El extraño problema de la tuición ética de la abogacía chilena

En 1981, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, se dictó el Decreto Ley N.º 3621, que modificó la normativa aplicable a los colegios profesionales en Chile, incluido el Colegio de Abogados, al establecer la colegiación voluntaria en reemplazo de la afiliación obligatoria, reforma que se produjo en el contexto de la promulgación de la Constitución de 1980.

El artículo 2 del Decreto Ley consagró que “no podrá ser requisito para el ejercicio de una profesión u oficio, ni para el desempeño de un cargo de cualquier naturaleza que este sea, como para ningún otro efecto, el estar afiliado o pertenecer a un Colegio Profesional o Asociación, o figurar inscrito en los registros que estos mantengan”.

Davor Harasic

Este cambio normativo provocó que el sector jurídico chileno se diferenciara de otros países de la región, como Perú y Brasil, donde la colegiatura sigue siendo obligatoria.

En Chile, al no exigirse la afiliación gremial para ejercer, se fue produciendo en el tiempo una diferenciación entre quienes optaron por integrarse al Colegio de Abogados y quienes decidieron quedarse al margen, siendo estos últimos la mayoría.

Como dato a tener en cuenta, actualmente, en Argentina, a través de un proyecto de reforma laboral enviado al Senado de ese país, el gobierno busca derogar la colegiación obligatoria para profesionales a nivel nacional, salvo que una ley provincial lo exija.

La situación se vuelve especialmente compleja si se considera el sostenido aumento del número de abogados en Chile. Durante el “Tercer Encuentro Anual de Abogadas y Abogados”, en el panel “Regulación ética de la profesión jurídica: ética pública y privada convergente”, Davor Harasic, socio de Harasic/Barros, ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y miembro del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Chile, sostuvo que entre los años 2000 y 2025 se registró un incremento del 102% en la matrícula total de estudiantes de Derecho, la cual pasó de 24.068 a 48.668.

“Este crecimiento no solo se ha producido en las aulas, sino también en el número de abogados que juran ante la Corte Suprema. En el año 2000, fueron 999 los profesionales titulados, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 4.508, lo que implica que se ha cuadruplicado en este período. A ello se suma la proliferación de escuelas de Derecho en la última década, alcanzando actualmente 52 facultades, de las cuales sólo la mitad pertenece al Consejo de Rectores. Y no necesariamente —perdonen la franqueza— todas las que integran dicho consejo imparten una enseñanza de calidad”, afirmó Harasic.

Cristián Maturana

Como consecuencia, se genera una marcada heterogeneidad tanto en la formación como en las oportunidades laborales de los abogados, lo que, sumado a la ausencia de una colegiatura obligatoria, incide —según el académico— en el comportamiento ético dentro del ejercicio profesional.

En los últimos años se han conocido en diversos casos difundidos por la prensa, en los que abogados, jueces y otros funcionarios del sistema judicial chileno —de universidades tradicionales y menos conocidas— han incurrido en conductas irregulares.

Frente a este escenario, Harasic identificó como uno de los principales problemas el hecho de que muchos abogados opten por no inscribirse en el Colegio, con el fin de sustraerse de su jurisdicción disciplinaria y así actuar sin mayores controles. Incluso hay quienes han renunciado a la colegiatura.

A ello se suman deficiencias normativas en la regulación ética de la profesión, entre las que destacan la superposición del Código de Ética de 1948 —establecido como ley de la República— y el del Código nuevo, de 2011, sin rango legal.

Asimismo, existen 4 procedimientos distintos para juzgar éticamente a un abogado: uno ante los tribunales éticos independientes que creó el Colegio de Abogados de Chile, bajo las normas del nuevo código; otro, ante los tribunales ordinarios, en que la Corte Suprema de ese país ha afirmado que puede aplicarse uno u otro cuerpo normativo, en distintas ocasiones; un tercero, tramitado conforme al Código de Procedimiento Civil; y, finalmente, aquellos regulados por los códigos de ética de colegios profesionales regionales, que no tienen los medios para contar con paneles independientes.

