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viernes, 4 de diciembre de 2020

columnas

El giro conservador de la Corte Suprema de Estados Unidos

Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Donald Trump, es el polo opuesto de su antecesora. Su nombramiento es una jugada política de primer nivel y un eslabón más de la lucha de Trump por cambiar dramáticamente la composición de la Corte Suprema de Justicia y conducirla hacia el conservadurismo.

Mauricio París - 27 octubre, 2020

Corte Suprema de EE.UU.Mauricio París

El abogado Mauricio París.

Tras la muerte de la magistrada Ruth Joan Bader Ginsburg (Brooklyn, Nueva York; 15 de marzo de 1933 – Washington D.C., 18 de septiembre de 2020)​, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se apresuró en nominar a su sucesora. En plena campaña política, propuso a la abogada, jurista y académica Amy Coney Barrett, a quien es posible calificar como la antítesis de su antecesora, al menos en cuanto al progresismo social y sobre todo al feminismo por el que Ginsburg será siempre recordada.

Pese a la oposición de los demócratas en el Senado, que apelaron a una costumbre de no elegir magistrados en año electoral, los republicanos impusieron su mayoría en esa Cámara y aprobaron la designación de Barrett, el 26 de octubre, a una semana de las elecciones presidenciales en ese país.

Esta designación es un eslabón más de la lucha de Trump por cambiar dramáticamente la composición de la Corte Suprema de Justicia y conducirla hacia el conservadurismo. Si no logra ganar las elecciones para un segundo mandato en noviembre, esta podría ser su última nominación. Pero ya se habrá asegurado una mayoría conservadora en el Supremo, al menos hasta que haya una nueva vacante, lo que sucedería por la renuncia o la muerte de otro magistrado.

Ya durante este mandato, Trump logró la nominación de otros dos magistrados: Neil McGill Gorsuch y Brett Michael Kavanaugh, ambos conservadores y religiosos, pero también parte del 25% de los jueces federales activos.

Barrett es una jueza y profesora de la Universidad de Notre Dame. Gracias a la nominación hecha por el propio Trump, fue confirmada por el Senado ante la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, en 2017. Dentro de su experiencia está haber trabajado como law clerk del magistrado Antonin Gregory Scalia, fallecido en 2016. Scalia, uno de los bastiones del conservadurismo en la Corte Suprema, enfrentó duramente las tesis progresistas sobre el aborto o el matrimonio igualitario, que terminaron imponiéndose, gracias a la en ese entonces integración progresista de la Corte.

Barrett es también una ferviente practicante católica, madre de 7 hijos, dos de ellos adoptados en Haití y otro con síndrome de Down. Estudió en un colegio de educación diferenciada sólo para mujeres y pertenece a grupos carismáticos católicos opuestos al control de la natalidad y promotores de que la vida comienza al momento de la concepción. La Universidad de Notre Dame, donde estudió y ejercía como docente, es conocida también por su influencia religiosa. En su primera intervención ante el Senado, compareció con su familia: presentó a cada uno de sus hijos e indicó que son su principal fuente de orgullo.

Para nadie es un secreto que las creencias de los jueces pueden resultar trascendentales en la aplicación de la normativa, sobre todo cuando se habla de la Constitución. De hecho, en su nominación para jueza de apelaciones, fue muy célebre el interrogatorio que le realizó una senadora demócrata, quien cuestionó a Barrett por no poder separar sus creencias religiosas de su trabajo como magistrada. Para la senadora, la religión y el dogma son dos cosas diferentes, pero se ganó críticas y le granjeó a la jueza las simpatías de los conservadores y los pro vida.

Precisamente, sobre estos dos temas es que los republicanos podrían esperar que haya un cambio en las posiciones mayoritarias de la Corte Suprema para los próximos años. En especial, en el tema del aborto, donde el voto de Barrett podría ser fundamental para una revisión de la decisión en el caso Roe vs. Wade, de 1973 y gracias al que el aborto en Estados Unidos está despenalizado.

Cambiar el criterio de la Corte Suprema de ese país no es un asunto sencillo, sin embargo. Precisamente por la incidencia que tienen los precedentes judiciales en el Common Law, el principio stare decisis, es decir el respetar los precedentes sin cambiar lo que ha sido resuelto, resulta la norma. Pero algunos magistrados consideran que es su deber revisar los fallos que han sido resueltos de forma equivocada.

Y al respecto Barrett escribió en 2013: “El deber de un magistrado es hacia la Constitución y por lo tanto es más legítimo que aplique su mejor entendimiento de la Constitución en lugar de un precedente que cree claramente en conflicto con ella”. Otros jueces igualmente conservadores, como el mismo Scalia, no obstante, fueron renuentes en la práctica de entrar a revisar los precedentes en temas polémicos.

Se ve que ésta no es una designación de mero trámite, sino que una jugada política de primer nivel. Con ella, los Republicanos, pero sobre todo los conservadores (diferencia cada día más difícil de percibir en ese partido), pretenden mantener control de la Corte Suprema, aun cuando Trump no logre la reelección.

Este control judicial puede ser crucial, incluso para definir las elecciones, si es que su resultado se judicializa, como sucedió en el año 2000, con el caso Bush vs. Gore. Los demócratas, en tanto, observan con preocupación cómo décadas de jurisprudencia y avance en la agenda progresista pueden verse comprometidas con este giro ideológico.

 

Mauricio París es Latam Regional Manager de la firma Ecija, que tiene oficinas en España, Portugal, Estados Unidos, Panamá, Chile Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México, Ecuador y Brasil.

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