El hacinamiento penitenciario: una tarea pendiente del gobierno en materia de gestión carcelaria

A inicios de año hemos podido observar cómo el presidente de la república, junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, entre otros, inauguraban con júbilo un nuevo penal. Esta vez se trata de un establecimiento que funcionará bajo el régimen concesionado en la localidad de Talca y que originalmente debió entrar en operaciones hace 15 años aproximadamente. Su costo ascendió a 56 millones de dólares y tendrá capacidad para albergar a cerca de 2300 reclusos.

Luis A. Vergara Cisterna

El establecimiento es presentado como un alivio al hacinamiento que tienen nuestras cárceles en la actualidad. Sin embargo, esto es más ilusorio que real; pues los niveles de sobre poblamiento son tales que la nueva infraestructura parece estar condenada al mismo derrotero en breve tiempo. Sin ir más lejos, en el último Informe de la visita a Chile realizada por la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Alice Jill Edwards, de diciembre de 2024, alerta sobre este fenómeno complejo.

Advierte que este es uno de los principales problemas en todos los centros de gestión pública visitados. Esto dado que, en septiembre de 2023, la población reclusa ascendía a un total de más de 51.000 personas, de los cuales el 37% estaba bajo prisión preventiva. Es además alarmantemente que la tasa de ocupación alcanzaba alrededor del 120% de la capacidad total oficial establecida. Si esto era alarmante para ella, qué podríamos decir de las cifras con que terminamos en 2024.

La política de datos abiertos que materializa el Servicio Penitenciario en su página web, indica que en diciembre del pasado año existían 58.390 personas reclusas en régimen cerrado. Las que estuvieron conminadas a vivir en instalaciones con capacidad solo para 41.992 plazas. El uso de la capacidad instalada se elevó a 139,1% en este periodo. En buen chileno y sin considerar que las plazas técnicamente abarcan más que el lugar para pernoctar, diríamos que en nuestras cárceles donde hay 100 camas disponibles duermen más de 139 personas. Esto es particularmente grave si complejizamos el análisis con las necesidades de segmentación (pues no todas las plazas están disponibles para todos).

Según los datos, resulta alarmante que exista un 134% de ocupación en las cárceles de hombres y un 102,6 % de las plazas de mujeres. La alerta que ha levantado la Relatora Especial tiene mucho sentido y requiere ser atendida, con preeminencia, por la autoridad gubernamental a cargo del sistema carcelario. Es evidente que se han tomado medidas menores, pero estas incluso pueden ser catalogadas de mezquinas.

Tal es el caso de trasladar presos desde las cárceles concesionadas a las de gestión tradicional, para evitar el pago de multas (en la actualidad solo el Centro de Detención Preventiva de Santiago 1 paga multas). Esta medida, si bien evita dicho pago, está colapsando las tradicionales. Las cifras que expone Gendarmería correspondiente a diciembre de 2024, sobre uso de capacidad, indican que en la región de Atacama existe un 239,7 %; en el Maule un 220,7 %; y en la de Valparaíso un 185,9 %. Esto conlleva a que, entre otros, el Centro de Detención Preventiva de Tal Tal esté trabajando con un 371,9% y el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó con un 327,7%.

En el listado vemos también cómo algunas cárceles, de gran envergadura, siguen atiborradas de personas, como el caso del Centro de Detención Preventiva de Santiago Sur (ex Penitenciaría) que registra un 252% de uso en su capacidad. Los problemas que genera está sobre ocupación son evidentes y no basta con lavarse las manos, imputándole en ello solo responsabilidad al operador institucional (Gendarmería de Chile) sino que demanda de la autoridad política una disposición a actuar en forma decidida y valiente en esta materia.

Los datos del Servicio Penitenciario chileno son verdaderamente alarmantes. Dan cuenta de una mala gestión del encarcelamiento de personas que no tiene explicación. ¿Cómo podríamos creer que los encargados de la política pública no se han percatado de que al subir las penas, crear nuevos delitos de forma descontrolada, endurecer el régimen penitenciario a través de la restricción al derecho a la libertad condicional y a los beneficios penitenciarios, colapsan las cárceles? ¿De qué forma se puede entender esta fijación enfermiza que se ha instalado por creer que el encierro de las personas genera mayor seguridad ciudadana?

La verdad es que parece una locura. En alguna parte de nuestro devenir como sociedad, instalamos que para tener mayor seguridad debemos tener más cárceles. Pero se está probado que las cárceles son parte del problema. Que no elevan los niveles de seguridad, sino, por el contrario, los agudizan. Incluso para los encarceladores enfermizos, no basta con tener cárceles, estas deben ser gestionadas diligentemente. No es suficiente vociferar que tenemos el control de los penales porque los reclusos no se fugan. Es necesario ir por más. Hacer un esfuerzo verdadero por la mejora de condiciones del internamiento.

Como lo ha resaltado también la Relatora Especial, las autoridades que celebran la apertura de una nueva cárcel, deben al mismo tiempo frenar, de alguna forma, el recurso casi automático a la privación de libertad por vía de la prisión preventiva. Es necesario que se haga un esfuerzo en este sentido. En Chile existe un consenso en este punto que debe movilizar a quienes toman las decisiones. Sobre todo, cuando esta medida cautelar personal se utiliza como una condena anticipada, que no solo se vulneran derechos fundamentales de los investigados penalmente, sino que de paso colapsa las cárceles.

Es prioritario que se vuelva la mirada sobre la gestión carcelaria como una necesidad urgente de la política pública, evitando los egoísmos contingentes y partidistas que en nada aportan a generar una visión de Estado responsable en esta materia.

Luis A. Vergara Cisterna es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Central de Chile. Abogado por la Universidad de La República y magíster en derecho penal por la Universidad de Chile. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en Gendarmería de Chile.

 
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