“Esto no puede continuar. Personalmente, soy partidario de que quienes no estén colegiados deban, en materia ética, quedar sujetos al colegio de su región. Se argumenta que nadie puede ser obligado a vincularse a una asociación profesional; sin embargo, si se procede de esta forma, los colegios de abogados dejan de ser meras instituciones privadas y pasan a cumplir una función pública, sin que ello implique una vulneración a la libertad”, concluyó Harasic.

«Contar con abogados influyentes marca una diferencia decisiva»

En la apertura del Encuentro Anual 2025, Jaime Gajardo, ministro de Justicia de Chile, afirmó que las controversias protagonizadas por funcionarios judiciales y abogados en ejercicio han deteriorado la confianza ciudadana en el sistema judicial chileno.

En ese contexto, indicó que el Ministerio Público registra un 17% de aprobación, mientras que los tribunales de justicia alcanzan solo un 16%. “De acuerdo con la encuesta ICSO-UDP 2025, el 84% de los consultados considera que el dinero y los contactos influyen en el resultado de una sentencia; el 80% estima que contar con abogados influyentes marca una diferencia decisiva; el 73% cree que el sistema aplica criterios distintos para juzgar a personas ricas y pobres; y un 75% sostiene que la justicia no es equitativa para todos”, detalló.

Por su parte, Jorge Grunberg, Fiscal Nacional Económico, advirtió que entre las conductas cuestionables —tanto ilícitas como éticamente reprochables— en las que incurren algunos abogados se observa la publicación de columnas de opinión en la prensa criticando decisiones e investigaciones judiciales, así como la participación en comisiones encargadas de redactar proyectos de ley, sin transparentar que representan o asesoran a clientes directamente interesados en el resultado de dichas indagatorias o en iniciativas legislativas que afectan a determinadas empresas.

En algunos casos, añadió, esos vínculos constan en antecedentes de público conocimiento, lo que termina por erosionar la confianza y el respeto hacia la profesión jurídica.

Grunberg agregó que, en el ámbito de las investigaciones penales tributarias y de libre competencia, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema han debido imponer sanciones debido a la falta injustificada de respuesta a requerimientos de información, así como por la entrega de antecedentes falsos al momento de notificar operaciones de concentración.

“Nos parece que los abogados cumplen un rol clave al advertir e insistir a sus clientes sobre la obligación de colaborar con la autoridad y proporcionar la información solicitada, conforme a la Ley 20.945, de manera fidedigna, completa y oportuna, ya que situaciones de este tipo atentan gravemente contra la buena fe que debe regir la relación entre los investigados y el organismo fiscalizador”, sostuvo.

Por su parte, Cristián Maturana, profesor de la Universidad de Chile y ex integrante del Consejo del Colegio de Abogados, quien participó en la elaboración del Reglamento del Colegio y del Reglamento de tramitación de reclamos éticos, afirmó durante el encuentro que, si bien los colegios están orientados a proteger a sus miembros —mediante herramientas como el amparo profesional—, también cumplen una función pública al resguardar a los clientes frente a malas prácticas.

“Existe una conciliación relevante entre lo público y lo privado. La incorporación a una asociación gremial es una decisión individual y eso nadie lo cuestiona, pero velar por la ética profesional y por el ejercicio adecuado de una profesión es una responsabilidad pública, porque la abogacía cumple un rol social», dijo, añadiendo que si el sector legal no cuenta con una ética desarrollada, no sólo en lo laboral, sino también con una cultura cívica respecto de cómo actuar como ciudadanos, «esta primera barrera se debilita”.

Desde Medicina

En la misma línea, Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico de Chile, señaló durante el panel “Ética profesional en las profesiones liberales: hacia una necesaria nueva mirada” que el quiebre ético no se limita al ámbito jurídico, sino que ha afectado a diversas áreas profesionales y recordó que funcionarios del sector de la salud han sido cuestionados en el país por la emisión de licencias médicas falsas, situación que ha generado controversias a nivel nacional.

“Cuando estudié medicina tuve muy pocas clases sobre licencias médicas. La mayoría de los colegas de mi generación y de mayor edad aprendió a emitirlas durante la práctica. Recibimos escasa formación en gestión, muy poca en ética y casi nada respecto del estatuto administrativo o del comportamiento esperado de un funcionario público», dijo.

