El «privilegio de pobreza» en Latinoamérica

El derecho o privilegio de pobreza favorece a aquellas personas de escasos recursos, para que puedan acceder gratuitamente a los servicios judiciales. La existencia de este beneficio tiene antecedentes centenarios en nuestro continente. Si echamos un vistazo a la historia, podremos ver cómo, con ciertos matices, se ha mantenido con similitudes a pesar del paso del tiempo.

Diversos son los registros históricos de la etapa colonial americana, especialmente sobre el caso del «Reyno de Chile» y el Virreinato del Río de La Plata, respecto de los llamados “defensores de pobres”, figura encargada de a representar a los sectores más desamparados ante los tribunales. El ejercicio del este derecho durante el dominio de la corona española y en los albores republicanos ha sido investigado por historiadores como la chilena María Eugenia Albornoz y el argentino Lucas Rebagliati.

En el artículo “Casos de corte y privilegios de pobreza”, de Albornoz, se relata el protocolo que una persona debía cumplir para que la Real Audiencia le otorgara dicho beneficio: “El litigante debía: 1) ir acompañado ante el juez y el escribano; 2) no describir la propia pobreza, sino declararla y 3) dejar que otros hablaran de su modo de vida, de su pasado y de sus bienes. Aquí no había pudores, pero tampoco un excesivo despliegue: lo usual era que dos testigos dijeran escuetamente que conocían a quien lo pedía y, especialmente, que precisaran en una frase cuánto conocían de sus circunstancias”.

Panorama en América Latina

Y actualmente, ¿cómo se atiende a las personas que no tienen para pagar un abogado en Latam? Diversas son las instituciones que proveen servicios, desde asesorías legales hasta la defensa de víctimas o imputados. Aquí revisamos los casos de algunos países de la región y los organismos que hacen valer el llamado «privilegio de pobreza».

Bolivia

Bajo la tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, funciona el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), que opera Este se encarga de brindar asistencia jurídica, principalmente en el área penal, a la población víctima de un delito que sea de escasos recursos económicos.

Además, existen los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU) que funciona de forma gratuita en las siguientes áreas: orientación legal, patrocinio legal, conciliación extrajudicial y atención psicológica.

Lo anterior funciona en paralelo al Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), que presta servicios de defensa penal a toda persona denunciada, imputada o procesada penalmente, carente de recursos económicos y a quienes no designen abogado para su defensa.

Chile

En Chile, este beneficio es canalizado mediante las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), que dependen del Ministerio de Justicia, sumado a una serie de entidades públicas y privadas destinadas a prestar asistencia jurídica y judicial gratuita como las clínicas jurídicas de las distintas universidades.

Sumado a ello, y al igual que en otras partes del continente, en ese país existe la Defensoría Penal Pública, institución estatal dependiente del Ministerio de Justicia, que —con funcionarios propios o privados licitados— ofrece asesoría y representación legal gratuita universal, sea para quienes no pueden pagar un abogado particular o para quienes, pudiendo hacerlo, opten por esta figura.

Ecuador

En este caso, bajo el alero de la Defensoría Pública, órgano autónomo de la Función Judicial que garantiza el acceso a la justicia de las personas que no puedan contratar los servicios de defensa legal, opera también la figura de los Consultorios Jurídicos Gratuitos.

Estas instancias son parte de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública y dependen de una serie de universidades. Al igual que en Chile, las facultades de Derecho brindan servicios de asesoría jurídica gratuita a las personas que, por diferentes razones, no puedan acceder a ella.

Perú

En el caso peruano, existen los Centros de Asistencia Legal Gratuita (Alegra), servicio dependiente de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) Estos brindan asesoría en diversas materias y para acceder a sus servicios es necesario ser mayor de edad, poseer DNI y firmar una declaración jurada sobre la falta de recursos económicos para acceder a una defensa judicial.

En paralelo a esta entidad, también operan la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas, que también otorga asesoría en diferentes áreas y ejerce como defensoría en procesos judiciales. Además, existe la Dirección de Defensa Pública Penal, unidad encargada de brindar asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos económicos.