos se hizo de forma parchada”.

En ese ámbito legislativo, Arauco destaca lo que se ha hecho en el Perú para solucionar la problemática con las “unidades de flagrancia”, donde se albergan a las instituciones del Estado encargadas de administrar justicia penal: “Dentro de estos organismos se aplica los denominados procesos inmediatos, que se da en determinados presupuestos como la confesión del delito o existen elementos probatorios suficientes. Con eso se están acortando los procesos que al demorar podían ocasionar que las personas detenidas reincidieran en su actitud delictiva al no encontrarse persuadidas por la coerción del sistema judicial”.

 
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