El paso de la Comisión de Venecia por España

Claudio Soto, desde España. En momentos de dura fricción política y debates recurrentes sobre la tramitación de la llamada Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados en España, la Comisión de Venecia —órgano consultivo del Consejo Europeo para reformas constitucionales— llegó esta semana al país, con el fin de hacerse una idea amplia de qué implica la controvertida propuesta del Partido Socialista (PSOE) para el Estado de Derecho, la democracia y todo el entramado jurídico y efectos de una posible aplicación.

CGPJ y Comisión de Venecia

La visita de la Comisión, conformada por expertos constitucionalistas independientes y que nace tras la caída del Muro de Berlín en 1990, viene a consolidar la preocupación de la Unión Europea sobre lo que pasa en la península Ibérica, estipulando que a mediados de marzo emitirá un dictamen de asesoramiento jurídico sobre la controvertida norma, determinando si se ajusta o no a lo que se espera de un Estado democrático y la separación de poderes.

Tras su rápido paso por este país, ya se ha adelantado que, si bien el análisis y posterior dictamen sobre la Amnistía no es vinculante, un posible rechazo o cuestionamiento serviría al Partido Popular (PP) para fortalecer sus argumentos ante el Tribunal Constitucional, donde han anunciado que recurrirán una vez tramitada la propuesta en el seno parlamentario.

Recordemos que en su primera votación en sala, los congresistas rechazaron la propuesta (incluidos los diputados de Junts, partido del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont), dejando con muy poco margen de negociación al Gobierno, que ya ha adelantado que no modificarán el texto en la comisión de justicia, pero que si están abiertos a una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para modificar los plazos y prórrogas en la instrucción de causas penales.

Reuniones

Cayetana Álvarez de Toledo

En su ronda de encuentros de esta semana, la Comisión de Venecia se reunio con gran parte de los actores del debate. Así lo hizo con el Gobierno —representado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños—, los grupos parlamentarios del PSOE y el PP en el Congreso, y con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Al cierre de esta edición, el grupo de expertos afinaba reuniones con la Fiscalía General del Estado y miembros del Tribunal Constitucional.

El jueves, el secretario de Estado —uno de los principales mandatados a sacar adelante la propuesta— señaló que trasladó al grupo de expertos su valoración positiva de la norma “por su contribución a la convivencia y por su pleno respeto al texto constitucional, al derecho europeo y a los principios del derecho internacional por los que vela la propia Comisión”. Así, señalaron fuentes del ministerio, Bolaños mostró su plena disposición a mantener un contacto continuado con la Comisión y a resolver cualquier cuestión que sus miembros quieran plantear durante el proceso de debate y tramitación del texto.

Más tarde, en reunión con el Grupo Parlamentario del Partido Popular, el análisis fue distinto. Tras el encuentro, la portavoz del conglomerado, Cayetana Álvarez de Toledo señaló a los miembros de la Comisión de Venecia que “la Ley de amnistía es una transacción corrupta incompatible con la Constitución española, el Derecho Europeo y con la ética más elemental. Es decir, que la amnistía condenaría no solamente a España, sino a Europa”, enfatizó. Con dureza, la vocera señaló que se trata de un acuerdo “corrupto” y que ahora buscaría una enmienda al delito del terrorismo, asunto por el que es investigada la cúpula de los independentistas catalanes y que limitaría los alcances de la norma.

Los jueces

En tanto, de su encuentro con las máximas autoridades judiciales, no ha trascendido mucha información. En un comunicado público, el Consejo General solo se limitó a señalar que la reunión “había sido solicitada por la citada Comisión en el marco de los contactos que esta está llevando a cabo antes de elaborar el dictamen que le fue requerido por el Senado sobre la proposición de Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”.

Ministro Bolaños y Comisión de Venecia

Cabe recordar que —en el marco de la tramitación de la ley— lo que más molesta a los jueces son las constantes declaraciones de los grupos parlamentarios y acusaciones sobre lawfare, lo que afecta a su juicio la independencia judicial y el necesario respeto de la separación de poderes. Su visión la dieron a conocer tras un pleno extraordinario realizado el pasado lunes.

“Rechazamos con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del Poder Legislativo, al tiempo que manifestamos que seguiremos defendiendo la independencia del Poder Judicial residenciada en todos y cada uno de los jueces y juezas españoles. Debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial”, señaló de forma unánime el CGPJ en una declaración pública.