El auge del Third Party Funding en Latinoamérica

En América Latina, una transformación discreta pero poderosa está en marcha en el mundo jurídico. El Third Party Funding (TPF), una práctica que revolucionó los sistemas legales anglosajones, comienza a abrirse camino en la región. Este modelo disruptivo promete nivelar el terreno para litigantes con casos legítimos pero sin recursos, atrayendo la atención de empresas y sectores estratégicos.

Emma Fischer

El TPF no solo es un motor de acceso a la justicia, sino una herramienta de democratización que impulsa disputas legítimas en sectores clave como infraestructura y energía. Su impacto va más allá de lo económico, desafiando barreras legales y promoviendo un cambio profundo en los sistemas judiciales.

El TPF consiste en la financiación de litigios por un tercero que asume los costos del caso. Solo si el resultado es favorable, recupera un porcentaje de las ganancias. Este modelo garantiza que quienes enfrentan disputas accedan a un plano de mayor igualdad, evitando que el capital sea un impedimento en el acceso a la justicia.

Originado en sistemas anglosajones como los de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, el TPF surgió para abordar los altos costos de litigios comerciales. En Reino Unido, por ejemplo, superó barreras legales como la doctrina de champerty, cuya abolición en 1967 marcó un hito en su aceptación global. Desde entonces, se ha consolidado en arbitrajes comerciales y class actions en mercados con demandas complejas y elevados costos legales.

En la región, el TPF encuentra un entorno propicio gracias a la internacionalización del comercio, el crecimiento de las inversiones extranjeras y la complejidad de los arbitrajes internacionales. Sectores como infraestructura, energía renovable, minería y telecomunicaciones destacan como áreas de impacto transformador. El Third Party Funding no solo democratiza el acceso a la justicia, sino que equilibra las asimetrías económicas en disputas legítimas, marcando un hito en Latinoamérica.

Sin embargo, desafíos como la duración de litigios, las variaciones legales entre jurisdicciones, el desconocimiento del modelo y problemas estructurales como la corrupción requieren una adaptación estratégica para garantizar su éxito.

El TPF plantea varios desafíos en términos de regulación y aceptación legal en América Latina. Los marcos regulatorios varían significativamente entre países. Brasil, por ejemplo, ha comenzado a reconocer el TPF en sus normas legales y en aquellas relacionadas con arbitrajes, mientras que otros países enfrentan incertidumbres jurídicas sobre su aplicabilidad.

Entre los principales retos regulatorios está la preocupación por los conflictos de interés. Que un tercero con interés económico en el resultado de un caso pueda influir en el desarrollo del litigio o arbitraje genera debate. Esto ha llevado a algunos países a considerar restricciones adicionales. Además, la falta de transparencia en los acuerdos de financiación y los porcentajes reclamados por los financiadores son temas recurrentes.

Para mitigar estos riesgos, varios países están buscando establecer reglas claras sobre la transparencia en los acuerdos y límites en los porcentajes de recuperación. En este sentido, los marcos legales internacionales, como las normas de arbitraje y legislación en Europa, ofrecen ejemplos útiles para regular el TPF en Latinoamérica. La región está explorando cómo encontrar un equilibrio entre facilitar el acceso a la justicia y proteger a las partes involucradas de posibles abusos.

Más allá de ser un modelo financiero, el TPF representa un cambio paradigmático en el acceso a la justicia. Al permitir que disputas legítimas sean llevadas ante la ley, elimina barreras económicas y da voz a intereses tanto corporativos como personales. En este sentido, Latinoamérica tiene la oportunidad de liderar un nuevo capítulo en la evolución de la justicia global.

El Third Party Funding plantea una disrupción sin precedentes en los sistemas legales de Latinoamérica, ofreciendo la posibilidad de repensar no solo cómo se financian las disputas, sino también cómo se concibe el acceso a la justicia. Su impacto no se limita a resolver casos puntuales; también desafía a la región a reconfigurar sus marcos regulatorios y jurídicos para adaptarse a este modelo innovador.
En este escenario, la clave estará en cómo se gestiona esta herramienta: ¿será vista como un recurso temporal para resolver conflictos o como un catalizador permanente de un sistema más inclusivo y equitativo?

Latinoamérica tiene ante sí un horizonte lleno de oportunidades, pero su capacidad para aprovecharlas dependerá de la colaboración entre legisladores, abogados y financiadores para establecer un equilibrio entre innovación, regulación y transparencia. El TPF ya no es solo una promesa; es una realidad en crecimiento que puede redefinir la justicia como la conocemos. El verdadero reto será no solo implementarlo, sino hacerlo de manera que beneficie a todas las partes y que sirva como modelo para otras regiones en el futuro.

 
Emma Fischer es abogada egresada de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile, con experiencia en litigios y arbitrajes. Fue asociada en Garrigues y ahora es Legal Analyst en Qanlex.
 

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