El desafío de reconstruir la ética y la confianza

Durante mucho tiempo, Chile ha sido considerado un ejemplo de estabilidad y baja corrupción en América Latina. Sin embargo, en los últimos años, la confianza en las instituciones y la percepción de integridad han sufrido un profundo deterioro. Casos de corrupción en el financiamiento de la política, colusión en sectores clave de la economía y escándalos recientes que involucran a autoridades públicas y privadas han dañado gravemente la credibilidad del sistema. Por ello, es crucial preguntarse: ¿qué impulsa a una persona a cometer estos actos? ¿Qué vacíos sociales y éticos nos hacen vulnerables a la corrupción?

Carolina Álvarez

El delito no surge de la nada. Quienes incurren en actos ilícitos, como la corrupción o el fraude, no siempre empiezan con la intención de dañar el sistema; en muchos casos, son el resultado de diversos factores personales y sociales que los llevan a transgredir las normas. Uno de los factores más relevantes es la falta de valores sólidos y formación ética. Cuando la educación y el entorno no promueven principios como la integridad y la responsabilidad, las personas crecen sin una brújula moral clara. En muchas organizaciones, la ética se considera un asunto secundario, lo que facilita la normalización de comportamientos cuestionables que se ven como faltas menores o justificables.

La presión social también influye en este comportamiento. Vivimos en una sociedad que valora el éxito material y la rapidez en alcanzar metas por encima de la integridad. Esto genera un entorno en el que las personas se sienten obligadas a obtener resultados a cualquier costo, lo que fomenta la justificación de actos indebidos con frases como "todos lo hacen" o "es la única manera de avanzar".

Por último, la falta de rendición de cuentas y la sensación de impunidad juegan un papel crucial. Cuando los sistemas de supervisión no funcionan correctamente o quienes infringen las normas no enfrentan sanciones significativas, se envía un mensaje claro: violar la ley no tiene consecuencias reales. Esto refuerza la percepción de que la corrupción es una opción viable.

Las personas se mueven por sus deseos y ambiciones. Aquellos que cometen delitos relacionados con la corrupción no suelen actuar con la intención inicial de hacer daño. En ciertos momentos, ven en la transgresión una oportunidad para satisfacer necesidades o aspiraciones personales. La ambición desmedida es una motivación común. El deseo de poder, estatus o éxito económico puede convertirse en una fuerza destructiva cuando no se equilibra con principios éticos. En la búsqueda de ascensos rápidos o beneficios personales, muchos optan por caminos más cortos, aunque ilegales. Esto se acompaña de una racionalización de sus actos: justifican sus decisiones diciendo que lo hacen por su familia, para mantener su empleo o asegurar su futuro, lo que les permite distanciarse de las implicancias morales de sus acciones.

Los delitos que erosionan la ética y la confianza en nuestro país no son solo producto de individuos con fallas morales, sino de una sociedad que ha permitido la normalización de comportamientos poco éticos. Hemos sido testigos de la glorificación del éxito material, mientras subestimamos el valor de la integridad y la transparencia. Empresas, instituciones públicas y el sistema educativo han fallado en promover consistentemente los principios éticos y en garantizar que las acciones individuales tengan consecuencias.

Aunque es fácil culpar a los individuos, es crucial reconocer que las conductas corruptas y los delitos económicos reflejan un entorno que favorece la impunidad y donde la ética ha quedado relegada. Como sociedad, debemos replantearnos cómo educamos a las nuevas generaciones, formamos a nuestros líderes y estructuramos los sistemas de rendición de cuentas.

El cambio cultural que Chile necesita para combatir la corrupción no se logrará únicamente con leyes más estrictas o programas de compliance. Si bien son componentes importantes, el verdadero cambio vendrá cuando se transformen los valores fundamentales que guían el comportamiento de las personas y las instituciones.

Primero, es crucial promover una educación en valores desde la infancia. La enseñanza de la ética debe ser un pilar en las instituciones educativas y en el entorno laboral, integrando conocimientos técnicos y reflexión sobre la importancia de actuar con integridad. También se debe promover el liderazgo ético. Las organizaciones, tanto públicas como privadas, deben asegurar que sus líderes actúen como modelos a seguir, demostrando que el éxito puede coexistir con la transparencia y la responsabilidad. Este tipo de liderazgo es esencial para cultivar una cultura que valore y promueva comportamientos correctos.

Finalmente, se debe fortalecer la rendición de cuentas. La impunidad perpetúa la corrupción; por lo tanto, es esencial implementar sistemas de supervisión efectivos, crear canales seguros para denunciar irregularidades y proteger a quienes lo hagan. Las sanciones deben ser claras, justas y aplicadas sin distinción para recuperar la confianza en las instituciones. Chile tiene la oportunidad de reconstruir su confianza interna y externa, pero esto requerirá un esfuerzo conjunto que involucre a toda la sociedad en un cambio cultural donde la ética y la integridad sean pilares fundamentales para el futuro.

 
Carolina Álvarez es asociada senior de Admiral Compliance y cuenta con un Effective Compliance Programs del University of Pennsylvania.

 
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