El desafío de transformar la ética empresarial en ventaja competitiva

Hace unos meses comenzó a regir la Ley de Delitos Económicos en Chile, marcando un punto de inflexión en el ámbito de la ética empresarial al ampliar significativamente la responsabilidad penal de las empresas. Con esta nueva normativa, más de 200 delitos económicos y ambientales pueden ser imputados a personas jurídicas, lo que supone un llamado urgente a replantear cómo se gestionan los riesgos legales en las organizaciones. Este avance no solo busca establecer mayores controles, sino también promover una cultura de transparencia y prevención que contribuya al fortalecimiento de nuestro tejido empresarial y social.

Carolina Álvarez

Desde el año 2009, Chile cuenta con una Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, que desarrolló por primera vez la posibilidad de responsabilizar a las empresas por delitos cometidos por sus empleados. En ese entonces, los delitos contemplados se limitaban al cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, con la entrada en vigencia de esta nueva ley, el espectro de responsabilidades se amplía notablemente. Ya no se trata de un enfoque limitado a ciertos delitos graves, sino de la incorporación de prácticamente todos los ilícitos tipificados en el código penal bajo la órbita de la responsabilidad empresarial. Esto obliga a las empresas a asumir un rol activo en la implementación de medidas de prevención.

El cumplimiento, entendido como el conjunto de políticas, procesos y controles internos destinados a cumplir con la normativa y prevención de delitos, se posiciona hoy más que nunca como una herramienta esencial. No se trata solo de cumplir con las leyes, sino de cómo se implementan esas reglas en la práctica cotidiana de las empresas. Un programa efectivo de cumplimiento actúa como un rayado de cancha, definiendo los límites de acción y estableciendo mecanismos claros para detectar y abordar riesgos. La clave radica en generar una cultura organizacional donde hacer las cosas bien sea el estándar, y no la excepción.

A pesar de la importancia de esta normativa, su implementación no estuvo exenta de polémica. En los primeros meses, tras su aprobación, una suerte de “campaña del terror” generó preocupación en el sector empresarial. Se instaló la idea de que todas las empresas serían culpables de cualquier irregularidad y que sus directivos quedarían automáticamente en la mira de la justicia. Este enfoque alarmista no solo fue equivocado, sino también perjudicial, ya que desvió la atención de lo verdaderamente relevante: la oportunidad de construir organizaciones más sólidas, confiables y transparentes.

La nueva ley también obliga a reflexionar sobre el papel del sector privado en la lucha contra la corrupción. Tradicionalmente, se ha asociado este problema al ámbito público, ignorando que muchas veces las prácticas corruptas requieren de un actor privado para materializarse. Las empresas tienen un rol central en este desafío, no solo mediante la implementación de programas internos de cumplimiento, sino también asegurándose de que sus socios, proveedores y otros terceros cumplan con los mismos estándares éticos y legales. La normativa refuerza esta idea al establecer que las compañías sean responsables por las acciones de los terceros con los que trabajan, lo que exige extender las buenas prácticas a toda la cadena de valor.

Otro aspecto fundamental de la ley es su contribución a la certeza jurídica, un elemento esencial para atraer y mantener inversiones en el país. Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, buscan operar en entornos predecibles, con reglas claras y un marco regulatorio sólido que proteja sus intereses. La existencia de una ley que promueve la transparencia y sanciona las malas prácticas es un paso clave en esa dirección. Sin embargo, resulta preocupante que incluso después de más de una década desde la introducción de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, incluso haya empresas que no cuenten con controles básicos para prevenir delitos como el cohecho. Este tipo de negligencias no solo representa un riesgo legal, sino también un obstáculo para construir un entorno empresarial competitivo.

Es importante enfatizar que esta normativa no tiene como objetivo principal la sanción, sino la prevención. Si bien contempla multas y otras medidas punitivas para quienes infringen la ley, su verdadero propósito es fomentar un cambio cultural dentro de las organizaciones. Al establecer un marco claro de responsabilidades, se busca incentivar a las empresas a adoptar medidas proactivas que les permitan identificar y mitigar los riesgos antes de que estos se materialicen. En ese sentido, esta ley no debe interpretarse como una amenaza, sino como una herramienta para fortalecer la gobernanza corporativa y proteger a las empresas de posibles riesgos.

La Ley de Delitos Económicos representa un desafío y una oportunidad para el sector privado en Chile. La adopción de programas de cumplimiento efectivo, que vayan más allá de lo meramente formal, no solo ayudará a prevenir delitos, sino también a construir un entorno empresarial más confiable y sostenible. Las empresas que lideren este cambio no solo estarán cumpliendo con la ley, sino que también contribuirán al desarrollo de un país más transparente y justo. En un contexto global donde la ética y la sostenibilidad son cada vez más valoradas, la implementación de estas prácticas no es solo una obligación legal, sino una ventaja competitiva. Este es el momento de actuar y demostrar que en Chile las cosas se pueden hacer bien.

 
Carolina Álvarez es asociada senior de Admiral Compliance y cuenta con un Effective Compliance Programs del University of Pennsylvania.

 
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