«Nuestras profesiones implican un deber de compromiso que se expresa incluso en espacios cotidianos, como un supermercado o una farmacia a las 7 de la tarde. Se espera que uno de los nuestros actúe como profesional, incluso fuera de su horario laboral, y si además somos funcionarios públicos, esa exigencia es aun mayor”, añadió Arriagada.

Para esta médico, el principal problema radica en que la falta de estándares éticos al interior de las instituciones termina afectando también a los estudiantes que egresan con mallas curriculares más modernas y una formación valórica fortalecida, pero que luego se enfrentan a una realidad laboral en la que lo aprendido en las facultades no siempre se condice con las prácticas del ejercicio cotidiano.

“La colegiatura obligatoria no es un fin”

En octubre de 2025, los presidentes de los principales colegios profesionales del país se reunieron con el Ministro del Interior para presentar una propuesta de reforma constitucional que busca restablecer el control ético sobre el ejercicio de las profesiones en Chile, atribución que se perdió con los cambios normativos introducidos en 1980.

Durante el “Tercer Encuentro Anual de Abogadas y Abogados”, Anamaría Arriagada explicó que la iniciativa busca someter a todos los profesionales a un mismo estándar de control ético, con independencia de su afiliación gremial. “Hoy, la forma de resolver una controversia generada por un profesional es que un juez pueda retirarle el título, generalmente como una pena accesoria y en el marco de un proceso particularmente grave. Existe una necesidad evidente de contar con una institucionalidad ética capaz de determinar si un médico es o no responsable de un acto y si puede continuar ejerciendo. Esa facultad, actualmente, no puede radicar en ningún colegio”, sostuvo.

Mariluz Lozano, presidenta del Colegio de Cirujanas y Cirujanos Dentistas, coincidió con Arriagada respecto de la importancia de asegurar la independencia de eventuales tribunales éticos: “La propuesta apunta a un sistema único de control ético profesional. Estas instancias no deben ser exclusivas de los colegios y deben contar con autonomía plena. Si logramos impulsar esta reforma, será fundamental garantizar un modelo igualitario y transversal desde su base. No podemos permitir diferencias entre organizaciones gremiales, cualquiera sea la disciplina, ya que hoy cada entidad tramita las denuncias éticas bajo procedimientos distintos”.

Por su parte, Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados de Chile, enfatizó que la solución debe ser impulsada desde las propias profesiones y no quedar únicamente en manos del legislador.

“No puede concebirse un sistema sin la participación de pares en estas futuras instituciones. No es razonable delegar toda la responsabilidad en un juez que, en el mismo escritorio, debe resolver conflictos previsionales, contractuales o societarios. Los juzgadores deben provenir de la academia y de los colegios profesionales, que están en condiciones de ofrecer un asesoramiento integral. Lo relevante es crear un tribunal especializado, adaptado a las particularidades de cada ejercicio; si se evalúa éticamente a un médico, debe haber otro médico presente”, planteó.

Hernán de Solminihac, presidente del Colegio de Ingenieros, sostuvo que una parte fundamental de la solución se encuentra en las universidades y en la responsabilidad docente de utilizar la formación profesional para transmitir a los estudiantes la relevancia del buen comportamiento en el ejercicio laboral.

“La primera prevención debe buscarse antes de que ocurra el daño. En ingeniería, al menos según mi experiencia, se requieren cursos específicos de ética y, además, que en cada asignatura los profesores den el ejemplo, porque en ocasiones también incurrimos en conductas que no son éticas”, señaló.

Finalmente, Cristián Maturana advirtió que la colegiatura obligatoria no constituye un fin en sí mismo, sino una herramienta posible dentro de un sistema más amplio. “Lo que realmente necesitamos es un control ético obligatorio, uniforme, igualitario y eficaz. Hoy, la sanción más severa que puede aplicar un colegio es la expulsión de un abogado de la asociación, pero éste igualmente puede continuar ejerciendo, lo que demuestra su ineficacia. No podemos seguir enfrentando este problema con medidas simbólicas; es necesario asumirlo con seriedad y adoptar soluciones reales”, concluyó.

 
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