El día del abogado en peligro se va a Colombia

Ciudad de Madrid. Es el 24 de enero de 1977, el franquismo había terminado en España hace 2 años y el país se encontraba en un periodo de transición democrática. Un despacho de abogados laboralista de Comisiones Obreras (CC.OO.) se encontraba operando en el número 55 de la calle de Atocha, cuando súbitamente un grupo terrorista penetró en el edificio y abrió fuego a quienes se encontraban presentes, matando a tres abogados —Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo—, al estudiante de Derecho Serafín Holgado y al sindicalista Ángel Rodríguez Leal.

El hecho pasaría a ser conocido como la Matanza de Atocha, marcando la España post-franquista y que la Foundation The Day of the Endangered Lawyer usó como base para convertir todos los 24 de enero en el Día del abogado en peligro, el cual celebrará su duodécima edición en unos días más.

Créditos: Foundation The Day of the Endangered Lawyer

Cada año la fundación elige un país donde la vida de los abogados peligra para concientizar al público sobre las amenazas con las que deben lidiar. Algunos países donde se ha puesto el foco son Irán, Filipinas, Honduras, Egipto, Turquía, China, Pakistán y Azerbaiyán. Este 2022 el turno es para los abogados de Colombia por segunda vez, tras 2014.

El Observatoire International des Avocats en Danger (OIAD), organización que busca defender a los abogados amenazados en el ejercicio de su profesión y denunciar situaciones que vulneren sus derechos a nivel mundial, estrenó junto con la fundación un reporte que entrega datos sobre la situación que los profesionales de la justicia sufren en Colombia.

El informe hace un recuento histórico de la violencia sufrida por abogados en ese país, producto del contexto de enfrentamiento armado entre las fuerzas armadas colombianas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los carteles de drogas. Desde 1989 a 2019, 1.340 abogados, jueces y fiscales han sufrido algún tipo de violencia en su contra, y de enero 2019 a abril de 2021 los abogados han sufrido 6 homicidios, 26 amenazas, 12 ataques, 3 procesos injustificados, 6 desplazamientos forzados, un exilio y un acto de violación sexual.

2016: cerca de 100 abogados asesinados en el mundo

Tal situación ocurre especialmente con abogados de derechos humanos. De acuerdo al informe, entre 2019 y 2020 varias organizaciones de derechos humanos que daban asistencia legal al gobierno fueron víctimas de operaciones de vigilancias realizadas por las agencias de inteligencia colombianas.

«Colombia no ha impedido, ni investigado, ni perseguido adecuadamente las agresiones y amenazas contra los abogados implicados en casos de derechos humanos. Algunos abogados destacan que no se ha avanzado en las investigaciones penales o disciplinarias llevadas a cabo por los organismos competentes e iniciadas a raíz de las denuncias», denuncia el informe.

El reporte también destaca la falta de una organización nacional que promueva y proteja la independencia de los abogados. Colombia no posee un Colegio de Abogados nacional, lo que el reporte denuncia como grave. «Los colegios de abogados son instituciones clave que garantizan un marco adecuado para el desarrollo de la profesión de abogado. Por lo tanto, la falta de un Colegio de Abogados o de una sociedad jurídica dificulta la representación colectiva de los intereses de los abogados a nivel local y nacional».

Ante esta situación, el informe da una serie de recomendaciones para lidiar con estos problemas, como que el gobierno de Colombia realice investigaciones imparciales e independientes para conseguir enjuiciar a los autores de crímenes contra abogados de derechos humanos: «El Estado colombiano deberá considerar la creación de una institución profesional autónoma y regulada que promueva y proteja la independencia de los abogados y represente los intereses de la abogacía en Colombia».

Finalmente, el reporte recomienda que la solución no solo se enfoque en el gobierno colombiano y que también se inste a la Unión Europea y otras organizaciones internacionales a que utilicen sus relaciones con Colombia para pedir la protección de los abogados, todo de acuerdo con las obligaciones internacionales del país sudamericano.

 
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